Tegucigalpa.- La defensora pública Iris Argueta, es una de tantas mujeres asesinadas en Honduras sin importar posición social, profesión, raza o religión. Ella, como muchas otras féminas, han sido asesinadas en este país en medio de una espiral de violencia en donde las cifras ya no son tan relevantes porque la muerte no distingue ni número ni edades: igual se las lleva.
Argueta falleció mientras se disponía a comprar un helado en el parque central de Catacamas, en Olancho, cuando se aparcaba en su auto, señalan las versiones preliminares. Los disparos fueron certeros, como lo fueron también con las fiscales Marlene Banegas y Patricia Eufragio.Pero también violaron y mataron a una fémina en Choloma, en marzo de este año, luego de quemarle su vivienda, reporta la prensa hondureña y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en un informe de su Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres.
El país pinta muertes de mujeres
Choloma, Cortés, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho, Colón, son sitios desde donde se reportan muchas muertes violentas de mujeres, que de acuerdo al abogado José Manuel López, un defensor público, serán una estadística más en este país en donde la inseguridad desafía constantemente al Estado.
En un ejercicio de auditoría social, el CDM señala que tiene casi dos décadas de recopilar información sobre violencia contra las mujeres y más de 10 años de darle especial interés a las muertes violentas contra las mujeres, con el fin de demandar a las autoridades y a los entes responsables, un acceso real a la justicia para las mujeres.
“Hace 20 años no existía ninguna preocupación social sobre el hecho que un hombre maltratara a su pareja, pues no se reconocía como tal, era considerado un asunto privado que había que mantenerlo en las cuatro paredes (de la casa)”, señala el CDM.Pero “fuimos las mismas organizaciones de mujeres las que sacamos del espacio de lo privado ese problema de enorme magnitud en el país”, recuerda.
La violencia doméstica se instaló como delito en las agendas informativas y políticas del país para de repente aparecer otra modalidad de agresión a las féminas en la figura de muertes violentas, muchas de ellas bajo la modalidad del sicariato.
Así, desde el 2010 al 2013, la prensa hondureña ha publicado entre el 65 y el 70 por ciento de las muertes violentas de mujeres, pero en los sitios en donde no tienen corresponsales, este tipo de crímenes no se registra, por lo que se produce un subregistro que apenas da indicios de lo mal que anda el país en cuanto a los femicidios.
Los subregistro que no cuentan
El CDM revela que este tipo de subregistro se justifica en la prensa nacional, pero no en los órganos responsables de dar Seguridad. Fue así como en su último monitoreo encontraron que oficialmente no se han incorporado en la muerte violenta de mujeres 45 casos que han sido registrados por el periodismo.La Secretaría de Seguridad registra hasta junio de este año, un total de 219 asesinatos de mujeres, pero la cifra sería de 264 según los registros del CDM. A medida que transcurre el tiempo y mientras se debate quién oculta o no información, los femicidios siguen su ruta ascendente en el país.
Las muertes violentas de mujeres, junto a la de los abogados, operadores de justicia, defensores humanitarios, periodistas y comunicadores rurales tienen un hilo en común que es indivisible: la impunidad.
Muchos de estos casos siguen sin ser investigados, con expedientes iniciales o a medias, pero sin sentencias contundentes.
Los operadores de justicia se han estremecido por los crímenes de las fiscales de San Pedro Sula y la defensora pública en Olancho. Tambien en los barrios marginales de las grandes ciudades y en el área rural, las familias también se estremecen cuando sus hijas, amigas o parientes, jóvenes en su mayoría, aparecen muertas violentamente.
En la colonia Miraflores, de la capital, una jovencita fue encontrada muerta, atada de pies y manos, en una de sus calles, sin que hayan registros de los móviles y el por qué la fueron a tirar ahí. Testigos aseveran que fue lanzada desde un taxi en marcha.
Los registros de los diarios impresos y digitales informan de una muerte de una fémina por aquí, otra por allá, mientras las organizaciones civiles humanitarias hacen esfuerzos desde una especie de Tribunal Popular para castigar la impunidad y recordar que los femicidios y muertes violentas son también una agenda pendiente en materia de seguridad.
La hipótesis más fuerte de las autoridades policiales cuando de muerte de mujeres comunes, se trata, es que “andaba en malos pasos” o era parte de “mulas” ligadas a las bandas de criminalidad organizada. Mucho estigma que ante la ausencia de investigación queda colocado en el imaginario colectivo en una nación donde la indefensión es tan cierta como los más de doscientas crímenes violentos contra las mujeres.
¿Quién será la próxima? No se sabe con certeza. Igual las matan. Las autoridades buscan en los recovecos de las leyes enviar mensajes fuertes de castigo. Los expertos dicen que se debe usar una mano inteligente.
Por ahora las mujeres siguen colocadas como víctimas de la violencia en la figura de las operadoras de justicia, pero pronto serán sustituidas por víctimas comunes, en su mayoría jóvenes asesinadas por sicariato, arma de fuego o arma blanca. Eso dicen las estadísticas.
