«En el caso de maras y pandillas nosotros no vamos a trabajar como una tregua», dijo a periodistas Hernández, tras participar en un foro de prevención de la violencia en El Salvador, en el que participó junto a sus homólogos de Centroamérica.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que tomó posesión el 27 de enero, «no ha manifestado esa intención directa de replicar una tregua» como la impulsada en El Salvador desde marzo de 2012, enfatizó la funcionaria a Efe.
La Administración del ex presidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) manifestó algún interés en querer reproducir la experiencia salvadoreña, lo que no se concretó.
La «tregua» entre las pandillas ha disminuido en un 52% la cifra de homicidios en El Salvador desde que comenzó su ejecución, según las autoridades salvadoreñas.
La viceministra hondureña destacó que la política del combate a la delincuencia en su país es «integral», ya que a la par de todas las medidas preventivas y de convivencia se están implementando las «represivas y de combate al delito».
La violencia está «focalizada en la zona urbana» en Honduras, que tiene 298 municipios, de los que solo en 15 se registra el 64% de los homicidios, indicó.
Actualmente, Honduras tiene una tasa de homicidios de 75 por cada 100,000 habitantes, lo que significa que «por primera vez en ocho años están bajando estos índices», dijo sin dar detalles.
Hernández participó hoy junto a sus homólogos centroamericanos en el «Foro de Prevención de Violencia», celebrado en las instalaciones del Ministerio de Seguridad salvadoreño.
Con el foro concluyó una reunión de la subcomisión de prevención de la violencia de la Comisión de Seguridad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se inició el miércoles, dijo Hernández a Efe.
Durante la reunión se articularon proyectos regionales, en el marco de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, añadió, aunque no profundizó en ellos.
La Estrategia Centroamericana de Seguridad contempla una veintena de programas y proyectos encaminados a combatir la criminalidad en la región, para cuya ejecución la comunidad internacional se comprometió a aportar unos 2,000 millones de dólares en una conferencia celebrada en 2011 en Guatemala.
