Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles en tercer y último debate el decreto dictaminado por la comisión de seguridad y previsión ciudadana y enviado por la Secretaría de Seguridad orientado a conceder ascensos de oficiales de la Policía Nacional en las escalas ejecutiva y superior.
Ascensos policiales
En ese sentido, se asciende a los comisionados de policía, Ramón Antonio Sabillón Pineda, Félix Villanueva Mejía, José Cliserio Oliva Acosta, Joaquín Amado Mejía Alvarenga y Elder Madrid Guerra, al grado de comisionado general de policía.
Asimismo, se asciende a los subcomisionados de policía Gustavo Adolfo Fajardo Hernández, Roger Medardo Maradiaga Amador, Ramón Banegas Carda, Wilmer Danilo Martel Valle y Erick Nadal García Canales al grado de comisionados de policía.
Además, se confiere el ascenso a los comisarios de policía Miguel Roberto Pérez Suazo, Mecil Marín Aguilar Amaya, Eber Danilo Mejía Mejía, Félix Alejandro Maldonado Jiménez, Edwin Martín Murillo Rivera, Nahúm Hernández Escobar, Marder Romero Escobar, Mauro Antonio Flores Santos, Julio Roberto Romero Canales, Lincoln Gustavo Pacheco Murillo, José Luis Flores Ordóñez, Wilson Antonio Alvarenga Núñez, Miguel Alberto Ponce Sorto, Elmer Santiago Portillo Pleites; Gerson Omán Velásquez Aguilera y Francis Arturo Rivera al grado de subcomisionado de policía.
También se asciende a los subcomisarios de policía, Alden Enrique Laínez Cruz, Eunice Masiel Matute, Manuel de Jesús Serbellón Montoya, Walter Rafael Verela Seliezar, Doris Estela Cortés Padilla, Jorge Leonardo Velásquez Aguilar, Eduardo Enrique Lanza Lozano, Wilmer Mayes Ríos, Nolvia Cristina Osorto Herrera, Luis Antonio Bustamante Lozano, Román Adolfo Hernández Maldonado, Olma Misael Valeriano Ardón y Wilmer Pineda, al grado de comisarios de policía.
Mediante el decreto también se asciende al subcomisario de policía, Igler Rubén Osorio Paz al grado de comisario de policía de los servicios.
Los razonamientos para dictaminar favorable el decreto es que más de 200 oficiales han salido del cuerpo de policía, por no haber pasado las pruebas de confianza o por efecto de renuncia, lo que ha debilitado la fuerza policial, sobre todo en mandos intermedios.
El presidente de la comisión de seguridad, José Tomás Zambrano, explicó que el año pasado el Congreso Nacional hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y en el artículo 43, se estableció una nueva modalidad y en ese sentido, este es el primer asenso dentro de la institución policial en la escala superior y ejecutiva que la presente Cámara Legislativa va a aprobar.
Indicó que cada uno de esos miembros de la Policía, desde comisario a comisionado general, lleva a cabo un riguroso proceso por cinco años de preparación en el grado que ostenta y una vez que se ha pasado por ese período, se reúne el directorio estratégico, realiza toda una investigación, emite una opinión y un dictamen a la Secretaría de Seguridad y el ministro de esa cartera, es quien envía la iniciativa de ley al Congreso Nacional.
Entre otros requisitos durante cinco años, los ascendidos deben cursar y aprobar un diplomado de alta gerencia policial con duración de seis meses en la Universidad de la Policía, tener una licenciatura en ciencias policiales, igualmente aprobar con una nota mínima de 70 por ciento, una prueba física por cada año durante los cinco años de servicio, aprobar un examen sicológico, examen toxicológico, examen sicométrico, aprobar la investigación socioeconómica, pruebas de aptitudes y aprobar la prueba del polígrafo, es decir, aprobar todas las pruebas de confianza de manera integral, precisó Zambrano.
Asimismo, se necesita llenar los espacios que han quedado vacíos en la pirámide jerárquica, de lo contrario podría afectar el combate contra la delincuencia. La iniciativa representa un fortalecimiento institucional de la Policía ya que se están ascendiendo a las promociones más antiguas y con los méritos policiales, personales y de cada uno de ellos. Esos asensos se están esperando desde diciembre del año pasado por lo que hay un retraso, destacó.
Mercado de Valores
Este miércoles también se terminó de aprobar en tercer y último debate el decreto presentado a la Cámara Legislativa por la diputada liberal por Francisco Morazán y presidenta de la comisión ordinaria de finanzas, Gabriela Núñez orientado a prohibir la intermediación en las transacciones entre instituciones del Estado.
La parte medular del decreto, establece que se reforma por adición el artículo nueve de la Ley de Mercado de Valores a fin de prohibir los intermediarios en todas aquellas operaciones de valor entre instituciones del sector público, incluidas las municipalidades, para toda operación efectuada en el mercado secundario por instituciones públicas y con el propósito de ahorrarle al Estado y evitar adiciones de dudosa credibilidad.
