Huntsville (EE.UU.) – El preso mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, fue ejecutado hoy mediante inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas), después de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara el último recurso presentado por sus abogados.
Según explicaron a Efe testigos presenciales de la ejecución, Tamayo declinó decir unas últimas palabras antes de la inyección letal que acabó con su vida a las 21.32 hora local del miércoles (03.32 GMT de este jueves).
La ejecución del preso mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994, se produjo con tres horas de retraso, debido a la presentación de un recurso de última hora ante la Corte Suprema de EE.UU., que lo rechazó
A petición del preso, ningún familiar suyo presenció sus últimos momentos, a los que sí asistieron diversos parientes del agente asesinado, Guy Gaddis, entre ellos la madre y otros familiares cercanos.
Pocos minutos después de la ejecución, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, acusó al gobernador de Texas, Rick Perry, de «haber faltado al respeto a Tamayo, a Texas, a México y a Estados Unidos».
La ejecución se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que denunciaron la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo.
En las horas previas, el reo mexicano había confesado que estaba «listo» para morir y que veinte años en el corredor de la muerte «son demasiados», según dijeron fuentes penitenciarias.
En su último día de vida, el preso tuvo ocasión de saludar y hacerse fotos junto a su padre y sus hijas, a quienes pidió «que mantuvieran la calma y estuvieran tranquilos».
Tamayo no pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de puerco, arroz, verduras, maíz, café y té.
Las distintas peticiones de los abogados del preso fueron rechazadas en menos de 24 horas y de forma consecutiva por un tribunal de Texas, la Junta de Perdones del estado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans y, finalmente, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Según los abogados de la defensa, Tamayo nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal del consulado de México, recogido en la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos.
Además, la Corte Internacional de Justicia CIJ) ordenó en 2004 a EE.UU. que revisara las condenas a muerte de aquellos presos cuyo derecho a la notificación consular hubiera sido violado, como en el caso de Tamayo.
A pesar de esa resolución judicial, otros dos presos mexicanos en la misma situación fueron ejecutados en los últimos años.
Ese hecho ha tensado en las últimas semanas las relaciones de los gobiernos de México y EE.UU., a pesar de que el propio secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llegó a exigir en diciembre pasado a las autoridades de Texas que revisaran el caso de Tamayo debido a la violación de sus derechos consulares.
Otra circunstancia que alimentó todavía más las protestas de las organizaciones humanitarias fue la discapacidad mental leve que padecía el preso desde su adolescencia, y que fue diagnosticada por un psicólogo en 2008.
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió en 2002 la ejecución de reos con discapacidad mental, pero cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA con sede en Washington, exigió la suspensión de la pena por considerar que Estados Unidos había violado los derechos del preso mexicano a un juicio justo.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México presionaron hasta el último momento para evitar la ejecución, pero el gobernador Perry se negó a suspender la pena y mantuvo que el preso mexicano estaba «sujeto a las leyes estatales» y había tenido «un juicio justo».
En una carta remitida a Efe por el propio Tamayo, fechada el 14 de enero pasado, el preso confesaba que todavía tenía «la esperanza» de que su caso fuera revisado, aunque también señalaba que se había preparado mental y físicamente para cualquier decisión.
De los 330 presos condenados a muerte en Texas, doce son mexicanos.
Las autoridades tienen previsto ejecutar al menos a otros seis presos en 2014.
La ejecución del preso mexicano, condenado a muerte por el asesinato de un policía estadounidense en 1994, se produjo con tres horas de retraso, debido a la presentación de un recurso de última hora ante la Corte Suprema de EE.UU., que lo rechazó
A petición del preso, ningún familiar suyo presenció sus últimos momentos, a los que sí asistieron diversos parientes del agente asesinado, Guy Gaddis, entre ellos la madre y otros familiares cercanos.
Pocos minutos después de la ejecución, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, acusó al gobernador de Texas, Rick Perry, de «haber faltado al respeto a Tamayo, a Texas, a México y a Estados Unidos».
La ejecución se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que denunciaron la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo.
