Washington – Las autoridades estadounidenses, que hacen frente a una crisis humanitaria sin precedentes por la llegada de miles de niños indocumentados desde Centroamérica, continúan hoy reubicándolos en albergues en espera de decidir sobre su destino.
La base militar de Fort Sill (Oklahoma), que espera a un grupo de 135 niños que fueron detenidos cuando entraban de manera ilegal en el país, es una de las instalaciones habilitadas para acoger estos menores que acceden por la frontera sur a un ritmo estimado de 400 cada día.
Los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han rebasado su capacidad y están buscando lugares que cubran las necesidades de los menores que, según imágenes filtradas, en algunos casos están recluidos en celdas repletas, recostados en el suelo, sin camas y sin los requisitos mínimos de espacio e higiene.
Miles de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza partieron rumbo a un albergue en California desde Nogales (Arizona), donde se encontraban recluidos en un almacén, mientras varios refugios en Miami han ampliado su capacidad y se preparan para la acogida.
En los últimos siete meses 47.000 niños han cruzado solos la frontera -principalmente por el valle del Río Grande-, la mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El Gobierno estadounidense se centró esta semana en insistir en el peligro que expone para los niños la inmigración ilegal y subrayó que los menores no podrán acogerse a la reforma migratoria que debate el Congreso de EEUU ni a la moratoria a las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron antes de 2007.
«Mi mensaje a los padres que tengan niños en Centroamérica con los que quieran reunirse es que la inmigración ilegal no es segura» dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en un intento coordinado de comunicación para detener este flujo de inmigración.
«Un centro de proceso (adonde son llevados cuando son interceptados) no es lugar para un niño. Poner a un niño en manos de organizaciones criminales de tráfico humano no es seguro», enfatizó Johnson, que prevé viajar en julio a Guatemala.
Esta crisis, atribuida al incremento de la violencia en Centroamérica y la falsa percepción de que los menores puedan beneficiarse de alguno de los beneficios migratorios, pone un interrogante sobre cual será su futuro.
La ley prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU deportar a los niños inmigrantes justo después de su llegada al país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con EE.UU., algo que sí afectaría a los menores procedentes de México.
Según explicó a Efe Philip E. Wolgin, analista de políticas de inmigración del Center for American Progress, todo migrante que viene a los EEUU sin autorización recibe un «aviso de comparecencia» que le pone en un proceso de deportación.
El experto señaló que algunos de estos niños pueden cumplir los requisitos para recibir una visa de inmigrante especial o de asilo, si se demuestra que son víctimas de violencia, abuso o tráfico humano, pero según la organización Niños en Necesidad de Defensa (KIND), el 60% acabará en una orden de deportación.
La Administración ha indicado que estudiará «caso por caso».
Wolgin señaló la importancia de que los niños reciban asistencia legal para «navegar» por el complejo proceso migratorio y, aunque el Gobierno ha puesto en marcha un programa para reclutar a un centenar de abogados y asistentes legales voluntarios que acompañen a los menores en el proceso, consideró que «es necesario hacer más».
Las embajadas de Honduras, Guatemala y El Salvador están trabajando coordinadamente desde Washington para atender esta crisis, puesto que muchos de los menores tienen ya familia en EEUU.
La vicecanciller para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín y el director de Migración, Héctor Rodríguex, visitarán la próxima semana la base de Fort Brown (Texas) y los centros de detención de inmigrantes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Puerto Isabel y Karnes City.
El consulado de El Salvador en Tucson (Arizona) informó que unos 1,154 menores de edad indocumentados están albergados en Tucson, de los que al menos 379 son de su país.
El embajador de Honduras en Washington, Jorge Milla Reyes, ha expresado su preocupación por esa posible deportación de los menores y aseguró que su Gobierno está evaluando si encajaría en el marco de la legalidad internacional.
Durante su visita esta semana a Washington, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reclamó a Estados Unidos «hacer más» para ayudar a Centroamérica a combatir la violencia del narcotráfico que repercute en la huida masiva de niños, a los que considero «desplazados de guerra».
Los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han rebasado su capacidad y están buscando lugares que cubran las necesidades de los menores que, según imágenes filtradas, en algunos casos están recluidos en celdas repletas, recostados en el suelo, sin camas y sin los requisitos mínimos de espacio e higiene.
Miles de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza partieron rumbo a un albergue en California desde Nogales (Arizona), donde se encontraban recluidos en un almacén, mientras varios refugios en Miami han ampliado su capacidad y se preparan para la acogida.
En los últimos siete meses 47.000 niños han cruzado solos la frontera -principalmente por el valle del Río Grande-, la mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El Gobierno estadounidense se centró esta semana en insistir en el peligro que expone para los niños la inmigración ilegal y subrayó que los menores no podrán acogerse a la reforma migratoria que debate el Congreso de EEUU ni a la moratoria a las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron antes de 2007.
«Mi mensaje a los padres que tengan niños en Centroamérica con los que quieran reunirse es que la inmigración ilegal no es segura» dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en un intento coordinado de comunicación para detener este flujo de inmigración.
«Un centro de proceso (adonde son llevados cuando son interceptados) no es lugar para un niño. Poner a un niño en manos de organizaciones criminales de tráfico humano no es seguro», enfatizó Johnson, que prevé viajar en julio a Guatemala.
Esta crisis, atribuida al incremento de la violencia en Centroamérica y la falsa percepción de que los menores puedan beneficiarse de alguno de los beneficios migratorios, pone un interrogante sobre cual será su futuro.
La ley prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU deportar a los niños inmigrantes justo después de su llegada al país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con EE.UU., algo que sí afectaría a los menores procedentes de México.
Según explicó a Efe Philip E. Wolgin, analista de políticas de inmigración del Center for American Progress, todo migrante que viene a los EEUU sin autorización recibe un «aviso de comparecencia» que le pone en un proceso de deportación.
El experto señaló que algunos de estos niños pueden cumplir los requisitos para recibir una visa de inmigrante especial o de asilo, si se demuestra que son víctimas de violencia, abuso o tráfico humano, pero según la organización Niños en Necesidad de Defensa (KIND), el 60% acabará en una orden de deportación.
La Administración ha indicado que estudiará «caso por caso».
Wolgin señaló la importancia de que los niños reciban asistencia legal para «navegar» por el complejo proceso migratorio y, aunque el Gobierno ha puesto en marcha un programa para reclutar a un centenar de abogados y asistentes legales voluntarios que acompañen a los menores en el proceso, consideró que «es necesario hacer más».
Las embajadas de Honduras, Guatemala y El Salvador están trabajando coordinadamente desde Washington para atender esta crisis, puesto que muchos de los menores tienen ya familia en EEUU.
La vicecanciller para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín y el director de Migración, Héctor Rodríguex, visitarán la próxima semana la base de Fort Brown (Texas) y los centros de detención de inmigrantes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Puerto Isabel y Karnes City.
El consulado de El Salvador en Tucson (Arizona) informó que unos 1,154 menores de edad indocumentados están albergados en Tucson, de los que al menos 379 son de su país.
El embajador de Honduras en Washington, Jorge Milla Reyes, ha expresado su preocupación por esa posible deportación de los menores y aseguró que su Gobierno está evaluando si encajaría en el marco de la legalidad internacional.
Durante su visita esta semana a Washington, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reclamó a Estados Unidos «hacer más» para ayudar a Centroamérica a combatir la violencia del narcotráfico que repercute en la huida masiva de niños, a los que considero «desplazados de guerra».
