Tegucigalpa – El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado, ya suman más de dos mil 500, en caso de que los fallos no le favorezcan como usualmente ocurre, las mismas representan una cuantía por el orden de los seis mil millones de lempiras.
– Las demandas contra el Estado ascienden a seis mil millones de lempiras en el caso de los usuales fallos desfavorables.
– La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad, son las instituciones más demandadas.
– Como lo dijo en su momento, el ex presidente Porfirio Lobo, el criterio de que ganarle una demanda al Estado “es como pegarle una patada a un bolo”, aún prevalece.
– A criterio del abogado Alejandro Espinoza, ningún togado de la PGR o del departamento legal de instituciones del Estado, puede ganar un juicio en contra del Estado.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra haciendo una intensa labor contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana en esa dependencia del Estado.
Infraestructura, IP y Seguridad las más demandadas
“Cuando existe conflicto de intereses, todos los días pueden generarse y eventualmente pueden venir las demandas y a nosotros nos corresponde presentar nuestros argumentos y defenderlos ante los órganos jurisdiccionales del Estado para poder evitar que vengan condenas posteriores, pero es algo que no lo podemos evitar por los conflictos interactivos con los particulares en todos los trámites con el Estado”, explicó.
El funcionario detalló que las instituciones del Estado que mayor número de demandas enfrentan figuran la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad.No obstante, Alvarenga aclaró que todas las secretarías y dependencias del Estado enfrentan demandas pendientes, pero la mayoría se concentran en esas tres dependencias principalmente por aspectos laborales e incumplimiento de contratos.
Asimismo, el procurador detalló que producto de esa dos mil 500 demandas, el Estado tendría que erogar una cuantía de seis mil millones de lempiras, aunque asegura que este año se ha logrado reducir esas demandas en un 40 por ciento.
“Desde hace unos 10 años viene arrastrándose esta cantidad de demandas que obviamente por actuaciones irregulares de funcionarios públicos o de gente particular que cree que se le ha vulnerado algún derecho han entablado esas demandas ante los órganos jurisdiccionales del Estado y el papel de la PGR, es llevar la representación legal del Estado y defender sus intereses y en ese sentido, instamos el curso de las mismas de manera de evitar que el Estado sea condenado a pagar estas cantidades y que pierda esas demandas que están litigándose en cada uno de los juzgados y tribunales de la República”, arguyó Alvarenga.
Coerción ha logrado bajar demandas
Aseveró que esos más de seis mil millones de lempiras que representan las demandas en contra del Estado, es solamente una posibilidad pues la abogados saben que en un juicio la probabilidad de ganar una demanda existe tanto para el demandante como para el demandado, en un 50 por ciento para cada uno.
Argumentó que en al momento que se van instando el curso de los juicios, ahí se van aportando las pruebas, interponiendo los recursos, esperando las decisiones de los jueces que se espera resuelvan en base a criterios objetivos y no lo hagan basándose en otras situaciones que no tienen nada que ver con lo que se está litigando en determinado caso y momento.
“En este momento, las normas generales del Presupuesto de la República establecen que los funcionarios públicos que permitan que el Estado erogue cantidades de dinero en concepto de demandas entabladas contra el Estado, serán solidariamente responsables tal como lo establece la Constitución”, señaló.
Afirmó que eso ha generado un control y se ha disminuido la posibilidad de que en este momento, tomen decisiones apresuradas.
En ese sentido, estimó que las demandas en contra del Estado, han disminuido en un 40 por ciento este año debido a los mecanismos adoptados.
Lluvia de demandas
Aunque el funcionario considera como “normal” las demandas, para el ex diputado y abogado Orle Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado debe parar ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan libres.Ejemplificó que todas las demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han prosperado, desafortunadamente para el Estado. Esta situación, a juicio de Solís, podría calificar para que las demandas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.
“Recordemos que de las últimas demandas que se han interpuesto contra el Estado de Honduras, en su mayoría, ha sido condenado, eso no puede continuar, eso es grave, es difícil y esperamos que las autoridades encargadas de la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sean diligentes para atender esta situación porque no se puede continuar, quien paga es el pueblo y los que cometieron las irregularidades andan libres”, reiteró Solís.
Y es que hasta junio de 2013, más de 522 millones 879 mil 275 lempiras había perdido el Estado de Honduras en demandas de años recientes, las que han sido ganadas por los demandantes con una gran facilidad.
El Estado de Honduras es demandando constantemente principalmente las acciones entabladas de tipo laboral y por incumplimiento de contratos, lo que refleja que los funcionarios públicos encargados de manejar esos casos continúan haciendo los procedimientos mal y en algunos casos, hay sospechas de que se ha hecho deliberadamente o en colusión con el demandante.
Pero el Estado también es demandado hasta por casos de mala praxis médica tal como ocurrió el año pasado cuando el Estado se vio obligado a pagar 30 millones de lempiras por un emplazamiento contra la Secretaría de Salud por una mala praxis practicada a Digna Ester Almendares.
Almendares murió después de practicársele una cesárea en el hospital Materno Infantil y los familiares procedieron a entablar la demanda.
Las empresas constructoras también figuran entre los demandantes, con raras excepciones, que también derrotan fácilmente al Estado, tal como sucedió el año pasado con una constructora que demandó por 152.2 millones de lempiras a la entonces Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
La demanda fue interpuesta por la construcción y pavimentación de la carretera Villa de San Francisco-San Juan de Flores-Talanga, tramo carretero de 21 kilómetros.
