San Pedro Sula – El Ministerio Público puso en marcha este lunes la Operación Aquiles orientada a asegurar 40 bienes y 12 sociedades mercantiles a lavadores de activos vinculadas a la familia Urbina Soto.
La operación la encabezó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) Regional de San Pedro Sula y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Mediante la operación se ordenó la inscripción de medidas cautelares sobre 39 bienes inmuebles, 12 sociedades mercantiles, 30 vehículos y varios productos financieros.
Lo anterior en cumplimiento a la orden emitida por un Juez de Letras con Jurisdicción Nacional, y con el fin de recolectar pruebas del delito de lavado de activos por lo que también se ejecutan ocho allanamientos y 11 inspecciones a negocios, ubicados en los municipios de Yoro y Morazán del departamento de Yoro y también en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
La DLCN recibió denuncia en 2015 contra el ciudadano Catalino Márquez Benítez, a quien se señaló por tener un crecimiento patrimonial junto a su familia, el cual ha sido evidente en el municipio de Yoro, de igual manera se mostró su relación con miembros de la familia Urbina Soto.
También existen investigaciones por parte de el Ministerio Público en donde se muestra otra denuncia recibida en enero de 2004 en contra del mismo ciudadano donde se hace referencia a su vinculación en actividades de narcotráfico producto de las cuales ha aumentado su patrimonio.
Todas las diligencias investigativas desarrolladas permitieron identificar y ubicar bienes adquiridos por los denunciados que no tienen un origen justificado, con muchos movimientos de activos por el sistema financiero, también se detectó el dominio de productos financieros a nombre de terceros, la constitución de sociedades con finalidades similares, traspaso inusual de acciones, así como la inversión en actividades económicas en los rubros de hotelería, transporte, ferretería y la comercialización de abarrotería en general.
Arnaldo Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado también por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico, está preso por blanqueo de dinero desde 2014 y en julio pasado fue señalado en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento.
La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó el día 21 la prisión preventiva de exalcalde por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Esto en otra causa.
