Tegucigalpa – En sesión a puerta cerrada y casi con el apoyo unánime de todos los diputados, el Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles, una reforma al Código Penal mediante la cual se incrementan fuertemente las penas de reclusión en los delitos que se cometen contra jueces, fiscales, es decir los operadores de justicia en su totalidad, así como los titulares de los tres poderes del Estado, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al igual que sus familiares y también a propuesta de un legislador se incluye a los diputados, testigos protegidos y el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En conferencia de prensa, el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, aseveró que esta aprobación marca un mensaje fuerte y contundente de que el Poder Legislativo va a estar unido en los temas de seguridad y en la lucha frontal contra la delincuencia.
Entre tanto, el presidente de la comisión de seguridad, José Tomás Zambrano, detalló que se reformó el artículo 116 del Código Penal que se refiere al homicidio simple que incluye penas de 15 a 20 años de reclusión para el ciudadano.
Asimismo, el artículo 222 que establece el delito de extorsión y cuya pena oscila entre 15 y 20 años y si se comete contra un policía, un fiscal, un magistrado, un juez, contra el ministro de Defensa, ministro de Seguridad o todos los que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, igualmente contra los diputados del Congreso Nacional a quienes se les amenace con que se les va quitar la vida para que no tomen determinada decisión, se le va a aumentar un tercio a esa pena.
Igualmente, se aprobó una reforma al artículo 322 del Código Penal que se refiere al delito de magnicidio cuando se de muerte al presidente de la República, los titulares de los demás poderes del Estado y a quienes integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad conformado por siete instituciones con sus representantes más las personas que acuden de manera permanente.
En ese sentido, la pena para quien cometa ese delito la pena será de 40 años de reclusión hasta la privación de la libertad de por vida.
Igualmente, se reformó el artículo 324 donde se establece y se explica de mejor manera en que consiste el delito de conspiración y el de proposición que tenía una pena de uno a dos años y ahora se ha aumentado de 40 años de cárcel a privación de por vida de la libertad a quien esté conspirando o proponiendo causar la muerte a los titulares de los poderes del Estado, contra algún miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y contra operadores de justicia en cuyo caso se les estaría rebajando en un tercio de las penas aplicables de manera abstracta.
Asimismo, se reformó por adición el artículo 117 A del Código Penal donde se establece el delito de homicidio y asesinato contra fiscales, jueces, policías, diputados, director de la OABI y testigos protegidos en cuyo caso la pena va de 30 años a privación de libertad de por vida.
Mientras tanto, en el artículo 201 se amplían las penas en un tercio a quienes quieran secuestrar a alguno de esos funcionarios.
Con estas reformas se manda un mensaje claro que el Congreso Nacional está trabajando para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño tomando las decisiones, apuntó Zambrano.
De su lado, el presidente de la comisión de dictamen, David Chávez, destacó que en las reformas algunas penas son leves, otras moderadas y otras grandes, pero atentar contra la vida contra un buen juez, un buen fiscal o un buen policía que por sus funciones de querer combatir la criminalidad, no se trata de un delito leve sino que debe ser calificado como un delito grave y en ese sentido, la pena debe llevar un agravante que representa la prisión de por vida.
Por su parte, el diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), Luis Redondo, indicó que con la reforma donde se incluyó también al director de la OABI y los testigos protegidos, la ciudadanía puede tener la confianza que en el Congreso se va a proteger a todos los aplicadores de la ley, a quienes persiguen a los delincuentes y sobretodo que el pueblo puede tener la certeza que en la Cámara Legislativa que los diputados van a estar trabajando en producir leyes que permitan la seguridad de toda la sociedad.
