Tegucigalpa – De acuerdo a un estudio del Poder Judicial hondureño, existe un total de 324 menores recluidos en los cuatro centros de internamiento, de los cuales el 56 por ciento es decir 183 se encuentran en situación de tutelares y el 44 por ciento como sancionados.
– Los Juzgados de Ejecución presentó un diagnóstico sobre la situación de niños en centros de internamiento
A través de la Coordinación Nacional de Jueces de Ejecución, el Poder Judicial presentó este lunes los hallazgos de la investigación realizada en cuatro centros de rehabilitación de menores en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La oficialización del acto estuvo a cargo de la abogada Rosa Irene Gudiel en su cargo de Coordinadora Nacional de Jueces de Ejecución, quien demostró que la situación de los centros para menores necesita mejorar en el ámbito educativo, legal e infraestructura de dichos centros ya que se encuentran en una situación deplorable.
Los centros de internamiento investigados por los jueces fueron El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula, Sagrado Corazón de María, Renacimiento y Jalteva estos últimos de Tegucigalpa.
La investigación de los jueces indica que se cometió un total de 117 infracciones, siendo las más repetitivas la extorsión, el robo agravado y la portación ilegal de armas.
En el evento participó el Magistrado Carlos David Cálix Vallecillo en su condición de Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien señaló que se necesitará una modificación al actual Código de la Niñez y la Adolescencia para garantizar los derechos fundamentales de las y los infantes.
“Los problemas de orden práctico y jurídico que se observan contra los menores en el mediano plazo deberán ser modificadas por el Poder Judicial y eso podrá realizarse con el nombramiento directo de jueces especializados en los temas de los niños, que ya está planteada por las autoridades competentes del Poder Judicial”.
La exposición se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Judicial y contó con la participación de representantes de las salas de ejecución de las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua y Marcala entre otras, así como fiscales del Ministerio Público, representantes de instituciones de Derechos Humanos y de los cuatro centros auditados por las autoridades de la CSJ.
Todos los participantes señalaron que es positiva la iniciativa del Poder Judicial de ahondar en la problemática social de los infantes recluidos y solicitaron que esta iniciativa sea llevada a los demás poderes del Estado encargados de solventar esa crisis.
