– Embajada de Honduras en Estados Unidos ha llevado la defensa de los intereses del país.
Cemar fue fundada el 21 de junio del 2000 en Honduras como sociedad anónima con la participación de Cerna Argüello y tres hondureños.
La firma comenzó operaciones de venta de cemento en octubre del 2003 y pocos meses después entró en bancarrota en febrero del 2004 y en octubre de ese año Cerna vendió sus activos a la empresa Lafarge-Incehsa, controlada por la matriz francesa Lafarge.
La empresa estaba bajo control de la multinacional francesa al tener la mayoría de acciones de Lafarge-Incehsa, mientras la minoría es controlada por el Instituto de Previsión Militar (IPM), el ente de previsión social de los militares y policías.
Antes de la venta de acciones Cemar para lograr una cuota de mercado rebajó los precios de la bolsa de cemento para competir con Lafarge-Incehsa, pero la acción fue respondida con vigor por la empresa cementera radicada en Siguatepeque.
La joven empresa, con asiento en la zona sur y que importaba desde Japón el material para procesar el cemento, no pudo sostener una virtual “guerra de precios”, como fue denominada por la prensa en esa época, y al final el empresario estadounidense optó por vender sus acciones a la empresa controlada por los franceses.
| Demanda Tras salir del mercado hondureño, Cerna Argüello aprovecho su condición norteamericana y acudió al Congreso de su país para presionar para que le otorgarán compensaciones, ya que acusó que la venta de la empresa constituyó una “expropiación indirecta” de sus bienes. En lugar de acusar a la francesa Lafarge, que tiene más músculos para enfrentar cualquier disputa, además de contar con el apoyo de París, el norteamericano optó por un adversario más débil, que es el Estado de Honduras. La estrategia de Cerna Argüello fue señalar que por ser el IPM un ente oficial, donde el gobierno aporta recursos como patrón para la jubilación de los oficiales militares y policiales, y ser copropietario de Lafarge-Incehsa. Mediante la firma legal que lo representa, (Greenberg Traurig), Cerna Argüello señaló en marzo del 2008 que la inversión y cuantía de sus pérdidas es de 27.4 millones de dólares y que fue producto de la “expropiación indirecta”. El estadounidense comenzó a utilizar los recursos otorgados por el gobierno norteamericano a sus ciudadanos y pidió apoyo a la embajada norteamericana en Tegucigalpa, así como a sus congresistas. Producto de su cabildeo Cerna Argüello logró retener la asistencia dada a Honduras por Washington por medio de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) el 2010, la cual todavía esta vigente. Incluso logró que el 14 de junio del 2011 el representante Dana Rohrabacher (R-CA) introdujera el proyecto de legislación contra Honduras (H.R. 2200) para “Limitar la ayuda a Honduras a, menos que el Presidente certifique ante el Congreso que el Gobierno de Honduras ha pactado todas las reclamaciones por expropiaciones pendientes presentadas por empresas de Estados Unidos contra el Gobierno de Honduras”. |
| Defensa El gobierno hondureño, por medio de su embajada en Estados Unidos, se ha defendido ante las instancias políticas de Washington y ha aclarado que el gobierno no ha expropiado bienes y les ha hecho saber que cerna Argüello no ha presentado reclamación judicial en las instancias de Honduras, ni tampoco se acogió a mecanismos bilaterales y multilaterales internacionales para resolver conflictos. Desde el 2010 el embajador hondureño en Washington, Jorge Ramón Hernández Alcerro, ha llevado el caso ante los congresistas, senadores y funcionarios del Departamento de Estado y logró que el congresista Rohrabacher no continuara impulsando su iniciativa y el representante se manifestó complacido que el caso tome el curso legal, luego que el inversionista aceptara someter su reclamo a arbitraje conforme al Tratado Bilateral de Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión que entró en vigencia en 2001. La firma legal Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, asumió la representación de Cerna Argüello, y propone que la controversia se resuelva de conformidad a la Sección 3 (a) (iv) del Tratado Bilateral de Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión e incluso propuso que la misma sea bajo un único árbitro seleccionado bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, con base en Washington y con el inglés como idioma oficial, dictando su sentencia en un año. Por su lado la contrapropuesta de Honduras del 25 de junio, hecha por su representante legal abogado Juan Basombrío de la Firma Dorsey Whitney LLP, propone que el arbitraje sea bajo cualquier otra disposición de la Sección 3 (a) de dicho Tratado, con un panel como arbitraje integrado por tres árbitros, sede Tegucigalpa y con el uso del español como idioma base. Hasta el momento no se ha recibido respuesta. |
