– Si hay incumplimiento las empresas se exponen a una multa de 20 millones de lempiras y hasta a la cancelación del contrato de concesión.
– Conatel estima que las compañías de telefonía móvil tuvieron ingresos por 13 mil millones de lempiras.
– De acuerdo a entes de inteligencia del Estado, un jefe de una mara desde la Penitenciaría Nacional, haciendo más de 100 llamadas ordenó el asesinato de casi un centenar de personas.
A inicios de diciembre pasado, el Congreso hondureño aprobó una ley que prohíbe la señal de llamadas de telefonía móvil desde los centros penitenciarios, en la que se establecen sanciones de hasta de 20 millones de lempiras a las empresas que infrinjan esa disposición y si persisten se exponen a la cancelación de su permiso de operación.
Plazo fatal En ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Ricardo Cardona , recordó en las últimas horas que las empresas de telefonía celular que operan en Honduras tienen hasta este viernes a la medianoche para bloquear la señal en los 24 centros penitenciarios.
El funcionario advirtió que cuentan con un equipo técnico que se encargará de verificar si existen entradas y salidas de llamadas en esos establecimientos.
Advirtió que si para el sábado las compañías no tienen bloqueada la señal en las 24 cárceles que funcionan en el territorio nacional, deberán pagar una multa de 20 millones de lempiras.
Agregó que en otro de los casos se podría hasta cancelar el contrato de concesión de la empresa que se atreva a reincidir en la violación de esa disposición legislativa.
Cardona explicó que hasta el momento, por tratarse de una emergencia, se está realizando solamente el bloqueo por antenas, pero esperan que en los próximos días o meses, las compañías compren los bloqueadores para evitar la entrada y salida de llamadas en los centros penales.
Aclaró que “la compra de ese equipo le corresponde a los operadores, no al Estado porque no tiene dinero y no lo va hacer y tienen que hacerlo ellos en el marco de la responsabilidad social empresarial”.
Aseveró que durante la primera semana de bloqueo de la señal en las hacinadas cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se ha reducido notablemente el delito de la extorsión. “No tenemos estadísticas, pero ya comenzarán a realizarlas las próximas semanas con el bloqueo para saber si la medida está dando resultados”, señaló Cardona.
Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández, fustigó a las operadoras privadas de telefonía móvil para garantizar el bloqueo de la señal en las zonas donde se ubican los centros penales.Durante una visita a San Pedro Sula, al norte de Honduras, Hernández aseguró que las compañías reciben «dinero manchado de sangre» cuando se efectúan llamadas desde las cárceles del país. «El dinero que reciben Tigo y Claro de los centros penales es dinero manchado de sangre», recalcó el mandatario.
Asimismo, durante una entrevista concedida el jueves a un telenoticiero, Hernández reiteró que «yo vengo luchando desde que era presidente del Congreso Nacional porque las empresas telefónicas en Honduras ayuden al Estado a evitar la extorsión, secuestro, la orden que se da de muerte desde los centros penales».
Recordó que también se promovió el registro de los propietarios de cada línea para saber quién es el dueño y dónde estaba y que la autoridad tuviera la capacidad de identificarlo, es porque se estaba adquiriendo un equipo que ya está en poder del Estado hondureño para interceptar llamadas, mensajitos y correos electrónicos porque buena parte del problema de inseguridad es que desde las cárceles se ordena el asesinato de personas.
Ejemplificó que de acuerdo a los entes de inteligencia del Estado, un jefe de una mara desde la Penitenciaría Nacional de Támara, haciendo más de 100 llamadas ordenó el asesinato de casi un centenar de personas.
«Si la tecnología permite evitar que salgan esas llamadas y en paralelo vamos adecentando el sistema carcelario, la misión nuestra es proteger la vida de los hondureños y yo lo menos que espero de una empresa como Tigo y Claro, es que contribuyan con la seguridad del país, si este pueblo les ha dado miles y miles de lempiras, entonces el dinero que se gana con las llamadas que salen de esos centros penales, yo insisto, van manchados de sangre», reiteró.
El mandatario fue categórico al advertir que no hay marcha atrás en la decisión de bloquear la señal de la telefonía celular en los centros penales, al tiempo que advirtió que las compañías que prestan este servicio deben cumplir con la ley.
Indicó que le agradó escuchar de parte del gerente de la empresa Claro, Froylán Ayón, decir que esa compañía le va a ayudar al gobierno para poder luchar con el flagelo de la delincuencia. «Es lo menos que yo pudiera esperar y yo felicito a Claro y le pido al pueblo hondureño que haga la distinción entre las empresas que si quieren contribuir y las que no lo quieren hacer, porque es un tema de vida o muerte», acotó.
