Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó este sábado la muerte de dos fiscales del Ministerio Público en San Pedro Sula, e hizo un enérgico llamado a detener la ola de crímenes en el país, que sólo en el gremio de los profesionales del derecho ha dejado un saldo de 83 víctimas, desde 2010.
– Al menos cinco fiscales del Ministerio Público han perdido la vida violentamente desde el 2010. Únicamente el caso del fiscal Raúl Enrique Reyes Carbajal fue objeto de sentencia en la que se encontró culpable a un miembro de la policía.
El Ombudsman hondureño se solidarizó con los familiares de Marlene Banegas y Olga Eufragio, ambas funcionarias del Ministerio Público en la zona norte de Honduras y exigió de las autoridades mayor coordinación para que estos crímenes no queden impunes.
Señaló que la impunidad es importante combatirla porque sólo atendiendo y haciendo las investigaciones precisas sobre cada caso se van a determinar las causas y se va a dar con él o los responsables.
Explicó que la impunidad puede comenzar desde las investigaciones preliminares hasta el momento de la imposición de la sentencia.
Si no hay investigaciones claras y precisas es muy difícil para el Ministerio Público poner el requerimiento fiscal y que el mismo sea verdaderamente judicializado, indicó.
En ese sentido, Herrera Cáceres exigió una mayor coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para combatir la impunidad y sancionar a los responsables de la ola de inseguridad que solo en el gremio de los abogados ha dejado un saldo de 83 víctimas, en los últimos 57 meses.
Sostuvo que debe haber una mayor coordinación y una mayor eficiencia entre los entes que integran el sistema de justicia en la aplicación de los términos procesales y una aplicación efectiva de los espacios necesarios para realizar investigaciones.
Agregó que las investigaciones deben ir bien documentadas y sustentadas al momento de ser sometidas al poder judicial para que estos condenen a los responsables.
Declaró que de no ser así, se pierde la oportunidad de sancionar en forma responsable a los autores de esos delitos y averiguar las causas que nos deben llevar a tomar una política criminal y políticas preventivas apropiadas.
Comentó que la preocupación del Conadeh es por todos los habitantes de Honduras que sufren las consecuencias, sin embargo, lamentó que los profesionales del derecho estén siendo afectados al igual que sus familiares que sufren las consecuencias de todo esto.
Reiteró que el problema fundamental que estamos sufriendo los hondureños es la falta de investigación en relación con los homicidios que se registran contra abogados, taxistas, periodistas y de todos los sectores.
Herrera Cáceres expresó que los familiares tienen todo el derecho de conocer que pasó con su pariente.
Al menos cinco fiscales han
perdido la vida violentamente
Al menos cinco fiscales del Ministerio Público han perdido la vida violentamente desde el 2010 a los que se suma un ex fiscal que fue ejecutado en La Ceiba, Atlántida.
De acuerdo a los reportes del Conadeh únicamente el caso del fiscal Raúl Enrique Reyes Carbajal fue objeto de sentencia.
El 17 de mayo de 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable al ex detective de la DNIC Mauricio Alexander Mejía Figueroa por el asesinato del coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Enrique Reyes Carbajal, hecho ocurrido el 17 de mayo de 2011 en la aldea Río Nance, de Choloma, Cortés, cuando se transportaba en su vehículo desde Puerto Cortés hacia San Pedro Sula.
El 6 de septiembre de 2013, luego de llevarse a acabo la audiencia de individualización de la pena, el ex agente de la DNIC fue condenado a purgar una pena de 30 años.
Hay miedo, temor e incertidumbre
en miembros del CAH
En una reunión sostenida el 26 de septiembre, recién pasado, las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), le expresaron al titular del Conadeh que no es normal que un gremio sea afectado de la manera como está ocurriendo con el de los abogados.
Hay miedo, temor e incertidumbre, es una historia de horror y de terror que estamos pasando los que integramos el gremio, expresó José Luis Valladares, presidente del CAH.
Indicó que una de sus preocupaciones es la mala investigación, el mal seguimiento y el abandono de los casos.
Reveló que el tema incluso fue planteado en una reunión que sostuvieron con el Parlamento Centroamericano (Parlacen) dado el clima de impunidad que se vive en el país.
Señaló que la impunidad implica tristeza para las familias e impotencia para el gremio.
Comentó que en algunos miembros del gremio hay temor hasta para interponer una demanda por alimentos.
El titular del CAH no concibe como después de graduarse no puedan ejercer su profesión por el miedo y el terror que causan las constantes muertes.
Hasta ahora, el CAH recomendó a sus agremiados ejercer la profesión con dignidad, ser más cautelosos, verificar que casos se pueden llevar que no impliquen riesgos y dejar de asistir a determinados lugares que puedan implicar un riesgo para la seguridad y la vida.
