Tegucigalpa – Alrededor de 400 personas componen el Programa de Protección a Testigos en Honduras, pese a las limitaciones presupuestarias que atraviesa el Ministerio Público. La herramienta judicial afronta una gran demanda por parte de la población que con el paso del tiempo adquiere la cultura de la denuncia, en estos tiempos que el crimen y la impunidad caminan de la mano.
– Fiscalía busca en la OABI y la Tasa de Seguridad gestionar recursos para fortalecer el Programa de Protección a Testigos.
– Existen diferentes maneras de proteger a un testigo, de acuerdo al grado de complejidad del expediente judicial.
Aunque la norma se aprobó en junio de 2007, vale la pena mencionar que en los últimos años ha cogido su mayor impulso. El factor económico sigue siendo el principal obstáculo reconocen actores involucrados en el proceso.
Común es ver en losjuzgados de la República durantedistintas audiencias a personas cubiertas con un “chacal” -llámese así a la vestimenta negra y larga- que cobija la identidad de los testigos.
El coordinador de la Unidad del Testigo Protegido del Ministerio Público, German Enamorado, informó que sólo la semana anterior llegaron a la Fiscalía 30 personas a solicitar protección para ayudar a esclarecer algunos casos.
“La cantidad global ya se está aproximando a las 400 personas bajo el régimen de protección y los mecanismos son de diversos tipos. Hay una demanda que crece diariamente, para el caso la semana anterior se presentaron con necesidad de protección 30 personas por distintos casos”, explicó Enamorado.
El funcionario indicó que la Fiscalía hondureña está haciendo grandes esfuerzos con el presupuesto que tiene, para poder dinamizar de mejor manera la atención a estas personas.
Importante fortalecer la figura de testigo protegido
Para el académico nacional, Matías Funes, debe ser una prioridad del Ministerio Público fortalecer la figura de testigo protegido. A criterio del ex integrante de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), este instrumento jurídico es importante para esclarecer datos en relación a actos delictivos que se cometen en el país.
“El testigo protegido vuelve confiable la información que pueda brindar, naturalmente hay un riesgo para el testigo protegido en el sentido de que los delincuentes son desalmados y pueden hacer cualquier cosa con aquellos que de alguna forma los denuncian”, estimó.
Sin embargo, Funes dijo que si este programa se maneja con cuidado no deberían existir mayores problemas. “Me parece importante esta figura que ha dado resultados en otros países del mundo y creo que aquí en Honduras también puede funcionar, siempre y cuando se salvaguarde la seguridad y la vida del testigo”, refirió.
Funes reconoció que el número de testigos protegidos se ha incrementado en los últimos años debido a que ahora hay una cultura de denuncia, aunque señaló que “naturalmente esto requiere de un mayor presupuesto, en ese sentido tiene razón el Ministerio Público de solicitar más recursos para que las cosas funcionen correctamente”.
Recomendó que “el programa debe fortalecerse en vista de la importancia que los testigos protegidos tienen en la investigación de la criminalidad y por ende en que muchos actos delictivos que se comenten en el país no caigan en esa impunidad que se ha enseñoreado desgraciadamente en la sociedad hondureña”.
Fiscal adjunto: No funciona con el presupuesto que debería
Consultado por Proceso Digital, el fiscal adjunto del MP, Rigoberto Cuéllar, aceptó que el Programa de Protección a Testigos no funciona con todo el presupuesto que debería tener. En tanto, aseguró que existe anuencia de buscar recursos económicos para fortalecerlo.Dijo que tocarán las puertas de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), así como la Tasa de Seguridad con el fin primordial de vigorizar esta unidad que desde hace algún tiempo ha dado buenos frutos.
Asimismo, agregó que la Fiscalía hondureña no debe depender en gran parte del Programa de Protección a Testigos. “Somos conscientes que en situaciones se pone en grave riesgo la vida de las personas, por lo tanto también estamos fortaleciendo la prueba científica a través de proveer de más insumos a Medicina Forense. Tramitamos nuevos laboratorios, morgues móviles, a fin que la prueba científica recupere su espacio dentro de lo es el proceso penal”, apuntó.
¿Cómo funciona el Programa?
Sin profundizar en mayores detalles por razones de seguridad, el fiscal adjunto explicó que el MP tiene bien estructurado el plan que siguen las personas que deciden servir como testigos protegidos.Las características del caso judicial son fundamentales para establecer el proceso que se seguirá bajo este programa. “Tenemos múltiples maneras de proteger a un testigo dependiendo el grado de peligrosidad en la que se encuentra”, añadió.
Cuéllar citó que en la mayoría de los casos se mantienen ocultos los nombres de los testigos en el expediente judicial, también se esconde su rostro, se disfraza la voz al momento de la declaración, existen traslados a otras zonas del territorio, se les consigue otro empleo fuera de la ciudad donde les toca testificar, hasta tramitarle asilo en otro país de la región.
Las personas protegidas estarán exoneradas del pago de tasas, impuestos, contribuciones y cargas públicas que estas autoridades cobren normalmente por la provisión de estos servicios, siempre que tengan relación directa con la protección.
Los servidores públicos incorporados al programa gozarán de licencia remunerada por un plazo máximo de un año, desde que se les otorgue la protección. Transcurrido dicho plazo si no se hubiese normalizado la situación, el Estado le otorgará la cesantía, reconociéndole todos sus derechos.