En las horas previas, el reo mexicano había confesado que estaba «listo» para morir y que veinte años en el corredor de la muerte «son demasiados», según dijeron fuentes penitenciarias.
En su último día de vida, el preso tuvo ocasión de saludar y hacerse fotos junto a su padre y sus hijas, a quienes pidió «que mantuvieran la calma y estuvieran tranquilos».
Tamayo no pidió ningún menú especial a las autoridades de la cárcel y comió el que estaba disponible en la prisión: costillas de puerco, arroz, verduras, maíz, café y té.
Las distintas peticiones de los abogados del preso fueron rechazadas en menos de 24 horas y de forma consecutiva por un tribunal de Texas, la Junta de Perdones del estado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans y, finalmente, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Según los abogados de la defensa, Tamayo nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal del consulado de México, recogido en la Convención de Viena, a la que está suscrito Estados Unidos.
Además, la Corte Internacional de Justicia CIJ) ordenó en 2004 a EE.UU. que revisara las condenas a muerte de aquellos presos cuyo derecho a la notificación consular hubiera sido violado, como en el caso de Tamayo.
A pesar de esa resolución judicial, otros dos presos mexicanos en la misma situación fueron ejecutados en los últimos años.
Ese hecho ha tensado en las últimas semanas las relaciones de los gobiernos de México y EE.UU., a pesar de que el propio secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llegó a exigir en diciembre pasado a las autoridades de Texas que revisaran el caso de Tamayo debido a la violación de sus derechos consulares.
Otra circunstancia que alimentó todavía más las protestas de las organizaciones humanitarias fue la discapacidad mental leve que padecía el preso desde su adolescencia, y que fue diagnosticada por un psicólogo en 2008.
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió en 2002 la ejecución de reos con discapacidad mental, pero cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA con sede en Washington, exigió la suspensión de la pena por considerar que Estados Unidos había violado los derechos del preso mexicano a un juicio justo.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México presionaron hasta el último momento para evitar la ejecución, pero el gobernador Perry se negó a suspender la pena y mantuvo que el preso mexicano estaba «sujeto a las leyes estatales» y había tenido «un juicio justo».
En una carta remitida a Efe por el propio Tamayo, fechada el 14 de enero pasado, el preso confesaba que todavía tenía «la esperanza» de que su caso fuera revisado, aunque también señalaba que se había preparado mental y físicamente para cualquier decisión.
De los 330 presos condenados a muerte en Texas, doce son mexicanos.
Las autoridades tienen previsto ejecutar al menos a otros seis presos en 2014.
El Gobierno mexicano lamenta ejecución La Cancillería mexicana lamentó hoy la ejecución del reo Edgar Tamayo en Estados Unidos y reiteró que la decisión representa un desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en 2004 sobre el llamado «Caso Avena». «El mexicano Edgar Tamayo Arias fue ejecutado el día de hoy en Texas», anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido poco después de que las autoridades de Texas (EE.UU.) confirmaran la muerte mediante una inyección letal del reo. La nota recordó las gestiones realizadas por el Gobierno mexicano para obtener la revisión del caso y la reconsideración por parte de las autoridades judiciales de Texas, «a la luz de la falta de notificación consular» cuando Tamayo fue detenido. «El Gobierno de México hace un llamamiento para que tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países», añadió la nota oficial. La ejecución de Tamayo «viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el ‘Caso Avena’ (2004)», que alude a la asistencia consular a los detenidos, recordó la cancillería mexicana. Añadió que «esta decisión ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuesta al señor Edgar Tamayo, así como a otros 50 connacionales, cuyo derecho a la notificación y asistencia consultar fue violado por las autoridades de Texas al momento de su detención». El comunicado también reiteró que «la importancia fundamental de este caso es el respeto al derecho de acceso a la protección» que ofrecen los consulados mexicanos en el exterior. La Cancillería señaló que las autoridades mexicanas han brindando «la debida asistencia consultar» a los familiares de Tamayo. «A solicitud de la familia Tamayo, dicha ayuda se mantendrá en el proceso de traslado a México» de sus restos, agregó la nota. |
