Tegucigalpa – Desde que el gobierno anunció la compra de hospitales móviles en el exterior como respuesta a la emergencia sanitaria por el coronavirus, una cadena de irregularidades ha caracterizado esa compra «llave en mano» que hoy tiene a sus protagonistas bajo una investigación por parte del Ministerio Público que amenaza con sacudir los cimientos de la salud, como pasó hace seis años con la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), víctima de un millonario desfalco.
El escándalo por la compra de siete hospitales móviles y sus plantas de tratamiento por parte de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), es uno de los más grandes en el sector de la Salud que sacude al país desde que se produjo la marcha de las antorchas a raíz de la corrupción destapada en el IHSS, donde algunos de sus principales responsables se encuentran en prisión, mientras otros siguen prófugos y unos más, han logrado, por ahora, evadir la justicia.
En los meses de febrero a abril, el gobierno anunció su estrategia para atender la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus, que ha desnudado la fragilidad hospitalaria y sanitaria del país en número de camas, respiradores mecánicos, unidades de cuidados intensivos, medicamentos y equipo de bioseguridad sanitaria para el personal médico y sanitario que estaría en la primera línea de combate a la enfermedad.
En la Cámara Legislativa, los congresistas corrieron a aprobar millonarios recursos y préstamos para la pandemia, los montos fueron inimaginables y las propuestas también al indicar que se iban a construir más de 90 hospitales públicos, unos, incluso, en un término de seis meses.
Fue así como entra la propuesta de adquirir siete hospitales móviles y sus plantas de tratamientos para responder a la emergencia. Ese fue el anuncio hecho entre los meses de marzo y abril. Esa responsabilidad quedó a cargo de Invest-H.
Inician las irregularidades
En el comunicado del mes de abril de 2020, Invest-H señala que de los 7 hospitales móviles que se comprarán en Turquía
En marzo, la secretaría de Salud pide a Invest-H apoyo en la compra de unidades de hospitalización, no necesariamente hospitales móviles, y dos días después de esa solicitud, ya Invest-H había contactado a la empresa que se haría cargo de esa compra en Turquía. Según documentación en poder del ministerio público y otros entes de sociedad civil, no había terminado la Secretaría de Salud de librar la nota pidiendo los hospitales cuando Inversiones Estratégicas de Honduras ya tenía identificado el proveedor gracias a un intenso “barrido” que hizo en Google.
En el comunicado del mes de abril de 2020, Invest-H señala que de los 7 hospitales móviles que se comprarán en Turquía, tres de ellos tendrán 91 camas cada uno para pacientes y estos estarán ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. El resto tendrá 51 camas y serán distribuidos en el resto del país, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud.
Asimismo, anunció que la compra contemplaba siete plantas de tratamiento para el manejo de desechos bioinfecciosos y que los hospitales eran de tal calidad que estarían a la altura de la emergencia. Se indicó que los hospitales estarían arribando a finales de mayo, pero pasó el tiempo y se dijo que en junio. La empresa contratada para la compra fue Elmed Medical System Inc DBA Hospitales Móviles.
Los pagos a la firma contratada para los hospitales se dieron en dos partes, el 30 de marzo y el 2 de abril, mediante transferencias giradas a un número de cuenta en un banco en Estados Unidos. La primera transferencia hecha por el Banco Central de Honduras fue por 15.9 millones de dólares y la segunda por 31.5 millones de dólares.
El 23 de junio el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, comparece en una audiencia al Congreso Nacional y explica cómo obtuvo los hospitales, dijo que los pagos a la empresa proveedora se hicieron “de buena fe”, que fue una compra de “buena fe”, que no se arrepiente y que no va a renunciar.
Tres meses de intensas denuncias y forzadas renuncias
La ASJ cuando presentó en Tegucigalpa su informe de auditoría social durante la pandemia
En los meses de mayo a julio, los medios de comunicación empiezan a denunciar las incoherencias sobre la contratación de los hospitales móviles, y organizaciones civiles como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) empiezan a revelar las primeras irregularidades relacionadas con la sobrevaloración en las compras, la dudosa reputación de la empresa a quien se compró los hospitales “llave en mano” y el propietario de la misma, el empresario Axel López.
La ASJ denuncia que la empresa de Axel López es una compañía de fachada y que ha tenido problemas de pago en sus cuentas personales, que la compra ha sido sobrevalorada y que no existe un contrato de garantía sobre lo adquirido ni compromisos claros de cumplimiento.
