Tegucigalpa – Son niños formados para matar y extorsionar. La modalidad cada vez más común es utilizada por el crimen organizado en Honduras ante el arrecio del combate a la delincuencia. Los capos y jefes de bandas mutan en sus estrategias operativas y para ello retienen a menores, los entrenan y utilizan en el cobro de del llamado impuesto de guerra y en la ejecución de personas.
– El Observatorio de la Violencia registra denuncias de menores retenidos y utilizados para actos criminales.
– Entre enero y octubre de 2013, se judicializaron menores en 74 casos de asesinato, 34 de extorsión y 332 de robo.
– Activistas de organizaciones que trabajan en el rescate de niños y dirigentes de puntos de taxi, confirman la utilización de menores para cobrar el mal llamado impuesto de guerra.
Esta semana trascendieron imágenes, proporcionadas por fuentes especializadas, en las que se pueden apreciar a un niño portando un arma pesada y siendo entrenado para matar. El pequeño es parte de un cruento grupo criminal que opera en la central zona de Comayagua.
Las cifras que refrendan el involucramiento de menores en actividades criminales provienen del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e indican que en los primeros 10 meses de 2013, se judicializaron niños en 74 casos de asesinato, 34 de extorsión, 332 de robo y 232 casos de portación ilegal de armas.
Mientras tanto, en 2012, se judicializaron los casos de 96 menores por homicidio, 602 por robo y ninguno por extorsión.
Actualmente, más de 700 menores están recluidos en los tres centros de rehabilitación o internamiento juvenil de país, uno de ellos ubicado en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa, según datos del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa).
Según el director del Ihnfa, Felipe Arturo Morales, “las reducciones presupuestarias dificultan nuestra labor de contrarrestar y prevenir que los menores caigan presas del crimen organizado”.
La institución realiza terapia ocupacional, psicoterapia, reuniones grupales, cursos y charlas motivacionales a fin de reinsertar a los menores a la sociedad, arguyó.
Se profundiza protagonismo de los niños en el crimen La rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se ha unido a las voces que han dado la alerta sobre el agravamiento de esta faceta de la espiral de la violencia e inseguridad que atañe directamente a los niños. Ella aseveró, en las últimas horas, que niños en Honduras están siendo retenidos de manera ilegal por los extorsionadores para que sean quienes recolecten el impuesto de guerra y ejecuten a personas que son blanco de las bandas del crimen organizado. |
| Parapetándose en la ley Arguyó que “lo hacen precisamente amparados en que la ley les da ciertas medidas cautelares, pero esos jóvenes si no se les atiende, si no se les restringe, van a seguir cometiendo delitos”. “Se está dando en el país, que personas retienen de manera obligada a menores, los entrenan y los utilizan para cobros, para extorsión, yo no voy a asegurar porque no hay estudios precisos, pero si nos ha llegado información al Observatorio de la Violencia, de personas que sus hijos o nietos han sido obligados a irse con personas adultas”, reiteró Castellanos. Apuntó que las familias de esos menores son amenazadas si denuncian esos casos, por lo que esa práctica puede calificarse como trata y retención de personas. |
| Delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad social La imputación formulada por Castellanos no es nueva ya que desde hace varios meses, organizaciones especializadas han venido denunciando que el crimen organizado se vale de la pobreza de los niños para utilizarlos en sus delitos. En ese sentido, el director nacional de la organización humanitaria Casa Alianza Honduras, José Ruela, apunta que la vulnerabilidad social, la pobreza y la violencia, son aprovechadas por grupos criminales para reclutar a menores y utilizarlos en acciones de robo, extorsión, asesinato y venta de drogas. En Honduras la pobreza la inequidad es abismal. En este país más del 70 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza. Para analistas jurídicos, el problema se agrava porque las leyes hondureñas impiden sentenciar con rigor a los menores, algo de lo cual se aprovechan los criminales para que los niños y adolescentes participen en delitos que ellos planean. El Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras especifica que el internamiento de un menor se aplicará por el menor tiempo posible y no podrá exceder de ocho años. Los menores de 12 años no son imputables. |
