Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), remitió un segundo informe a la Fiscalía hondureña sobre el pago irregular de asesorías legales por un monto de 16.7 millones de lempiras en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp).
La magistrada del TSC, Daysi de Anchecta, manifestó que existen dos informes remitidos por la Dirección de Protección Ciudadana sobre actos de corrupción en el Injupemp ante el Ministerio Público.
Señaló que la empresa DiazGar S de R.L (empresa que brindaba servicio de asesoría legal), no está inscrita en la Cámara de Industria y Comercio, ni en la Comisión Nacional de Banca y Seguros, por lo que la contratación de la asesoría legal al ente de previsión es un acto irregular.
Indicó que la contratación de la asesoría legal se realizó en 2006, “el problema es que se han estado contratando abogados para una misma causa, en la cual el profesional del derecho devengaba por honorarios profesionales”, detalló.
A juicio de Anchecta, no tiene sentido contratar servicios de asesoría legal, porque la institución de previsión ya cuenta con su propia oficina legal.
“Esto es improcedente porque se está pagando a un cuerpo de asesores que cobraron el 12 por ciento sobre 90 millones de lempiras de honorarios profesionales”, comentó.
Detalló que en este caso también se considera como un proceso penal porque se incumplieron disposiciones presupuestarias, así como ciertos procedimientos legales.
Asimismo, se pasaron fondos de un lugar a otro para poder pagar a los asesores legales.
En marzo pasado, el TSC presentó un primer informe confirmando la compra ilegal de bonos del Estado a la UNAH, que produjo un daño patrimonial al Injupemp por 5.4 millones de lempiras en el pago de comisiones irregulares a empresas “fantasmas”.
Por este hecho, guarda prisión en la Penitenciaría Nacional, el ex gerente financiero del Injupemp, Carlos Humberto Zúniga. También existe una orden de captura internacional contra César Antonio Díaz García, representante legal de DiazGar S. de RL, quien será extraditado de España en las próximas semanas.
La Fiscalía ha abierto 14 líneas de investigación en el Injupemp, que incluyen el pago irregular de asesorías legales, compra de regalos para los directivos, transacciones de terrenos e inversiones en proyectos habitacionales, contratación de personal supernumerario, despilfarro en supuestas ayudas humanitarias y millonarios pagos de publicidad, entre otras.
