Tegucigalpa – Docenas de altos burócratas en Honduras tienen sueldos mensuales que rondan los 200 mil lempiras y aparte de ello, muchos se benefician con dietas, bonificaciones, viáticos y gastos de representación. Son sueldos que doblan el devengado por el propio presidente del país.
*Comisionados de acceso a la información solo esperan llamada del Congreso Nacional para rendir su informe.
*En el artículo 65 del decreto 17-2010, se suprime la secretividad en las partidas confidenciales a excepción de Defensa y Seguridad.
*Mientras 835 mil familias subsisten con menos de 20 lempiras diarios, hay unas 18 instituciones en las que hay salarios mensuales arriba de los 100 mil lempiras.
*El Poder Judicial es una de las instituciones que tiene 16 cargos con sueldos de más de150 mil lempiras.
Los exorbitantes salarios contrastan con el mínimo hondureño que anda en promedio por seis mil 500 lempiras.
Frente a esta brecha abismal, un par de parlamentarios hondureños buscan conocer la realidad ya que los descomunales salarios contravienen disipaciones normadas en Honduras.
En respuesta a la inquietud legislativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), está listo para presentar ante el pleno del Congreso Nacional, un informe sobre los altos salarios que devengan funcionarios del Estado.
El Congreso Nacional aprobó el 14 de agosto pasado, una moción encaminada a que el IAIP, presente ante la Cámara Legislativa en un plazo de 30 días, un informe sobre los salarios exorbitantes que devengan funcionarios de la administración pública.
Abuso y burla para el pueblo
La moción que es similar a la que en meses anteriores presentó el nacionalista Renán Inestroza, fue presentada por el diputado de Libre, José Luis Cruz, quien argumentó que en el artículo 65 del decreto 17-2010 que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público publicado en el diario oficial La Gaceta, el 22 de abril de 2010, se establece un techo máximo de 100 mil lempiras como salario de los funcionarios públicos, así como techos para los gastos de representación en un máximo de 20 mil lempiras.
Aunque la moción originalmente iba encaminada a que el informe lo presentara el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a sugerencia del diputado David Chávez y por explicaciones del veterano parlamentario Oswaldo Ramos Soto, se acordó que sea el IAIP, el que en un término de 30 días, presente ante el pleno, el informe.
El decreto fue respaldado por todas las bancadas que lo aprobaron por amplia mayoría y con una gran participación de los diputados que como Darío Banegas, cuestionaron que hay funcionarios que hacen viajes en helicóptero desde su casa para ir a una ciudad cercana.
El diputado mocionante, José Luis Cruz, expresó que se espera “que se pare el abuso de esa gente que gana sueldos estratosféricos, no se vale que la mayoría de la población viva con 50 lempiras al día y esta gente goce de tantas prebendas es una burla para el pueblo”, cuestionó el parlamentario .
El diputado Cruz, mocionante, manifestó sus dudas de que tanto el proyecto de Inestroza como la moción de él, puedan hacerse una realidad.
E 14 de septiembre pasado, se agotaron los 30 días establecidos en la moción para que el IAIP, comparezca ante el pleno a presentar el informe solicitado, por lo que en la sesión del miércoles pasado, el diputado mocionante José Luis Cruz, presentó una manifestación verbal para protestar porque no se ha cumplido con el término señalado.
Ante esa manifestación, una fuente ligada a la junta directiva del Congreso Nacional, señaló que no se ha programado la comparecencia del IAIP, “por problemas de agenda y porque se trata de 30 días hábiles calendario, donde no se incluyen los sábados y domingos”.
Listos para comparecer
Al respecto, Proceso Digital consultó a la presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid, sobre las razones para que no se haya efectuado la comparecencia y aseveró que ese organismo está listo desde el 21 de septiembre para presentar el informe en la Cámara Legislativa.
“Estamos listos desde el 21 de septiembre, mandamos una nota a la secretaría del Congreso diciéndoles que si bien es cierto la moción no señala qué tipo de días, porque dentro del proceso administrativo hay días calendario y días hábiles y dice la ley que cuando no se establezca qué tipo de días, se tomarán como días hábiles”, arguyó.
Madrid no brindó detalles sobre el contenido del informe, pero adelantó que es “bastante coincidente” con los argumentos esgrimidos por el diputado Cruz en su moción.
“Yo lo escuché y nos llamó poderosamente la atención, precisamente, ese cargo en especial”, indicó Madrid al aludir el salario que devenga el presidente de una comisión especial, quien según el diputado Cruz, asciende a 199 mil lempiras mensuales.
