Tegucigalpa – El presidente Juan Orlando Hernández, asumió este 27 de enero un nuevo mandato bajo la polémica figura de la reelección presidencial, tras un apretado triunfo en las urnas el 26 de noviembre de 2017, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su mandato por cuatro años más estará marcado por muchos desafíos, siendo el principal el tema de la gobernabilidad.
Hernández asume su nuevo mandato rodeado de esperanzas de una gran parte de la población y los reclamos de otro sector, especialmente de políticos opositores, al reclamar para sí el poder y cuestionar su triunfo. Todo ocurre en medio de la convocatoria a un gran diálogo nacional que permita, de un lado, buscar una salida a la actual crisis política y conciliar a la familia hondureña.
Consciente de esa responsabilidad, Hernández en señal de apertura ha anunciado dos cosas: una reestructuración en su gabinete de gobierno con nuevas caras y, que, dentro del diálogo nacional, será un actor más en donde la agenda de su gobierno y de su partido está abierta a escuchar y debatir sobre cualquier tema. Ese mensaje lo reafirmó en su asunción presidencial donde fue enfático al proponer de “un nuevo trato” y diseccionar la urgencia de reformas profundas para fortalecer el sistema democrático.
El presidente Juan Orlando Hernández juramenta a Rocío Tábora ministra de Finanzas como parte de su nuevo gabinete.
La conformación de su gobierno, que por ahora apenas da un asomo de caras nuevas, indicará la ruta de su agenda, más allá del reparto de ministerios como ha sido la costumbre, o hará un gobierno recostado mayoritariamente en su partido.
La integración de la directiva del Congreso Nacional conformada con los partidos minoritarios, conservando los nacionalistas la presidencia y la secretaría y el roll que desempeñen será fundamental para la gobernabilidad del Poder Ejecutivo, a fin de construir puentes que la gobernabilidad amerita y que se basan en amplios esfuerzos de tolerancia, construcción de redes no clientelares y mucha inclusión en torno al debate de temas sensitivos e importantes para el país.
Por ahora el Congreso Nacional tiene de entrada su propia caldera que se ha mostrado en una reforma a la Ley de Presupuesto que abre la puerta de la corrupción y que la Misión Anticorrupción de la OEA (MACCIH), instalada en Honduras, ha denunciado y denominado como “un pacto por la impunidad”.
De la voluntad en resolver esta situación en la que ya se percibe una complicidad discreta de casi todos los sectores políticos, se sabrá cuál es el compromiso de lograr fortalecer la institucionalidad y la lucha anticorrupción.
Mauricio Oliva fue designado presidente del Congreso Nacional, lo que permitirá la gobernabilidad.
Gobernabilidad también en el Congreso
La gobernabilidad en el Congreso Nacional incidirá sin duda en la gobernabilidad de la administración central desde el Poder Ejecutivo y demostrará, a su vez, de qué calidad estarán hechos los primeros acuerdos que surjan del diálogo político, primero, y del social, después, para las salidas y las soluciones a la crisis política. Algunas de esas acciones pasarán por la aprobación de una mayoría calificada, un número mágico que los nacionalistas intentarán alcanzar sin mayores complicaciones.
El gobierno del presidente Hernández en su segunda fase, deberá apostar por acuerdos mínimos de gobernabilidad para ejecutar sus proyectos económicos como el Plan 20/20, la reactivación del campo, la construcción de viviendas, el impulso al turismo y su apuesta a las llamadas Zedes, entre otros aspectos. Así lo han externado varios analistas y coaliciones de sociedad civil.
La integración de su nuevo Gabinete de Gobierno será un termómetro de hacia dónde camina en esta nueva fase, así como las elecciones de los cargos de segundo grado que ejecute el nuevo Congreso Nacional, muchos de ellos vinculados fuertemente al combate de la lucha anticorrupción y contra la impunidad.
Seguidores de la Alianza Opositora bloquean calles en la capital hondureña en una de sus protestas
El diálogo como salida y como solución
De ahí que la gobernabilidad pase también por la rapidez con que se verifique el diálogo nacional, bajo una mediación internacional como parece ser el punto en común que se colige de las expresiones de la oposición política.
La Pastoral Social Caritas, delegada por la Conferencia Episcopal de la iglesia Católica para que la represente cuando arranque el diálogo nacional, ha propuesto dar forma al proceso y el mismo debe contar con una mediación internacional que en este momento ha sido solicitada a las Naciones Unidas por medio de una carta enviada al presidente Hernández por ser el canal oficial que dicta el protocolo diplomático, se indicó.
La identificación de los actores protagónicos del diálogo político será crucial para empezar a desenredar el conflicto, sugieren los expertos.
Por ahora, uno de los puntos que más sobresale para llegar a acuerdos son las reformas político-electorales que ya en su discurso inaugural de su nueva administración ha empezado a delinear el mismo presidente Hernández y que más allá del discurso requieren de una acción expedita.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, prometió trabajar con el Poder Ejecutivo, liderado por presidente Hernández
Reformas inconclusas, inestabilidad asegurada
En el plano internacional, el segundo mandato de Juan Orlando Hernández asume con un amplio respaldo al ser reconocido por la mayoría de las naciones, incluyendo la misma OEA que en un comunicado señala que trabajará con las nuevas autoridades electas a nivel del Poder Ejecutivo, Legislativo y municipal como lo contempla la Carta Democrática y los convenios suscritos en el ámbito del sistema interamericano.
Pero es en el plano interno donde los problemas de gobernabilidad serán un desafío permanente para la administración Hernández, que deberá no solo promover y aprobar las reformas electorales pertinentes, sino que buscar, además, avenidas relacionadas con la inconclusa reforma del Estado que, de acuerdo con algunos sectores, pasa por un nuevo Pacto Social o la convocatoria a una constituyente. Todo dependerá de los acuerdos que surjan del diálogo, mismos que deberán ser cumplidos por la clase política representada.
Reformas inconclusas o acuerdos pactados y cumplidos a medias, no garantizarán la gobernabilidad a la nueva administración que impulsará el presidente Hernández, de ahí la importancia de una agenda mínima de consensos que permita a Honduras tener una “paz no violenta”.
Sí el presidente Hernández logra acuerdos mínimos de gobernabilidad que conlleven reformas profundas, sus promesas de campaña podrán ser realizables, pero si ello no es posible, la inestabilidad marcará sus cuatro años de gobierno.
