Tegucigalpa – La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa de Lourdes Paz Haslam, afirmó que se está agilizando el proceso de extradición a Estados Unidos del hondureño Juving Alexander Suazo Peralta, reclamado por la justicia de ese país por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Indicó que Suazo Peralta ya tuvo una primera audiencia y la defensa del imputado, presentó escritos solicitando que se haga una pronta extradición arguyendo problemas de salud y esa solicitud ya se mandó a Estados Unidos donde ya fue aceptada.
Explicó que el tiempo para la siguiente audiencia se puede acortar porque la defensa no va a presentar pruebas y este es un proceso especial que significa que se juzga si la persona es inocente o culpable de lo que se le está imputando en la solicitud de extradición, sino que lo único que se revisa es si se cumplen o no, los requisitos de la solicitud de extradición a la luz de las disposiciones constitucionales de Honduras como del tratado de extradición que existe entre el país y Estados Unidos.
“Es un proceso prácticamente administrativo, si ellos no van a presentar alguna prueba para rebatir que no se cumple alguno de los requisitos sino que lo que quieren es que haya una pronta resolución para extraditarlo, entiendo que eso va a acortar más el tiempo”, añadió.
Indicó que no obstante, la siguiente audiencia si hay que celebrarla, solamente que se acorta y no se presentarán ni evacuarán pruebas ni tampoco un recurso de apelación que se presenta ante la CSJ.
Suazo Peralta, identificado por Estados Unidos como colaborador de Carlos Arnoldo Lobo en el transporte cocaína hacia el territorio norteamericano, fue capturado en La Ceiba, al norte de Honduras, el pasado 10 de septiembre.
Por otro lado, Paz Haslam se refirió a la extradición de Estados Unidos a Honduras, del hondureño César Antonio Díaz, solicitada por el fiscal general, Óscar Chinchilla, por el delito de fraude en perjuicio de la administración del Instituto Hondureño de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), por un monto de cinco millones 400 mil lempiras en bonos vendidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Esa es una extradición pasiva que Honduras está pidiendo a Estados Unidos que lo traigan para que venga a responder por los cargos que se le están imputando”, indicó la magistrada.
Explicó que se trata del mismo proceso y “así como ellos (Estados Unidos) nos presentan solicitudes a nosotros, nosotros también tenemos que presentarlas a través de los canales diplomáticos para que eso llegue y puedan responder”.