“Hemos visto coincidencias y no hemos platicado con ellos, no fuimos nosotros tampoco los que le hicimos la anotación sobre ese cargo, pero si nosotros ya lo habíamos detectado y este va como parte del informe con recomendaciones generales para la administración pública”, acotó la funcionaria.
Adelantó que las acotaciones en el informe del IAIP, no son específicas a instituciones ni tampoco a cargos sino sobre lo que el Estado debería adoptar como una política salarial en los altos mandos del Poder Ejecutivo.
Madrid indicó que existe el decreto 17-2010, el que en su artículo 65 establece un techo máximo de salarios en la administración pública de 100 mil lempiras, pero esa disposición nunca se ha respetado y de hecho hay funcionarios que devengan mucho más que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien en una entrevista a un medio internacional, relevó que su sueldo es de 93 mil lempiras.
Reiteró que el informe no va en el sentido puntual personal sino orientado a una política general del Estado sobre el tema salarial que no sólo abarca a los altos funcionarios, sino más bien a una reducción de aparato estatal, pero la reducción de la administración pública no está encaminada a sueldos y salarios.
Señaló que en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los aspectos es el recorte de la administración central desde el punto de vista presupuestario para dirigir los fondos hacia el municipio y la inclusión social que se circunscribe a los aspectos de salud, educación y seguridad lo que a su vez abarca la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Violación a la ley La funcionaria recordó que existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que ya manda la publicación mensual de los sueldos y salarios de los funcionarios públicos, más otros pagos recibidos, pero no los nombres de las personas que están en los cargos de todo el Estado.
Indicó que hay instituciones que no están cumpliendo ni con publicar los salarios de los funcionarios, pero hay unas 59 que están cumpliendo a nivel de excelencia con todo lo que manda la Ley de Transparencia.
A su juicio es necesario señalar a las instituciones que están incumpliendo con la Ley, para que la sociedad les otorgue una sanción moral ya que si no cumplen con la remuneración salarial mucho menos lo harán con las compras, licitaciones y ejecuciones presupuestarias.
«Es así como se va a presentar un informe completo, porque la ley ya nos manda de que no solamente se publique el salario, sino otros pagos asociados al desempeño del puesto, como bonos, dietas y cualquier otro emolumento que se publique en la planilla salarial de los servidores públicos», precisó.
Con el reporte procurarán documentar todos los sueldos y salarios que se pagan en cada puesto de trabajo del aparato gubernamental de todos los poderes del Estado al más alto nivel.
Se estima que al menos 200 millones de lempiras se pagan a los burócratas en unas 100 instituciones que reciben salarios arriba de los 50 mil lempiras.
Asimismo, el diputado Cruz enumeró algunos salarios que devengan, por ejemplo, los titulares de poderes e instituciones del Estado que tienen sueldos cercanos a los 200 mil lempiras mensuales.
Se trata de la cabezas de entidades bancarias estatales, miembros de comisiones y órganos descentralizados y de otras instancias oficiales que la comisionada Madrid está dispuesta a develar.
Madrid indicó que la moción está encaminada a que ella deba comparecer ante el pleno legislativo ante lo que dijo, está preparada para afrontar el «bombardeo» de preguntas, inquietudes y cuestionamientos de parte de los diputados, concluyó.
Los exorbitantes salarios contrastan con el mínimo hondureño que anda en promedio por seis mil 500 lempiras.
La moción que es similar a la que en meses anteriores presentó el nacionalista Renán Inestroza, fue presentada por el diputado de Libre, José Luis Cruz, quien argumentó que en el artículo 65 del decreto 17-2010 que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público publicado en el diario oficial La Gaceta, el 22 de abril de 2010, se establece un techo máximo de 100 mil lempiras como salario de los funcionarios públicos, así como techos para los gastos de representación en un máximo de 20 mil lempiras.
Aunque la moción originalmente iba encaminada a que el informe lo presentara el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a sugerencia del diputado David Chávez y por explicaciones del veterano parlamentario Oswaldo Ramos Soto, se acordó que sea el IAIP, el que en un término de 30 días, presente ante el pleno, el informe.
Al respecto, Proceso Digital consultó a la presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid, sobre las razones para que no se haya efectuado la comparecencia y aseveró que ese organismo está listo desde el 21 de septiembre para presentar el informe en la Cámara Legislativa.
