París – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a las autoridades de Honduras que cancelen la orden de cierre de 5.429 ONG, al considerarlo un ataque a la libertad de asociación.
Entre las organizaciones afectadas figuran «grupos religiosos, asociaciones educativas, médicas y de derechos humanos, nacionales e internacionales», precisó la FIDH en un comunicado.
El Gobierno hondureño tomó esta decisión el pasado día 28 en aplicación de una ley de 2003 que obligaba a estas ONG a actualizar ciertas informaciones sobre su funcionamiento antes de 2013.
Al no producirse, el Ejecutivo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 5.429 organizaciones, además de la liquidación de sus bienes y demás activos.
La FIDH, asociada a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), recordó al Gobierno de Honduras «su compromiso con la sociedad civil y, por lo tanto, el deber del Estado de facilitar que las organizaciones y demás asociaciones civiles de la protección de los derechos humanos, puedan seguir trabajando a fin de garantizar la protección de los ciudadanos».
Agregó que «el derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental de carácter universal, consagrado en numerosos tratados y normas internacionales».
La FIDH y la OMCT urgieron a las autoridades de Honduras a garantizar en todo momento que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo legítimamente sus actividades sin interponerles obstáculos.
Agregaron que Honduras debe garantizar «el cese de todo tipo de acto de hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos» y «el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras».
El Gobierno hondureño tomó esta decisión el pasado día 28 en aplicación de una ley de 2003 que obligaba a estas ONG a actualizar ciertas informaciones sobre su funcionamiento antes de 2013.
Al no producirse, el Ejecutivo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de 5.429 organizaciones, además de la liquidación de sus bienes y demás activos.
La FIDH, asociada a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), recordó al Gobierno de Honduras «su compromiso con la sociedad civil y, por lo tanto, el deber del Estado de facilitar que las organizaciones y demás asociaciones civiles de la protección de los derechos humanos, puedan seguir trabajando a fin de garantizar la protección de los ciudadanos».
Agregó que «el derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental de carácter universal, consagrado en numerosos tratados y normas internacionales».
La FIDH y la OMCT urgieron a las autoridades de Honduras a garantizar en todo momento que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo legítimamente sus actividades sin interponerles obstáculos.
Agregaron que Honduras debe garantizar «el cese de todo tipo de acto de hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos» y «el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras».
