Tegucigalpa – Este jueves, a falta de once días para que asuma un nuevo gobierno en Honduras, rodaron más cabezas de diferentes operadores de justicia, específicamente en el Poder Judicial y la Policía Nacional.
– Depuración en el Poder Judicial avanza aceleradamente aunque algunos críticos consideran que el Consejo de la Judicatura no está respetando el debido proceso.
– Agentes de la DNIC con más de 20 años de servicio fueron despedidos en las últimas horas debido a que reprobaron la prueba del polígrafo.
Luego de una maratónica sesión, el pleno del Consejo de la Judicatura determinó suspender a cinco jueces y separar a otros dos.
Las determinaciones de este cuerpo de administración judicial se basaron en el retardo de los jueces para dictar resoluciones legales, diversas irregularidades en el procedimiento de ejecución de la pena, mora en la tramitación y emisión de sentencias, así como interés manifiesto en algunas circunstancias con la emisión de constancias de antecedentes penales a favor de imputados de delitos graves.
Esta decisión derivada de minuciosos análisis a expedientes elaborados por la Inspectoría de Tribunales, eleva a 24 las suspensiones, seis separaciones y dos jueces presos por parte del pleno del Consejo de la Judicatura que preside el propio titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
El Consejo de la Judicatura continuará el análisis de más expedientes turnados por Inspectoría de Tribunales en la siguiente reunión plenaria programada para el próximo martes 21 de enero.
Las suspensiones y separaciones
Este jueves, el Consejo de la Judicatura suspendió provisionalmente, mientras concluye el proceso de investigación, a Alex Eduardo Sabonge Almendárez, juez de Letras de Catacamas, Olancho; Vilma Honduras Rodríguez Guzmán, juez de Letras de La Esperanza, Intibucá; Jorge Alberto Mejía Figueroa, juez de Ejecución de Danlí, el Paraíso; y Henry Geovany Duarte Zaldívar, juez del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón.
Además corrieron la misma suerte: Camilo Amelec Peralta Hernández, juez titular del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón; así como Rina Yesenia Cruz Peralta, secretaria de Inspectoría de Tribunales de La Ceiba, Atlántida.
Asimismo, la Judicatura ordenó la cancelación definitiva de Marcial Noé Macedo Gutiérrez y Wilmer Yovani Caballero Reyes, quienes se desempañaban como secretario y secretario adjunto del Juzgado de Letras Penal con jurisdicción nacional, los dos funcionarios abandonaron su cargo y se encuentran prófugos de la justicia ya que pende sobre ellos orden de captura. Esta cancelación es vigente desde el 8 de enero de 2014.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, dio a conocer que de acuerdo a las investigaciones, ambos destituidos “estuvieron vinculados” en el suceso de la jueza Wendy Vanessa Caballero, quien ahora guarda prisión preventiva por haber dejado en libertad al supuesto narcotraficante Alexander Montes.
Autoridades del Consejo de la Judicatura expresaron que en su poder aún hay más de 70 expedientes investigativos contra igual número de funcionarios de ese poder del Estado, por lo que se avizoran más suspensiones y destituciones para los próximos días.
Más de un centenar de agentes despedidos por no pasar el polígrafo
Un grupo de agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) fueron despedidos este jueves por haber reprobado la prueba del polígrafo, denunciaron los propios afectados.
Se trata de 161 agentes de varias áreas de la DNIC, muchos de los cuales tenían hasta dos décadas de laborar en esa unidad de la Policía hondureña. Comisarios, subcomisarios, inspectores y subinspectores engrosan la lista de cesados.
Los ahora destituidos, denunciaron que sus cancelaciones estaban firmadas desde el 17 de diciembre de 2013, pero que hasta este jueves les fueron notificados. Entre los despedidos hay de la sección de homicidios, dactiloscopia y otras unidades de la DNIC.
Una de las despedidas fue la subcomisionada Fátima Ulloa, quien integró las filas del cuerpo del orden público por espacio de 20 años.
Ulloa explicó que el motivo de su cancelación fue haber reprobado el polígrafo, aunque retó a las autoridades que le demuestren los presuntos vínculos con el crimen. “No comprendo porque se da la determinación, he entregado los últimos 20 años de mi vida a esta institución y no comprendo lo que pasa, estoy consternada y profundamente decepcionada”, dijo entre lágrimas.
La subcomisionada policial se destacó por sus acciones incansables en beneficio de la niñez y en contra de la trata de personas, además era una de las oficiales con trato amable y buena reputación ante la opinión pública.
25 policías de Fronteras suspendidos
También esta semana, la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), suspendió a 25 policías de Fronteras que estaban asignados el pasado fin de semana en el aeropuerto internacional Toncontín, de donde salieron ilícitamente hacia Panamá 7.2 millones de dólares a bordo de ocho maletas propiedad de tres ciudadanos hondureños, quienes fueron detenidos por autoridades del país canalero.
El titular de la DNSEI, Rubén Martell, confirmó la noticia luego de sostener una reunión con autoridades de Aeropuertos de Honduras y el Ministerio Público.
“Recuerde que es un proceso de investigación, ellos tienen el derecho legítimo de la defensa. Vamos a hacer los informes correspondientes y la Fiscalía tomará las acciones del caso”, remarcó Martell.
De esta forma, continúa el remezón en algunas instituciones operadoras de justicia en un país considerado con altas tasas de corrupción, violencia y extrema pobreza.
