Tegucigalpa – El subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP), Gerardo Martínez, señaló este miércoles que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), debe de decir la verdad o hacer una auténtica investigación sobre sus informes, ya que los mismos están llenos de incoherencias y falsedades.
El CNA divulgó este día un informe en el que vincula a Martínez y al ex director de la Institución, Jorge Arturo Reina García, en tres delitos, entre ellos abuso de autoridad, malversación de caudales y violación de los deberes de los funcionarios.
Según el CNA, el subdirector técnico compró varios boletos aéreos con su tarjeta personal y posteriormente cobraba los fondos, entre ellos un viaje a Perú donde se invirtieron más de seis mil 600 dólares, asimismo, el pago de viáticos y el alquiler de un edificio que nunca fue utilizado y por el cual se pagaba 12 mil dólares mensuales.
Ante los señalamientos, el funcionario dijo a la radio capitalina HRN, que a él no lo han citado, ni llamado para brindar su declaración sobre los hechos que le imputan.
En cuanto a la compra de los pasajes, el funcionario dijo que la compra de los boletos él las realizaba vía Internet porque era más fácil adquirirlos de esa manera y posteriormente se le reembolsaba el dinero que había pagado con su tarjeta de crédito, ya que la institución no cuenta con una agencia de viajes para la compra de los mismos.
Indicó que el viaje a Perú ha tenido sus frutos porque se firmó un convenio valorado en 250 mil euros para apoyo de la institución.
Señaló que la compra fue de seis boletos para igual número de personas de las cuales cinco se quedaron en Perú realizando los trámites que se necesitaban tras la firma del convenio, mientras que el director en ese momento, Jorge Arturo Reina García, tuvo que retornar al país.
Al ser consultado sobre las personas que fueron a Estados Unidos a quienes se les remitían viáticos, Martínez dijo que “en ningún momento se les envió viáticos al personal que hizo su labor de identificación en ese país norteamericano”.
Agregó que las personas realizaron su trabajo y documentaron a más de 50 mil personas en Estados Unidos, “estas personas se les daba 100 dólares en vez de 300 que eran los estipulados para hacer el trabajo, pero la falta de recurso obligaba a bajar dicha cantidad”.
En cuanto al inmueble que fue alquilado por 11 meses y por el cual se pagaba una cantidad de 12 mil dólares sin ser utilizados, explicó que “nosotros contratamos el local a partir de octubre del año pasado hasta diciembre el cual se utilizó como bodega, y se continuó con el alquiler este año por una sugerencia del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias, ya que las oficinas donde funcionaba el archivo central teníamos que salirnos porque no eran aptas para laborar, por lo que se tenía que acondicionar las mismas y se está realizando el movimiento”.
Señaló que como falso que se esté pagando el edificio y que no se ha utilizado, “yo los reto a que me demuestren de donde es que estuvieron 11 meses esas oficinas sin utilizar, ya que es completamente una falsedad el informe del CNA”, argumentó.
Sugirió a las autoridades del CNA brindar información verídica derivadas de sus investigaciones.
En ese sentido, el titular de la unidad de investigación del CNA, Dagoberto Aspra, dijo que ellos presentarán el informe a las autoridades del Ministerio Público y serán ellos quienes investigarán la información documentada.
“El podrá hacer uso de la defensa, contratar un abogado o en su defecto utilizar a los abogados del Registro (Nacional de las Personas) para que pueda acceder a la información”, arguyó.
Por su parte, la titular del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que “la investigación que nosotros hacemos es seria y que están respaldadas con documentos”.
