Marcala (Honduras) – Morirse en Honduras es algo que resulta muy caro para los familiares del difunto por el alto coste que tienen todos los servicios fúnebres, principalmente en las ciudades más importantes del país centroamericano.
Un velatorio sencillo, el ataúd y el terreno para un muerto puede costar alrededor de 40,000 lempiras (unos 2,000 dólares), lo que es inalcanzable para muchas familias hondureñas que a veces tienen que pedir ayuda a instituciones públicas o privadas para enterrar a un ser querido.
Eso ha motivado a algunos políticos a promover la donación de ataúdes y el traslado de restos a su lugar de origen de personas pobres cuyos familiares son muy pobres.
La iniciativa también es apoyada por algunas alcaldías municipales.
«Hay familiares de difuntos que se pueden morir del susto que se llevan cuando les dicen el coste que tiene un funeral completo», comentó a Efe el periodista Enrique Guzmán, quien desde hace varios años se ha convertido en el cronista de su ciudad, Marcala, en el occidental departamento de La Paz, limítrofe con El Salvador.
Guzmán recordó que en el decenio de los 40 del siglo pasado, muchos pobladores de Marcala y municipios y aldeas cercanas «fueron llevados a su última morada en un ataúd prestado».
El insólito caso está registrado «en un acuerdo municipal emitido por la Corporación de 1947 cuando el alcalde municipal de Marcala era Eulalio Aguilar», añadió el cronista.
La costumbre de aquellos años en ese sector era enterrar en tablas y tapesco, una especie de tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una superficie plana.
Esa penosa acción motivó a un síndico municipal a presentar una moción orientada a enterrar a los pobres con mayor dignidad construyendo un ataúd para su entierro, aunque la caja mortuoria solamente era prestada por un momento.
El acuerdo señala en su numeral 9 que a moción del síndico municipal Juan Ramón Molina, «se acordó: mandar construir un ataúd que servirá para enterrar a los pobres con solemnidad, que por suma pobreza, los conducen sus familiares en tablas y en tapescos».
Un sepelio en esa forma causaba «mala impresión, no solamente a la gente extraña, sino hasta a nosotros mismos», añade el histórico documento hallado por el cronista de Marcala.
El funcionario municipal propuso que «conforme el movimiento de las rentas, (se) mande a hacer dicho ataúd, en la forma que se necesite para el fin humanitario que se persigue; agregando que dicho ataúd, será prestado al familiar del difunto, para que conduzca a su deudo al cementerio general».
«Es entendido que después de la misa de cuerpo presente, ya fuera en la parroquia San Miguel de Marcala, o en la ermita del cementerio, inmediatamente se sacaba el difunto del ataúd y se enterraba envuelto en un petate», indicó Guzmán.
El ataúd se prestaba a los deudos únicamente para cruzar la ciudad y desarrollar el oficio religioso.
La caja mortuoria permanecía en las bodegas de la Alcaldía de Marcala a la espera de alguna solicitud para transportar al difunto hasta su última morada.
Guzmán señaló que según algunas personas mayores de Marcala, el último ciudadano que utilizó el «popular ataúd» era originario de Corral de Piedra, pero nadie sabe si a sus deudos les cobraron el coste de la caja, mucho menos por qué no se continuó con tan singular forma de enterrar a los muy pobres.
El cronista de Marcala ahora se pregunta, entre otras cosas, «¿cuántas personas fueron transportadas al cementerio en este ataúd, cuántos eran hombres, mujeres o niños?
Tampoco se conocen datos sobre las medidas del ataúd, los años que fue utilizado, su color, por qué fue retirado del servicio, ni si en verdad fue enterrado para siempre con el cuerpo del ciudadano de Corral de Piedra, entre otras cosas.
En un artículo que Guzmán escribió hace unos pocos años, señala que «las respuestas quizá nunca las sepamos, pero sin duda alguna esta singular determinación contribuyó a que muchos difuntos pobres fueran transportados al camposanto con mayor dignidad».
