Tegucigalpa – Probablemente Kevin Solórzano nunca imaginó que su destino cambiaria en pocas horas. Ya no puede ir a la universidad, ni hacer deportes con sus amigos, las batallas matutinas con el tráfico para ir a las aulas han quedado distantes. Está en la cárcel. Se le acusa de asesinar a un abogado y ex fiscal. Su vida es incierta.
Su defensor, Jair López, expresa que la reclusión violenta lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se le ha presumido inocencia.
La defensa de Kevin, acusado como presunto asesino del ex fiscal Edwin Eguigure , ha recibido en las últimas horas una respuesta desfavorable a la apelación interpuesta alegando irregularidades en el proceso.
Ahora están pendientes del resultado de los vaciados telefónicos de Kevin y otro universitario en cuyo vehículo generalmente se trasladaban a las aulas. Según Ana Bety, madre de Kevin, ese día la rutina no varió.
A Solórzano se le imputa de asesinato y tentativa de asesinato. El expediente detalla que fue enviado a prisión porque una testigo protegida lo identificó como participante en el crimen. Fue detenido este 20 de noviembre.
Desde entonces familiares, compañeros y amigos realizan manifestaciones y mantienen activa una comunidad virtual : “liberen a Kevin”, propugnando por la causa.
La defensa presentó ante la justicia un video que capta, a la hora del crimen, al chico en la universidad donde estudia Ingeniería en Gestión Logística. Presentaron, además, la lista de asistencia a clases y a testigos que dan fe de los hechos. Igualmente, el vaciado telefónico de él y su compañero.
Melissa, estudiante de Trabajo Social, es el alma de las protestas en defensa de la inocencia de su hermano. “No vamos a desmayar hasta lograr que se haga justicia, basta ya de ver inocentes pagando penas por crímenes que otros cometieron”, dijo a Proceso Digital.
El defensor del imputado ha denunciado reiteradamente equivocaciones en el proceso. Dice que durante el reconocimiento del joven, por parte de la testigo protegida, se le colocó entre otros individuos con características físicas opuestas a las de él. “La norma exige que se haga con personas parecidas para garantizar la eficacia del reconocimiento”, agregó.
Indicó que la testigo protegido, identificó al presunto asesino como “el de barba”, una característica que no tenía ningún otro de los expuestos.
Personal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, dijo a Proceso Digital que ahora el caso pasa a la Corte de Apelaciones.
De su lado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, afirmó que ha acompañado a la familia de Kevin y ha registrado denuncias en el caso. Exige el debido proceso.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , emitido este mes, indica que más de la mitad de los privados de libertad en Honduras, están con detención preventiva.
A octubre del 2014, la población penal en Honduras ascendía a 14,732 reos; 7,095 tienen sentencia firme, el resto tienen procesos pendientes.