| Coaccionados a participar en crímenes Sin embargo, miembros de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la rehabilitación de menores, afirman que en general los adultos estudian las rutinas de las víctimas y luego ordenan a los menores a ejecutar la extorsión o el asesinato. “Los menores forzados a cometer un acto criminal son secuestrados al salir de los centros educativos e introducidos en un automóvil, donde los amenazan con matarlos o a su familia si no cumplen con lo solicitado”, relató una activista que coopera con una de esas organizaciones quien afirmó que al menos un 20 por ciento de los jóvenes que ejecutan crímenes, lo hacen bajo coacción. El 80 por ciento restante no tiene conciencia de la responsabilidad penal de los delitos, pues para cometer la extorsión o el asesinato ingieren drogas o portan armas provistas por adultos, agregó. Esa narración coincide con el relato que también hizo a Proceso Digital, el presidente de uno de los puntos de taxis que operan en las proximidades del casco histórico de Tegucigalpa. Según ese dirigente gremial, ellos se han visto obligados a pagar el impuesto de guerra a grupos que se dedican a cometer ese acto delictivo y han notado que desde hace algún tiempo, son niños o adolescentes los que se encargan de ir a recoger el dinero producto de la extorsión. Indicó que cuando esos menores llegan se les nota el nerviosismo y pasan muchas veces por el lugar antes de atreverse a tomar el dinero y llevarlo a los jefes mafiosos, es decir, que evidentemente actúan coaccionados. Las organizaciones encargadas de velar por los derechos de la niñez, coinciden que siempre detrás de un menor infractor, hay un adulto inductor al crimen. Afirman que algunos de los jóvenes han revelado que los reclutamientos son forzados o por afinidad a una pandilla y lo primero que hacen es algo que llaman una misión, que consiste en una prueba de capacidad y eficiencia en “traer o llevar un paquete”, es decir, el cobro de la extorsión, pago o acto de sicariato, pero los menores usualmente no delatan a quienes los obligan a delinquir. Lamentablemente, en muchos casos más bien esos menores se apegan a los grupos criminales con lealtad, pues consideran que pertenecer a un grupo poderoso hace que se sientan seguros y protegidos, algo que no tienen en sus hogares. |
| Debate por reducción de la edad punible En ese sentido, personas y organizaciones vinculadas a la protección de la niñez, son del criterio que se deben elevar las penas contra quienes obligan a menores a delinquir. Tal es el caso del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), capítulo de San Pedro Sula y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAH – Valle de Sula, Moisés Canales, quien se pronunció a favor de reducir la edad punible a fin de que los menores que están cometiendo delitos graves, sean juzgados como adultos. Asimismo, Canales se pronunció a favor de crear una ley coercitiva contra los padres que, a su juicio, son el origen del problema, pero al igual, si el Estado quiere penalizar menores de edad, es algo que debe estudiarse y verse en su contexto, porque es necesario que se tenga a bien, renunciar a tratados y convenios internacionales para que se pueda aplicar una reducción a la edad punible. No obstante, para el director ejecutivo del Ihnfa, “la sociedad debe impulsar sanciones ejemplares contra los adultos que usan a los menores para cometer delitos, porque al final los niños son víctimas de los mayores”. Mientras tanto, la fiscal especial de la Niñez, Nora Urbina, considera que se debe hacer un análisis de la problemática en todo su contexto. “Se trata de determinar por qué los jóvenes no están en los centros educativos y se dedican a vender drogas u otros actos delictivos. Esa solución pasa por practicar políticas que atiendan a la juventud, niños y jóvenes, pasa por disminuir la migración de personas hacia otros países porque los hogares quedan abandonados a cuidados de terceros”, arguyó. Según la funcionaria, la utilización de niños por el crimen organizado debe ser vista desde la perspectiva de víctimas del sistema, así como la ola criminal que azota el país. |