En ese sentido, solamente podrán realizar ofertas públicas de valores, se prohíbe a las instituciones públicas de previsión y al resto de los entes del sector público, incluidas las municipalidades, el uso de intermediarios para la negociación de valores en el mercado secundario cuando estas sean entre instituciones del mismo sector público, realizar inversiones de títulos gubernamentales sea con recursos propios o de los fondos o proyectos bajo su respectiva administración.
Asimismo, el acceso a los eventos de negociación de valores gubernamentales para realizar inversiones destinadas para la tendencia de su propia cartera.
A sugerencia de algunos diputados, al decreto se le agregó que la prohibición también se extiende a las transacciones entre instituciones estatales y empresas privadas.
En ese sentido, en la redacción final del decreto se establece que en la negociación de títulos valores del Estado en el mercado secundario entre instituciones públicas y empresas privadas, el empleo de entes bursátiles será opcional.
Elecciones en San Luis y Premio Identidad Nacional
A petición del presidente Mauricio Oliva, en la sesión de este miércoles, se aprobó con dispensa de dos debates un decreto presentado por la diputada liberal por Comayagua, Gloria Bonilla, orientado a que la Secretaría de Finanzas amplíe la asignación presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de 2014, creando una asignación de 850 mil lempiras para financiar la celebración de las elecciones de alcalde, vicealcalde y primer regidor de la municipalidad de San Luis Comayagua.
La ampliación presupuestaria será financiada de la asignación consignada como imprevistos del Presupuesto General de la República.
Asimismo, se aprobó con la dispensa de dos debates, la iniciativa de decreto presentada por el diputado liberal por Cortés, Walter Rolando Romero, encaminada a conceder el Premio a la Identidad Nacional 2014, al Círculo Teatral Sampedrano como reconocimiento a sus 45 años de brillante trayectoria en la cultura nacional.
El galardón le será entregado al Círculo Teatral Sampedrano en sesión del Congreso Nacional que se celebrará en la ciudad de Gracias, Lempira, el próximo 17 de julio con motivo de los festejos del día consagrado al cacique Lempira.
Ley del Injupemp y presentación de proyectos de ley
Asimismo, se aprobó, con dispensa de dos debates, un decreto presentado por el jefe de la bancada del Partido Liberal, Marco Antonio Andino, orientado a dejar en suspenso por este año 2014, la deducción del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), sobre los ingresos que reciban por el pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario.
En la sesión de este miércoles el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, presentó un proyecto de decreto sobre el cual urgió que se dictamine solicitando la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el que tiene que ver con una reforma al artículo 147 del Código de Familia a fin de que como se planea abolir el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) por parte del Ejecutivo, los casos de abusos sean atendidos por los juzgados de la niñez o juzgados seccionales.
Informe Golfo de Fonseca
El diputado liberal por Choluteca, Yuri Sabas, presentó un informe amplio sobre el trabajo que realizó una comisión legislativa que viajó al Golfo de Fonseca para investigar el incidente en el que un pescador hondureño resultó muerto y otro herido tras ser embestido el bote en que faenaban por parte de una embarcación de la armada salvadoreña.
La comisión legislativa se reunió con pescadores de Cedeño, Guapinol, Punta Ratón y Venado y asimismo, hizo una vista in situ a Punta Condega donde se encontró que la posta de seguridad localizada en la frontera marítima con Nicaragua, se encuentra en lamentables condiciones.
Luego del informe, el diputado nacionalista por Choluteca, Carlos Ledezma Casco, presentó un proyecto de decreto a fin de otorgar a las familias de los pescadores fallecidos en incidentes navales fronterizos en el Golfo de Fonseca, pensiones que garanticen el sostenimiento básico de las mismas ante la ausencia de quienes proveían su sustento y pensión por incapacidad al pescador que resultó con lesiones que lo incapacitan en sus actividades de pesca artesanal.
Las pensiones serían para la familia de Luis Antonio Requeno, fallecido en el incidente del 16 de mayo pasado y del señor Víctor Manuel Argeñal quien falleció en un incidente ocurrido en 2010 y la familia de Juan Carlos Elvir quien resultó con lesiones e incapacidad.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, hará las estimaciones del monto de la pensión y de los bienes que le entregan a los beneficiarios en las disposiciones, mientras que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pondrá a disposición de esa secretaría embarcaciones pequeñas que pueden ser utilizadas en pesca artesanal.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) por Olancho, Manuel Zelaya, presentó una iniciativa a fin de conceder el “Bono Gloria Bonilla”, a las personas discapacitadas que enfrenten problemas para subsistir.
El también diputado de Libre por Francisco Morazán, Rasel Tomé, presentó un proyecto de decreto encaminado a que en el Presupuesto General de la República de 2015, se asigne una partida de cuatro millones 600 mil lempiras para la reparación total del edificio que alberga al Instituto Abelardo R. Fortín de Comayagüela así como el equipamiento y dotación de material didáctico, ya que ese centro educativo se encuentra en lamentables condiciones.
