La Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información del Estado fue presentada por el parlamentario nacionalista, Rodolfo Zelaya, su contenido no fue socializado y solo se sabe, por boca del legislador, que contiene aspectos de Información Secreta y Ultrasecreta, sin detallar los términos de cada una de estas categorías.
La información «ultra secreta», dijo, la determinará el Presidente de la República en el Consejo de Defensa y Seguridad, mientras que la secreta y la menos secreta se desconoce quién la reserva.
El IAIP en su pronunciamiento dice que esa normativa viola la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública facultada para definir según el artículo 17 la información clasificada como secretay reservada, entre otra.
Asimismo, sostiene que se violan tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13; la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su artículo 4.
«La aprobación de una Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información del Estado, transgrediría normas de carácter nacional e internacional en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas», señala el IAIP.
«El acceso a la información pública es uno de los aspectos más importantes para alcanzar un mayor nivel en la calidad democrática. Sin embargo, cuando se habla de Acceso a la Información Pública no es sólo para hacer mención a una útil herramienta que puedan utilizar aquellos países que aspiren a mejorar su nivel democrático. Hablar del acceso a la información pública también es hacer referencia a un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, reconocido por el Derecho Nacional e Internacional y que le permite tener conocimiento del por qué, para qué, cómo y cuándo de las decisiones públicas tomadas por sus gobiernos», señala en su comunicado el IAIP.
Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública señala que de llegarse a implementar una ley sobre secretos oficiales, el derecho a la información se vería seriamente restringido, imposibilitando la participación ciudadana con el correspondiente menoscabo a la democracia.
