“Se está investigando un delito de malversación de caudales públicos, delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos, todo enfocado en la ejecución de varias obras o proyectos dentro de la Portuaria”, declaró Guzmán.
El funcionario de la Fiscalía hondureña dijo que las obras ejecutadas en la Empresa Portuaria no fueron sometidas a lo que establece la Ley de Contratación del Estado, por lo que se incurrió en un delito de orden público.
Además, precisó que la investigación está enfocada en la administración de Darío Gámez, en vista que es contra quien hicieron la denuncia.
Esta semana, el titular del gabinete de Infraestructura Productiva, Roberto Ordóñez, advirtió que no tolerarán abusos y corrupción en la Empresa Nacional Portuaria.
“No vamos a tolerar ningún acto reñido con las buenas prácticas administrativas y morales”, expresó el funcionario.
Consultado sobre la posibilidad de intervenir la ENP, el ministro de Infraestructura dejó entrever que es una de las posibilidades que se contemplan.
También anunció que la próxima semana hará una visita a Puerto Cortés para conocer de cerca todo lo que se ha denunciado y tomar cartas en el asunto.