El año pasado, cuando fungía como procuradora general, la ahora presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, se anunció que varios ex funcionarios habían sido demandados por la PGR para que respondieran en los tribunales por los malos procedimientos ejecutados en sus administraciones.
La PGR anunció que ex ministros de Soptravi serían demandados por la negligencia presentada ya que en los últimos tres años, esa dependencia perdió 21 demandas, la mayoría por no cumplir los contratos celebrados y, según la Procuraduría General, es la institución por la que más se litiga en los tribunales.
Otras instituciones como la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) están entre las más demandadas.
Autoridades de la PGR revelaron, en noviembre del año pasado, que el Estado en los últimos tres años perdió 522 millones 879 mil 725 lempiras.
Desde junio de 2012, el entonces presidente, Porfirio Lobo, pidió en Consejo de Ministros, un informe completo a cada secretaría sobre demandas en contra de sus dependencias, así como el nombre de los abogados demandantes, defensores y de los jueces que llevan dichos casos.
También solicitó a los ministros y directores «contrastar el monto de la demanda original con lo que se obliga a pagar», sin embargo, su gobierno concluyó y no se conoció sobre resultados positivos a favor del Estado.
Casos relevantes
Sin embargo, a pesar de que Alvarenga asegura que este año las demandas contra el Estado han disminuido en un 40 por ciento, la lluvia de demandas entabladas contra el Estado no se detienen y recientemente ex miembros de la ya desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Ciudadana (CRSC), demandaron al Estado con más de 100 mil dólares por incumplimiento de contrato y salarios caídos.
En febrero del año pasado, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo determinó ratificar la demanda interpuesta por la ex presidenta del Banco Central de Honduras (BCH) y ahora diputada liberal, Gabriela Núñez, en contra del Estado y que asciende a siete millones de lempiras.
La sentencia condenatoria obliga al Estado hondureño a cancelar la suma millonaria a favor de Núñez, quien había interpuesto la demanda por considerar su despido ilegal al frente del BCH en la gestión de Manuel Zelaya (2006-2009).
El abogado Alejandro Espinoza quien ha entablado demandas laborales en contra del Estado, señaló que por lo general, la administración pública nunca agota las instancias administrativas para despedir empleados los que tienen el derecho de defenderse mediante una audiencia de descargo y procede directamente a cancelar al trabajador políticamente y entonces cuando esas personas buscan a un abogado, se establece que no se agotó ningún trámite administrativo y entonces “de plano, ese es un juicio que se gana, ese es como un gol”.
Procedimiento de despidos es fatal para el Estado
Sobre la responsabilidad que se les va a deducir a los funcionarios que despiden ilegalmente a los empleados, Espinoza indica que eso siempre ha existido, pero el problema es el procedimiento y por eso siempre el Estado ha perdido las demandas y ni los mejores abogados dentro de la PGR o del departamento legal de alguna secretaría o dependencia del Estado, puede ganar un juicio de ese tipo porque no se dan cuenta del procedimiento que se siguió para hacer el despido, hasta que llega el receptor del juzgado para comunicarle que han sido demandados.Indica que lo mismo ocurre en las demandas por mala praxis médica y las que entablan las compañías constructoras a las que o no les pagan o incumplen el contrato y en el caso del sector salud, no le pagan a los proveedores de medicamentos o insumos y en esos casos, ningún abogado del Estado va a ganar uno de esos juicios.
“Ahorita yo le gané un juicio al Estado a medias, dieron unas cesantías ahí y a mi clienta no le preguntaron si tenía hijos a cargo de ella, y sólo por eso yo les gané el juicio, porque el Estado no puede despedir a madres que tengan hijos bajo su responsabilidad”, ejemplificó Espinoza.
Agregó que presentó los recibos de pago del colegio y las partidas de nacimiento y en el expediente administrativo, no consta que el Estado le haya preguntado a esa servidora pública que tenía hijos bajo su responsabilidad y el resultado es que él los venció en ese juicio.
Considera que si en las instituciones se dan cuenta que hicieron mal el procedimiento de despido, lo correcto es que procedan a pagar las prestaciones a fin de evitar las demandas, pero el problema es que van apelando y cada mes que pasa representa un salario a la persona afectada.
Refirió que hace tres años lleva el juicio de un ex empleado del Instituto Nacional Agrario (INA), lo que representa 36 meses de salario, los mismo que tres años de aguinaldo, décimo cuarto salario, vacaciones y si en la plaza hubo incremento de sueldo, también se debe hacer el ajuste.
Indicó que cuando la administración va a practicar un recorte de personal, debe contar con el presupuesto para el pago de prestaciones para evitar el entablamento de demandas y que los mismos se engorden año con año.
Excepción A inicios de marzo de este año, la apoderada legal de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Waldina Aguiluz, dijo sentirse contenta y orgullosa luego de haber evitado que el Estado de Honduras le pagara 845 millones de lempiras que con intereses, sumaba más de mil millones de lempiras, a una empresa constructora de la zona norte del país. Comentó que es inusual que el Estado de Honduras gane una demanda de ese tipo por lo que reiteró su satisfacción por haber adquirido ese logro que ella comenzó a defender desde julio de 2007. Por esa acción, la togada fue felicitada por el propio presidente Juan Orlando Hernández. |
