Caracas – La Ley de Precios Justos, un instrumento con el que el Gobierno de Venezuela pretende controlar los precios y acabar con la escasez, entró hoy en vigor con medidas que contemplan la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
El presidente Nicolás Maduro aprobó la ley en noviembre pasado a través de una ley Habilitante, usando entonces por primera vez un mecanismo por el cual puede legislar sin control parlamentario, pero estaba pendiente de ser ratificada por el Tribunal Supremo para adquirir carácter orgánico, lo que se produjo ayer, según indicó el propio gobernante.
La ley, publicada hoy en Gaceta Oficial, establece que el margen de ganancia será establecido anualmente «atendiendo criterios científicos» por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).
«En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio», señala la norma.
La ley prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, el cierre temporal de un establecimiento o la suspensión de licencias así como el «ajuste inmediato» de precios.
En el apartado de lucha contra el acaparamiento establece que quienes «restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados (…) para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años».
Además, prevé multas que van desde 107.000 bolívares (17.000 dólares) a los 5,3 millones de bolívares (850.000 dólares).
El nuevo mecanismo se articula bajo la SUNDDE, que ejercerá la «rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios».
Este organismo tendrá capacidad para «fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo de acuerdo a su importancia y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios».
Esas prerrogativas alcanzan al establecimiento de criterios para fijar los cánones de arrendamiento de los locales comerciales.
Como ya había adelantado en noviembre Maduro, la norma establece la creación de un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (UPDAE) en el que deben estar inscritos quienes realicen actividad económica y comercial.
Además, prevé asuntos referidos al uso de las divisas como que aquellas empresas que importen o utilicen dólares del Estado deberán firmar un contrato que les obligue a gastarlos para el objeto solicitado o que los bienes importados con esos recursos muestren una etiqueta identificativa.
La norma también establece la derogación de la anterior Ley de Costos y Precios Justos aprobada en julio de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, quien sancionó aquella ley como una forma de acelerar la «transición» al socialismo y llamando a «que se acabe la especulación, que se acabe el acaparamiento».
