– 19 víctimas registra el Conadeh en ataques criminales registrados en dos iglesias del país, una que se reportó el 29 de junio de 2013 en una aldea de Victoria, Yoro, que dejó como saldo cuatro muertos y 10 heridos y la otra casi un año después, el 24 de junio de 2014, en una comunidad de San Juan de Opoa, Copán, con un saldo de tres muertos y dos heridos.
Los crímenes al interior de los centros religiosos se venían presentando como hechos aislados en los últimos tres años, pero ha sido en el 2014 donde el acento ha sido mayor y la violación de sus propios códigos también al asesinar a maestros frente a sus alumnos o a un feligrés mientras hacía sus plegarias en los cultos.
El crimen de un maestro en la comunidad de Tela, en Atlántida, y luego otro en Santa Rita de Yoro, así como otros docentes en el corredor norte del país, ha impactado a la sociedad que no termina de digerir qué es lo que pasa realmente en Honduras en materia de violencia e inseguridad.
El impacto de estas muertes en los menores que presenciaron directamente los hechos, o quienes fueron espectadores indirectos por la información en los medios de comunicación o el mensaje de voz a voz en las comunidades aledañas, busca en cierta medida desafiar a la autoridad, paralizar a la sociedad con el miedo y reivindicarse como “invencibles” frente a quienes les contratan al amparo de la obscuridad y la impunidad.
Iguales escenas se repiten en los centros religiosos, en su mayoría evangélicos en zonas remotas del país, ya sea en el corredor atlántico o en occidente, donde también se está registrando muertes de comunicadores rurales, en particular en los occidentales departamentos de Lempira y Copán, así como en el nororiental departamento de Olancho.
En la prensa local es común el registro de estas muertes y hay quienes se atreven a decir, que en el caso de los centros cristianos, existen fuertes indicios de infiltración del crimen organizado para controlar zonas territoriales en disputa o para el lavado de dinero.
Así lo expresó recientemente el reverendo evangélico Mario Fumero, en un foro televisivo, al achacar el crimen cometido contra cuatro personas, en la comunidad de La Cebratana, en San Juan Opoa, en Copán, a hechos ligados a la criminalidad organizada por la tipología del caso.
Al acecho de los templos Fumero dijo que los barones de la droga estarían infiltrando las iglesias evangélicas con propósitos desconocidos y no descartó que también para facilitar el uso de lavado de dinero en el país. Sus palabras encontraron eco en el también pastor evangélico, Alberto Solórzano, al indicar que en la Confraternidad Evangélica, de la cual es su coordinador, han recibido más de cuatro denuncias de supuesto uso de templos evangélicos para fines del narcotráfico y crimen organizado. Están abriendo una investigación, adelantó. Pero otros expertos si bien no descartan la tesis de los pastores evangélicos, ven en los crímenes en las escuelas y colegios, así como en las iglesias evangélicas -donde han ocurrido con mayor frecuencia- un patrón de conducta muy similar al de carteles violentos de las mafias mexicanas, en donde la criminalidad organizada rompió sus propios códigos de convivencia, por así decirlo. |
Violencia de carteles mexicanos en Honduras
Estos códigos que caracterizaron por algún tiempo a los carteles colombianos de la era de Pablo Escobar Gaviria, estaban relacionados con no trasgredir algunos límites, entre ellos el de las familias o el de espacios considerados “sagrados” como iglesias y centros educativos, por ejemplo.
Pero la narcoviolencia en México trastocó cualquier regla, entre ellas la de no tocar a la familia. Los carteles mexicanos, más violentos que los colombianos, rompieron todos esos códigos no escritos pero válidos hasta hace algún tiempo.
En Honduras, cuya violencia e inseguridad está marcada por el desplazamiento de los carteles mexicanos y colombianos hacia el triángulo norte de Centroamérica, esa modalidad de las bandas criminales de México se hace sentir con la crueldad con que se producen varios crímenes que van desde mutilaciones, cuerpos encostalados y crímenes en sitios impensables como centros educativos, religiosos y hasta supermercados.
Los códigos mínimos han sido trasgredidos, dicen los expertos que analizan las modalidades con que opera la criminalidad organizada en la región centroamericana y latinoamericana.
La teoría criminal de querer imponer el miedo, incluso con la quema de autobuses y de sus conductores, busca desestabilizar y desafiar una autoridad que de momento, intenta controlar uno de sus grandes negocios como es la extorsión, intentando llegar a las verdaderas redes que mueven este millonario negocio en Honduras.
La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, dijo recientemente que mientras no existan reglas de control más rigurosas al sistema financiero y bancario, seguirán capturando extorsionadores, pero el negocio se mantendrá floreciente mediante el lavado de dinero, porque siempre habrá quien supla a las mulas utilizadas para las extorsiones.
De fondo, todas estas acciones de intimidación del crimen organizado elevan su perfil en momentos que Honduras ha entrado a la irreversible etapa de las extradiciones, en su estrategia de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
