En ese sentido, en el decreto está orientado a interpretar el artículo 125 de las disposiciones generales del Presupuesto General de la República, a fin de que en su último párrafo no debe aplicarse ese beneficio a funcionarios del servicio excluido como secretarios y subsecretarios de Estado, secretarios generales, directores o directoras, subdirectores o subdirectoras, gerentes o directores de entidades desconcentradas y descentralizadas del Estado, secretarios o secretarias ejecutivas, secretarios privados, gerentes administrativos y comisionados nombrados por el presidente de la República.
En la misma ruta, el Congreso Nacional, aprobó también con dispensa de dos debates, un proyecto de ley dictaminado por la comisión ordinaria de presupuesto, presentado por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Rosel Renán Inestroza, orientado a prohibir a los funcionarios públicos del Estado con categoría de servicio excluido a realizar una consolidación de sus sueldos con los gastos de representación que reciben por las funciones que desempeñan.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público, harán las gestiones pertinentes para reparar cualquier gestión y deducción de las responsabilidades que el caso amerite El decreto fue respaldado por amplia mayoría de diputados de todas las bancadas como una manera de parar los abusos en la administración pública.