Posteriormente, el CNA emitió otro informe sobre su auditoría social de los hospitales móviles y denuncia también la sobrevaloración de precios y que el proveedor, Axel López, se habría agenciado en su calidad de intermediario de una comisión de un poco más de 32 millones de dólares.
En junio el Ministerio Público, quien empezó a trabajar sus averiguaciones desde el inicio de las adquisiciones pese a los impases legales para obstaculizar su labor, anuncia que ha iniciado una investigación de oficio sobre la compra de los hospitales móviles por parte de Invest-H y gira primero citatorios para la investigación, uno de ellos es a Marco Bográn.
En el interín de todas estas acciones, sigue trascendiendo la información de las irregularidades en la compra de los hospitales móviles, se anuncia su llegada para la primera semana de julio, mientras la empresa de Axel López ha sido denunciada porplagiar logos de otra compañía turca para justificar la compra; se anuncian demandas contra el proveedor y la indignación ciudadana sube de tono al respecto.
Las presiones y el destape del MP
Marcó Bográn cuando rendía declaraciones en el Ministerio Público
También trasciende las decisiones autónomas que al respecto tomó Bográn sin consultar al Consejo Directivo de Invest-H y se anuncia el retiro de esa directiva de algunos de sus miembros. Todos ellos pidieron al Ejecutivo la renuncia de Bográn, quien finalmente deja el puesto a finales de junio y en su declaración ante el Ministerio Público señala que “no sabe” cuándo llegarán los otros 5 hospitales móviles ni su rumbo.
En tanto, el Ministerio Público comienza a apretar en su labor, toma declaraciones a los funcionarios públicosrelacionados con la compra de los hospitales, allanó la vivienda de Marco Bográn y su madre, se hace presente en las aduanas para supervisar el desaduanaje y denuncia las primeras presiones cuando no querían que hiciera su trabajo en el desembarque en el puerto.
Se producen cruces de notas y aclaratorias y el Ministerio Público hace prever su mandato legal. En tanto, Invest-h nombra una nueva directora que revela que los técnicos turcos, que vendrían a montar los hospitales, y por los cuales se les pagaría otro millonario recurso, aparte de la compra, ya no vendrían y la firma proveedora había designado a una empresa hondureña para que se encargara de ese montaje.
Esa empresa está a cargo del ex gerente del Sanaa, Luis Eveline, y la trama de los hospitales abre aún más su abanico de dudas. También se producen denuncias, por parte del CNA, que Marco Bográn designó a la firma de unos de sus tíos para que se encargara de supervisar el montaje del hospital móvil en Tegucigalpa y habría pagado también “llave en mano”.
Con la renuncia de Marco Bográn, Invest-H nombra un nuevo director, a cargo de la técnica Evelyn Bautista, quien renuncia a los 13 días de haber tomado posesión porque no encontró respaldo ni voluntad política para conducir la crisis y enfocar a Invest-H en sus nuevos proyectos.
A medida que se producía el desaduanaje de los contenedores que traían los hospitales, nuevamente la labor del Ministerio Público es objeto de presiones, mientras trascienden en los medios de comunicación, llamadas telefónicas entre funcionarios del gobierno ligadas a interioridades del caso, Las presiones contra el Ministerio Público van orientadas a culpar porque los hospitales móviles no han sido instalados.
Pero el Ministerio Público, en su cuenta institucional comienza a revelar hallazgos preliminares sobre el equipo desaduanado: equipo en desuso, con fecha de vencimiento de 2016y no apto para ser usado en los pacientes pues podría agravar su estado de salud. El Ministerio Público dice que continuará sus pesquisas y que nuevos funcionarios y otras acciones serán ejecutadas en torno al caso.
Entretanto, el poder ejecutivo anuncia la creación y juramentación de una interventoraen Invest-H y ésta en sus primeros comunicados acepta las irregularidades encontradas por el Ministerio Público en su hallazgo preliminar con los equipos y reitera que éste es un proyecto “llave en mano” y que no pagarán al proveedor por equipo en mal estado. Es la radiografía de un caso de irregularidades que ubica al país nuevamente en el escenario de hace seis años: el del escándalo de la corrupción que al igual que en el IHSS, parece estar a punto de repetirse.
