Tegucigalpa – La vehemencia del expresidente Manuel Zelaya por el cumplimiento del Acuerdo Cartagena ha acentuado las sospechas de sectores que consideran que busca blindaje anticorrupción para algunos de sus allegados, mientras otros señalaron que la vía para darle seguimiento al tema es el Diálogo Político.
-Daysi Oseguera de Anchecta, expresidenta del TSC, reclama que Zelaya y sus allegados deben responder por presuntas irregularidades y corrupción cometida en su mandato.
Zelaya viene reclamando el cumplimiento del referido acuerdo desde hace meses, pero lo volvió a poner en el escenario cuando planteó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que realiza una visita in loco, cuando reclamó que hagan cumplir el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Orden Democrático (Acuerdo de Cartagena).
Pero la expresidenta del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, pidió a la misma comisión que investigue los actos de corrupción de la administración de Zelaya.
Los 40 millones fue la “punta del iceberg” de escandalosa operación de retiro en efectivo.
La extitular del TSC busca que la comisión investigue el sonado caso del “carretillazo”, mediante el cual se sustrajeron 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras, así como proyectos mal invertidos, tráfico gris y otros.
Igual petición le hizo un grupo autodenominado Hondureños por la Justicia, que distribuyó un documento que tiene el registro de haber sido recibido por la CIDH y en la cual se detallan varios casos de supuesta corrupción.
Y es que desde tras judicializarse emblemáticos casos de corrupción, por el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), varias voces se han alzado para que las denuncias de presuntas irregularidades e ilícitos cometidos durante el mandato de Zelaya sean también juzgados.
Mel pide respeto a Acuerdo de Cartagena y demanda a CIDH vigilar cumplimiento.
Pero Zelaya busca concentrar todas las denuncias en la crisis del 2009 y su salida del poder, así como en los casos de corrupción denunciados desde la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa hasta la fecha.
Persistentes filtraciones a la prensa que futuros casos al estilo Pandora incluirían a exfuncionarios de la administración Zelaya, han provocado que desde el partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina el exmandatario, se instale el temor y nerviosismo.
CIDH sin competencias
Jefe de la CIDH, Joel HernándezPero el mismísimo jefe de la CIDH, Joel Hernández, descartó de plano toda intervención en el Acuerdo de Cartagena, indicando que no es función del organismo, de acuerdo a lo conversado con la prensa hondureña.
“Tuve una entrevista con Manuel Zelaya, escuché sus preocupaciones y me entregó una carta que más tarde hizo de conocimiento público y no está en nuestro mandato que se cumpla, sino que nuestra función es hablar de la agenda de Derechos Humanos”, aseveró ante periodistas.
Futuro del Acuerdo
Daysi Oseguera de AnchectaEn tanto Oseguera de Anchecta había pedido previamente que el referido Acuerdo de Cartagena fuera anulado por el Congreso Nacional, pero el legislativo hondureño nunca lo aprobó, una vez que fue suscrito por el presidente de entonces, Lobo Sosa, Manuel Zelaya, el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro de Venezuela, que entonces actuaba como canciller y que en la actualidad es el mandatario de la nación petrolera.
No incluye a corruptos
María Ángela HolguínPreviamente la excanciller de Colombia, María Ángela Holguín, había afirmado que el Acuerdo de Cartagena no incluye protección para casos de corrupción, ya que solo blinda para asuntos de persecución política.
Los ex funcionarios del ex presidente Manuel Zelaya que tienen cuentas en los tribunales hondureños, por actos de presunta corrupción, no fueron contemplados en el Acuerdo de Cartagena y por lo tanto deben acudir a asumir su responsabilidad frente a la justicia dijo la canciller colombiana Holguín, en junio del 2011 a medios radiales de su país.
El exmandatario reclama que se aplique el Acuerdo de Cartagena que permitió su regreso al país, el cual destaca que no habrá persecusión contra su persona.
«El acuerdo es muy claro y dice que se respetarán todos los derechos de los ex funcionarios del ex presidente Zelaya dentro del marco de la Constitución y la ley…” dijo Holguín
Agregó que “es clarísimo (el acuerdo de Cartagena) en el sentido de que sí hay un juicio por algo que no es político, como en este caso, un tema de corrupción, pues es bien difícil que se interprete que el acuerdo los cubre», concluyo.
Camino del Acuerdo es el Diálogo Político
Miguel CálixMientras el analista Miguel Cálix dijo a Proceso Digital que el Acuerdo de Cartagena tiene un mecanismo de seguimiento y que solo debe ser activado por las partes.
“A la Comisión Interamericana no le corresponde darle seguimiento a los acuerdos, si hay responsabilidad del Estado es quien debe responder y en caso que no suceda, así la Comisión Interamericana puede intervenir, pero para dar seguimiento de los hechos, no del acuerdo”, analizó.
Siguió diciendo que Manuel Zelaya puede pedir lo que quiere, pero el Acuerdo de Cartagena ya tiene un camino de seguimiento.
“El acuerdo se realiza en el marco del diálogo político y es por esa vía donde debe acudirse, pero si se trata de velar por el cumplimiento de un partido político, ya se cumplió, si es de la consulta popular ya está aprobada, si se refiere a terminar las causas ya se hizo”, finalizó Cálix.
Raúl AlvaradoEn idéntica situación lo ubicó el también analista Raúl Alvarado, que apunta que lo de Cartagena es un acuerdo totalmente político y que la CIDH no puede velar por su cumplimiento.
“Es un acuerdo político hecho con política, se derivaron de acontecimientos en aquel momento como su regreso (de Mel Zelaya) y la facilitación para la creación de un partido”, dijo Pineda a Proceso Digital.
Agregó que “para lograr que este documento sea reconocido, simplemente que sea del conocimiento del Congreso Nacional y que este le atribuya la fuerza legal, no hay otro modo”.
“La Comisión Interamericana no puede hacer nada, este tipo de decisiones le competen al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional”, añadió Pineda.
