Tegucigalpa – La Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución de Tegucigalpa presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una de las causas instruidas en el caso denominado “Seguro Social” y que tiene que ver con los ex directivos para quienes se pide la medida cautelar de prisión preventiva.
El recurso se interpuso contra el fallo judicial que dictó auto de formal procesamiento por abuso de autoridad contra siete miembros de la ex junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Son estos ex directivos: Arturo Bendaña Pinel, Carlos Montes Rodríguez, José Hilario Espinoza Herrera, José Humberto Lara Enamorado, Leonardo Villeda Bermúdez, Luis Antonio Mayorga Gálvez y Odessa del Carmen Henríquez, ya que a criterio del Ministerio Público el actuar de los encausados se enmarca en el delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.
En ese sentido, la Fiscalía solicita se modifique el auto de formal procesamiento del delito de abuso de autoridad al delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.
El delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, contenido en el numeral 3 del artículo 394-P, del Código Penal, tiene una pena de 6 a 12 años de reclusión.
Por otra parte, en la Acción de Amparo, la Fiscalía pide se dicte a los siete encausados y a Ramón Berttety la medida cautelar de prisión preventiva y se revoque la medida sustitutiva a ellos impuesta, considerando la gravedad del delito y la naturaleza del daño a reparar, lo que genera riesgo de fuga.
En este caso, se menciona a Ramón Bertteti, ex administrador financiero del IHSS, puesto que aunque contra él si se dictó auto de formal procesamiento por abuso de autoridad y por el delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, no se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que inclusive es contradictorio a otras causas instruidas contra él, en las que sí se le dictó la prisión preventiva.
En razón de lo expuesto, la Fiscalía para la Defensa de la Constitución solicitó a la Sala de Constitucional la Suspensión del acto reclamado y la tutela judicial efectiva.
