Tegucigalpa – La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), se acoraza con el afán de lograr revertir la reforma al Artículo 131 de la Ley de Presupuesto, considerada como “un escudo para blindar corruptos” en el manejo de recursos públicos.
– Importantes miembros de la cooperación internacional han expresado su apoyo irrestricto a la MACCIH y al unísono demandan derogatoria del decreto.
– “En política no hay casualidades, en política no hay errores involuntarios”, subrayó Jiménez Mayor.
Nueve días han pasado desde que se aprobó la cuestionada normativa, que se leyó de una forma en la Cámara, pero se publicó de otra en el diario oficial La Gaceta.
En las últimas horas han salido a relucir los vídeos del momento en que el secretario del Congreso, Román Villeda, en la última sesión parlamentaria de la cuarta legislatura del pleno saliente, leyó la discutida reforma, aunque obvió leer la parte final de la misma.
La Misión Anticorrupción de la OEA calificó el hecho como “un delito”, no así como “fe de errata” que invocó el Parlamento hondureño.
“Este es un hecho gravísimo”, dijo Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH, en referencia a la reforma aprobada por el Congreso. “Recordemos que no es la primera vez que ocurre, también pasó con la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, pero esta vez implica un acto de impunidad al buscar cortar juicios y cortar la independencia del Poder Judicial”, exteriorizó.
“Esto no es un error -prosiguió-, esto no es una errata, esto es un delito”.
El diplomático peruano advirtió que lo que aconteció el 18 de enero en el hemiciclo hondureño constituye el décimo caso de investigación para la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic). “Se llamará el caso deI Pacto de Impunidad y buscaremos determinar responsabilidades de quienes insertaron la modificación al texto de la Ley de Presupuesto”, dijo.
La cabeza de la MACCIH subrayó que la parte insertada de manera ilícita en la referida reforma a la Ley de Presupuesto “es precisamente la norma que busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio del juicio por parte del Poder Judicial”.
Jiménez Mayor concluyó que “la práctica delictiva desde el Congreso alude delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad, pero también la presunta comisión del ilícito contra la forma de gobierno tipificado en el artículo 328 del Código Penal”.
El exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, utilizó su cuenta social de Twitter para manifestar: “En Guatemala el pueblo obligó a los diputados a revocar decreto que otorgaba impunidad a políticos corruptos, en Honduras es la MACCIH que se enfrenta sola contra el ignominioso decreto, colocándose en la primera línea de defensa del Estado de Derecho y de la Seguridad Jurídica”.
En peligro sentencias en casos del IHSS
Otro de los que acuerpó la postura de la MACCIH fue el director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, quien alertó que “la Corte Suprema de Justicia va a tener que revocar la decisión adoptada en un Tribunal de Sentencia en donde se condenó temas del Seguro Social, no digo que todos, pero algunos pueden ser interpretados en este sentido, entonces esto podría generar de que el retroceso a la justicia en nuestro país sea inminentemente grande”.
Hizo suyas las palabras de la representante de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, que retrató lo actuado en el Congreso Nacional como un “retroceso” en la lucha contra la corrupción.
“Eso es más que monumental, están jugando con la justicia en Honduras a conveniencia de unos pocos”, subrayó.
Según el joven abogado Fernández, esta reforma “da lugar a interpretaciones, abogados muy listos tal como se argumentó en las últimas resoluciones en el caso de los diputados, van a generar un grado de interpretación y esto es lo que está permitiendo el legislador. El legislador está generando las salidas seguramente en concierto con los abogados”.
El miembro del CNA dijo que “nos llama la atención que el Congreso Nacional ordena, lógicamente a través de la ley, al Tribunal de Cuentas para que realice auditorías e investigaciones de los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos y después agrega a los diputados”.
Puntualizó que “no solo se trata de fondos departamentales, no solo regula a diputados del Congreso Nacional, pero me preocupa más que los diputados del Congreso Nacional se blinden creando normas para poder protegerse y evitar los procesos penales”.
CN dice fue “fe de errata”, pero mantiene espíritu
Personeros de la Junta Directiva del Congreso Nacional aceptaron que lo que se discutió en la Cámara difiere de lo publicado en el diario La Gaceta, por lo que se invocaron a la palabra “fe de errata” para nombrar el entuerto legislativo, aunque dijeron el espíritu del legislador se mantiene.
El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, justificó que con la omisión del texto no se cambia el espíritu del decreto que consiste en que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debe auditar el Fondo Departamental de los cuatro últimos congresos y remitir expedientes a los órganos correspondientes en caso de que amerite la acción penal, civil o administrativa.
“Fue así como se hizo el trabajo de revisión y se encontró que al momento de darle lectura se obviaron algunos renglones, pero no párrafos completos, que van relacionados, pero que no cambian el espíritu del decreto que aprobó la Cámara Legislativa en ese artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto”, desglosó.
Ilustró que el Congreso Nacional tiene mecanismos para enmendar cualquier error que se cometa y la fe de erratas es un procedimiento legislativo que tiene este poder del Estado para poder rectificar “ciertos errores” que se cometen al momento de la transcripción.
Zambrano enfatizó que una vez publicada la fe de erratas en el diario oficial La Gaceta posiblemente este día, el decreto tendrá el mismo alcance legal jurídico de investigación y auditoría y fiscalización sobre los fondos manejados en el Congreso del período 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Reiteró que “solamente se obviaron algunas líneas” que no alteran el espíritu del decreto que consiste en una auditoría y fiscalización e investigación especial por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con un período y plazo de tres años para investigar los 12 años que le manda el Congreso Nacional y que posteriormente, en caso de que los hallazgos lo indiquen, se reduzcan responsabilidades a los investigados.
De su lado, la OEA remató su postura colgando un tuit en el que refiere: “La lucha contra la corrupción en #Honduras debe sobrepasar difíciles escollos, pero para @OEA_MACCIH estos son parte de la necesidad imperiosa de abatir la impunidad”.
