Para integrarse a tales cuerpos, previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados e incorporados a un expediente controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con la mencionada ley, los Cuerpos de Defensa Rurales forman parte de la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea, y se integran «con personal voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, mandados por militares profesionales».
Su misión es «cooperar con las tropas en las actividades que éstas lleven a cabo, cuando sean requeridos para ello por el mando militar».
Dichas corporaciones, que tienen sus antecedentes en el Cuerpo de Policía Rural formado por el presidente Benito Juárez en 1861 y disuelto en 1914, así como en los Cuerpos de Defensa Civil que funcionaron bajo la jurisdicción de los estados hasta 1947, se han organizado en diferentes momentos en zonas rurales con problemas graves de inseguridad.
Según los términos del convenio firmado hoy, los miembros de las autodefensas podrán también formar parte de los cuerpos de policía municipal para la protección de sus comunidades, «siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento».
Asimismo, las autodefensas se obligan a registrar las armas que poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional, a la vez que las autoridades federales de seguridad y defensa se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.
Se acordó que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, así como la rotación de los agentes del Ministerio Público federal y local, e instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.
Para los miembros de las autodefensas que hayan sido detenidos por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad bajo caución, «se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas».
Firmaron el acuerdo por parte de las autoridades el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y el gobernador del estado Fausto Vallejo.
Por las autodefensas lo hicieron los representantes de las comunidades de Churumuco de Morelos, Nueva Italia de Ruiz, La Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán de Vázquez Pallares, Aquila y Coahuayana de Hidalgo.
Los grupos de autodefensa comenzaron a proliferar a principios del año pasado en Michoacán, suroeste de México, para defender a las comunidades del asedio del crimen organizado, particularmente el cártel de «Los Caballeros Templarios».
El avance de estas agrupaciones en las últimas semanas y la violenta reacción de los criminales, en un contexto de vacío de poder por la ineficacia de las autoridades estatales, motivaron el Gobierno federal a lanzar la semana antepasada una vasta operación militar-policial para restaurar la legalidad en la región.
