Tegucigalpa – El inicio de procesos investigativos a 43 agentes policiales ha revivido en Honduras las contradicciones sobre el proceso de depuración policial, una tarea que no convence a muchos, pero que las máximas autoridades del cuerpo del orden aseguran camina como se planificó desde un principio.
– El 50 por ciento de los miembros de la Carrera Policial han sido sometidos a los instrumentos de confianza.
– En el TSC duermen 17 expedientes de oficiales investigados por presunto enriquecimiento ilícito y que suma los 240 millones de lempiras.
El proceso de depuración policial se emprendió hace cerca de tres años, tras desnudarse a finales de 2011 la existencia de bandas criminales que operaban desde el interior de la Policía, luego del asesinato de dos estudiantes universitarios, un hecho que sacudió la conciencia colectiva y que generó la ruptura del silencio entre una población que empezó a denunciar.
Desde entonces el proceso ha caminado salvando escollos y enfrentado dificultades.
A retazos se han conocido denuncias sobre los llamados carteles como el de la Granja o el de Belén, organizaciones que han operado desde el interior de la propia institución, pero en las cuales se han tomado acciones. Otros agentes de alto rango han sido denunciados por enriquecimiento ilícito y otros tantos más por diversas acciones fuera de la ley.
El director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, ha reiterado que un mil 400 agentes han salido de la institución en los últimos años, una situación que, según él, refleja el compromiso por depurar este órgano de seguridad del Estado.
En las últimas horas, 43 efectivos policiales han sido convocados al Cuartel de Casamata, ubicado en la capital hondureña, para seguirles un trámite disciplinario del cual no se han pormenorizado detalles.
“En base a ley hemos despachado a mil 400 personas (agentes), además hay más de 200 que están siendo investigados. Esta es la única institución depurada, ¿cuál otra?”, dijo Sabillón.
El jerarca policial abrió los expedientes de la Policía Nacional para que verifiquen la cantidad de miembros que han salido de la institución con sus respectivos nombres y apellidos.
“En la Policía la depuración fue, es y será en el tiempo porque estamos siendo sometidos al foro público que es la ciudadanía. Nadie habla de los más de los 20 policías muertos sólo este año y los otros cien que han salido heridos, nos critican y denuncian, pero nadie aporta las pruebas”, expresó el jefe policial.
Datos del proceso de certificación
De su lado, el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, calificó la depuración como un proceso constante que da los resultados previstos.
Mencionó que al 31 de este agosto se han efectuado mecanismos de evaluación de confianza a cinco mil 903 policías, lo que representa el 50 por ciento del total de efectivos.
La fuerza policial está constituida por 12 mil 409 miembros, de los que 959 son oficiales, 10 mil 594 elementos de las escalas operativas y básicas.
Otro dato a considerar es que en los niveles I, II y III que corresponden a la escala superior, se han sometido a las pruebas de confianza el 89 por ciento, que andan arriba de los 850 oficiales.
Mientras en las escalas básicas se han evaluado cuatro mil 880 agentes, hay un restante de cinco mil 400 policías sin haber practicado los instrumentos de confianza.
El funcionario reveló que desde que la DIECP comenzó operaciones se han practicado 11 mil 801 pruebas de confianza a cinco mil 903 miembros de la carrera policial.
La DIECP ha emitido resoluciones sobre 595 expedientes que se han practicado con sus respectivas audiencias de descargo, resultando en muchos de estos casos con responsabilidades administrativas.
El TSC tiene 17 expedientes
por enriquecimiento ilícito
Villanueva recordó que en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hay 17 expedientes de policías que reflejan incongruencias arriba de los 240 millones de lempiras.
“Se trata de 17 elementos de la Policía que hemos investigado de manera patrimonial y que incluye a su entorno familiar para poder sustentar esas incongruencias”, aseveró.
El funcionario refirió que el TSC es el órgano constitucional que investiga el delito de enriquecimiento ilícito. “Ahí tienen todos los elementos que hemos aportado para la calificación si hay enriquecimiento ilícito. Hemos encontrado incongruencias entre los ingresos de los investigados y el patrimonio que poseen”, señaló.
Los mencionados 17 expedientes, algunos fueron remitidos al TSC desde 2013 y los restantes durante el presente año. Estos se refieren a oficiales de las escalas I, II y II, ciertos de ellos ya retirados de la Policía Nacional.
Comisión de Reforma nunca certificó
el trabajo de la DIECP
El analista Matías Funes, recordó que cuando fue miembro de la desaparecida Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), hizo un cálculo sobre el tiempo que duraría la depuración policial de acuerdo a los procedimientos utilizados para tal fin. “Hicimos el cálculo que nos resultó que a ese ritmo tardarían 100 años en depurarse la Policía Nacional”.
Señaló que siempre insistió que la depuración, en el cuerpo del orden, debió seguirse bajo tres parámetros: desde arriba hacia abajo, es decir, desde altos oficiales a miembros de la escala básica; hacerlo bajo un proceso transparente dándole a conocer a la ciudadanía lo que se estaba haciendo; y finalmente llevarlo a cabo de forma rápida.
“He escuchado a los que comandan este proceso de depuración que se ha acelerado el mismo, pero eso habría que verlo. Le recuerdo a la ciudadanía que como Comisión de Reforma nunca certificamos el trabajo de la Dirección de la Carrera Policial y no lo hicimos porque no nos satisfizo ese trabajo”, citó Funes.
El académico lamentó que sigan saliendo numerosos policías involucrados en actos delictivos y nombró el caso de la posta de La Granja que se habló de cerrarla desde que se produjo el crimen contra los dos jóvenes universitarios en octubre de 2011, sin embargo no se hizo nada al respecto y malos agentes continuaron operando desde ese recinto policial.
“Este caso de la posta de La Granja son indicios que la depuración no ha andado como debería, por otro lado nos preguntamos qué hacen con esos policías que son despedidos por actos delictivos, son informaciones que no se conocen y esto tiene que ver con falta de transparencia en este proceso”, arguyó el investigador.
Enfatizó que si se pretende reformar la Policía tiene que haber un requisito previo que es la depuración.
Oficiales sacados de la Policía
deben ser enjuiciados
El representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, abogó por entablar juicios contra los altos oficiales y todo tipo de agentes que salieron de la Policía Nacional por actos delictivos.
Sin embargo, reconoció que el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, les confió que el 12 por ciento de los altos oficiales que existía ya fueron sacados de la Policía Nacional.
“Nosotros esperaríamos que estos oficiales tuvieran un proceso judicial abierto y que sean sometidos a la justicia. A la mayor parte de estos funcionarios se les han seguido investigaciones por enriquecimiento ilícito y esperaríamos que el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público procedieran en contra de ellos”, demandó el representante de Sociedad Civil.
Insistió que los entes contralores del Estados deben proceder bajo investigaciones rigurosas en el marco de expedientes que están en poder del alto mando de la Policía, la agencia de depuración en el tribunal contralor.