Reveló que desde una cárcel se ordenó asaltos a furgones, a bancos, a financieras y es toda una red delincuencial y si no se tiene la oportunidad de evitar que esas llamadas salgan o que por lo menos tener la oportunidad de que de inmediato la llamada que sale de la cárcel, fácilmente un software la puede redirigir hacia la unidad de escuchas de la central de inteligencia del Estado, lo que permitiría conocer qué es lo que va a pasar y evitar y anticiparse a que ocurran los hechos delictivos.
Entre gitanos no nos vamos a leer la mano
Recordó que el Congreso Nacional tomó una decisión que puede ser fuerte, dura, pero se ha estado tres años esperando esa contribución de las empresas operadoras de telefonía móvil. «Yo recibí un mandato muy claro de la ciudadanía, a mí la gente en las elecciones me dijo: lo apoyamos como presidente, pero el mandato en seguridad es contundente y yo no puedo hacer menos», arguyó.«Se lo digo al señor Tony Tavel y a todos los ejecutivos de Tigo, yo esperaría que por ser gente que cree en la doctrina social de la iglesia, o por ser cristianos o por ser hondureños o por simplemente el hecho de haber ganado tanto dinero aquí en este país, que nos ayuden porque este pueblo está sufriendo mucho y no es justo que solamente se mire el lado de la ganancia y no de la pérdida de vida que tenemos», expresó el mandatario.
Recalcó que «entre gitanos, no nos vamos a leer la mano; cómo es posible que empiecen a salir los mensajitos como queriendo…yo siento como una tendencia a que la gente se incomode para que reclame por la medida, pero por el contrario, me baje a tomar el transporte en un barrio de Choloma, ahí había por lo menos mil personas, platique con ellos y me dijeron: Juan Orlando no retroceda en la lucha contra la delincuencia, ya no aguantamos, entonces la mejor forma de evidenciar que si quieren contribuir es comprar equipo como antenas de alta intensidad en los centros penales que borre las demás señales que están en la periferia y que podamos captar la información y podamos decir, esta llamada no sale, esta sí y si sale, entonces que sea grabada para que nos demos cuenta qué es lo que pasa».
Operadores se declaran listos
Por su parte, las operadoras aclararon que buscan el menor impacto para las usuarios, en el bloqueo de señal en los centros penales de Honduras, pero que van implementar la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en los centros penales.
Esta regulación prohíbe a los operadores brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales de Honduras.
Al respecto, las empresas telefónicas emitieron un comunicado a través del cual manifiestan su intención de apoyar las acciones gubernamentales encaminadas a garantizar la seguridad de la población, al tiempo que aceptaron que el proceso afectaría a algunos usuarios de los servicios.
«Teniendo como objetivo procurar el menor impacto en los usuarios de las telefonías móviles, las empresas operadoras de telecomunicaciones privadas del país, Tigo y Claro, trabajan en el proceso de interrupción del servicio de telefonía móvil en centros penales, lo que colateralmente afecta a los usuarios que viven, trabajan o transitan en los alrededores de estos centros a nivel nacional», se señaló.
Además, recalca que «el no cumplimiento de esta ley, conlleva grandes penalidades para las empresas involucradas, llegando hasta la cancelación del contrato de concesión». «Como empresas responsables, acatamos las disposiciones legales aprobadas por el gobierno para no obstruir las acciones que se están gestando para la seguridad de la ciudadanía», añade.
El bloqueo se implementará en las ciudades de Puerto Cortés, El Progreso, Yoro, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Gracias, Santa Bárbara, El Porvenir, Tela, Olanchito, Trujillo, Puerto Lempira, Juticalpa, Danlí, Comayagua, La Paz, La Esperanza, Intibucá, Marcala, Choluteca y Nacaome.
Además, en San Pedro Sula, La Ceiba y el valle de Amarateca, donde el bloqueo del servicio será parcial y en las zonas aledañas a los centros penales.
La empresa Tigo anunció el jueves que en cumplimiento a la Ley de limitación de servicio de telefonía móvil en Centros Penales, finalizó el bloqueo de los centros penales que inicio el pasado 7 de febrero.
“Estamos satisfechos de colaborar en las disposiciones del gobierno porque sabemos que nace de la necesidad de brindarle seguridad al pueblo, y en Tigo siempre hemos sido aliados estratégicos de los operadores de justicia y hemos colaborado a los largo de los años en todo lo que podemos” aseguró Otto Pineda, gerente general de Tigo Honduras.
Aunque la fecha límite para cumplir con el bloqueo es el viernes 14 de febrero, en los 24 centros penales del país; la empresa fue aún más diligente para llevar a cabo los ajustes técnicos y está preparada desde ya para las evaluaciones y monitoreo que inician el sábado 15 de febrero por parte de las autoridades de la Conatel, afirmó.
