Tegucigalpa – La violencia que se ensaña con los operadores de justicia en Honduras ha obligado a distintos sectores involucrados en el tema a plantear la necesidad de aplicar desde los juicios virtuales hasta los jueces sin rostro.
– Este mismo año, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid), donó un equipo tecnológico a Guatemala para la realización de juicios virtuales.
Sin embargo, son muchos los obstáculos que se cruzan en el camino de estas iniciativas que se aplican en varios sistemas judiciales del continente, el más cercano: Guatemala.
Con dificultades presupuestarias, las instituciones encargadas de impartir justicia en este país centroamericano, se debaten entre el recorte de fondos para operar hasta la infiltración del crimen organizado.
Desde comienzos del presente año, el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, anunció con bombos y platillos la creación de la figura de los juicios virtuales, pero el tema se ha ido diluyendo con el paso de los días y apenas toma fuerza cuando de nuevo atentan o le quitan la vida a otro operador de justicia.
Bonilla ha manifestado que los juicios virtuales no implican la inversión de muchos recursos y citó que bastará con hacer un convenio entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para que jueces y fiscales celebren este tipo de audiencias.
El funcionario no prevé mayores dificultades para instalar la plataforma tecnológica, un hecho que otros sectores es complicado.
“Se hará un reglamento, el Poder Judicial estará conectado de forma electrónica, a través de una plataforma que permita celebrarlos desde cualquier parte del país o en exterior, con el propósito de no ser identificado el lugar donde están los jueces y fiscales, para su mayor seguridad”, ha explicado Bonilla en un par de oportunidades que ha sido abordado por la prensa.
¿Qué es un juicio virtual?
En el caso de Honduras, se visualiza que las cárceles más importantes del país cuenten con salas de videoconferencia que le permitan a los imputados interactuar en vivo con magistrados, jueces, fiscales, procuradores, defensores y en algunos casos, hasta con sus propias víctimas.
Esta figura se vale de recursos tecnológicos como cámaras, sistemas de audio y redes necesarias para impartir justicia a distancia. Se minimizan los costos de traslados de procesados a los juzgados competentes, además se disminuye el riesgo de fugas y otro tipo de eventualidades.
Estudio clínico
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, prefirió no ofrecer detalles sobre el programa de los juicios virtuales y agregó que existe un estudio clínico planteado en torno a este tema.
“Su contenido está planteado y se centra en la protección de los funcionarios que llevan casos de alto impacto o alta peligrosidad, como los que tienen que ver con el crimen organizado; lo que se busca es resguardar la seguridad personal de los operadores de justicia”, explicó.
Manifestó que el Poder Judicial realiza un análisis específico de cada caso con el fin de evaluar la petición de cada juez. “En los procesos de los jueces con jurisdicción nacional y los que llevan casos relacionados con el crimen organizado, éstos ya cuentan con alguna protección”, puntualizó.
Juicios virtuales no son una panacea
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, cuestionó que en el país no existe la infraestructura tecnológica para implementar los juicios virtuales como han propuesto el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
“Los juicios virtuales permiten que las partes involucradas en un juicio estén conectados mediante una plataforma tecnológica aunque no estén en el mismo espacio físico”, refirió.
Refirió que el actual Código Penal no recoge este recurso judicial, debido a que es un procedimiento que requiere una fuerte inversión económica y fondos son los que menos existen en el país.
Díaz no se decantó por la utilización de los juicios virtuales, al tiempo que añadió que “no son la gran panacea, se pueden usar en algunos casos y tampoco me parece que sean la solución a la inseguridad que en estos momentos se enfrentan los operadores de justicia”.
“Sí no hay un uso adecuado de las herramientas tecnológicas, definitivamente no se puede hacer un buen uso del derecho a defensa del imputado. Eso no deja de ser peligroso para nuestro sistema”, finalizó.
Hablar de juicios virtuales es soñar
Distante del desarrollo tecnológico el primer fiscal general del Estado que tuvo Honduras, Edmundo Orellana, ve imposible aplicar esta figura jurídica en Honduras. Dijo que hacer juicios virtuales aquí es “es soñar despierto”.
Pese a su ligue con la academia, Orellana muestra su distancia con la era “Bit”. Él dijo que no se explica cómo pretenden implementar los juicios virtuales en este país centroamericano. “La legislación nacional no contempla este recurso, lo que sí está establecido en la ley son los protocolos virtuales para escrituras públicas, pero tampoco se ha puesto en funcionamiento porque no existe una plataforma para eso”, contó.
La Ley de Notariado contempla la figura del protocolo virtual y no se ha implementado porque no existe la plataforma que se requiere.
Describió que cuando estuvo al frente del desaparecido Ministerio de Gobernación y Justicia, quiso implementar un sistema tecnológico, no con el objetivo que hubiera un procedimiento administrativo virtual, sino para que el abogado estuviera informado de cómo marchaba su expediente vía electrónica, pero nunca funcionó porque los profesionales del derecho nunca se conectaban a Internet.
El ex fiscal insistió que “el desarrollo de este proceso es irreal en Honduras. No existe una plataforma adecuada para realizar estos juicios”.
En el escenario hipotético que puedan implementarse los juicios virtuales en el país, Orellana señaló que “la seguridad de los operadores de justicia no la garantiza un juicio bajo esta modalidad porque el imputado debe saber quién el juez que lo está juzgando, no puede ser un juez sin rostro porque aquí no existe esa figura”.
Refirió que países como Perú y Colombia usaron los jueces sin rostros, pero para casos delicados en épocas extremas como es el caso de juicios contra miembros de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Puntualizó que en Honduras, ninguna institución del Estado tiene la plataforma disponible como para poder operar un proceso virtual.