Tegucigalpa – Una jueza hondureña decidió, la noche de este viernes, decretar auto de formal procesamiento con prisión preventiva únicamente para el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, en tanto otros 24 gozarán de medidas distintas a la cárcel luego de concluir la audiencia inicial en el sonado caso Pandora.
– La jueza Lidia Álvarez Sagastume revisó más de 12 mil folios antes de dictar la resolución de esta madrugada que involucra a personajes de cuatro partidos políticos.
– El delito de lavado de activos fue modificado a encubrimiento.
– De los 28 imputados: 1 queda en la cárcel, 3 con sobreseimiento definitivo y 24 con medidas distintas a la prisión.
– A William Chong Wong se le otorgó un sobreseimiento definitivo porque se acreditó su fallecimiento.
Regalado es acusado por abuso de autoridad (3-6 años), fraude (6-9 años) y malversación de caudales públicos (6-12 años), por lo que se le dictó prisión preventiva.
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 28 de julio de 2018
Las investigaciones de este expediente fueron entabladas por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), que el pasado 13 de junio presentó el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Otros acusados son: Norma Keffy Montes Chandías, señalada por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude; Velkys Rosibel Hernández por falsificación de documentos públicos; Laura Aidee Arita Palma por falsificación de documentos públicos y fraude. Las tres mujeres tendrán medidas distintas a la prisión.
En tanto, se les cambio el delito de lavado de activos a encubrimiento por aceptación a: Elvin Ernesto Santos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Lenín Roberto Rodas, Denis Enrique Pacheco, Eduardo Enrique Lanza, José Adolfo Sierra, Lenín Chávez, Armando Rivera Marroquín, Hernan Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez y José Luis Flamenco Mejía.
El Código Penal establece penas para el delito de encubrimiento de 3 a 5 años de reclusión.
Las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados son: firmar el libro de control todos los miércoles en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, se les prohíbe salir del país y se alerta al Instituto Nacional de Migración (INM) para que cumplan la normativa, además se les prohíbe tener comunicación con los demás imputados.
igualmente, a Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute se les dictó un sobreseimiento definitivo. Igual condición le fue consignado a William Chong Wong por acreditarse su fallecimiento.
La jueza estimó que los hechos se ejecutaron en 2011, 2012 y 2013, momento en el cual estaba vigente la ley contra el delito de lavado de activos del año 2002 contenida en el decreto 45-2012, “por lo que no es procedente la aplicación de la Ley Especial del Delito Contra el Lavado de Activos del año 2015, ya que desde la regulación de 2002 hay jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia desde 2009”.
Extensa audiencia
La audiencia inicial comenzó el miércoles de la presente semana, prosiguió el jueves y se extendió hasta la madrugada de viernes. La jueza Lidia Álvarez Sagastume convocó a las partes para la noche del viernes para proferir el fallo judicial.
Los señalados en la causa cumplían su detención judicial en el Primer Batallón de Infantería, periferia de Tegucigalpa, en tanto las mujeres lo hacían en la cárcel de Támara.
Durante los dos días de audiencia inicial los imputados fueron protegidos por las autoridades, al grado que nunca circuló una fotografía de ellos y apenas fueron captados por las cámaras mientras ingresaban cubiertos sus rostros con indumentaria.
Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. Además se agregó asociación ilícita para cinco acusados.
Durante esta fase del proceso judicial, la juez desestimó varias excepciones presentadas por los defensores, indicando que el requerimiento fiscal del Ministerio Público estaba bien fundamentado.
En este caso Pandora permanecen prófugos de la justicia: Fernando Josué Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Sixto Pineda Hernández, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Claudia Yamileth Noriega González, Alba Luz Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Elvin Ernesto Santos Lozano, éste último hospitalizado en Estados Unidos con padecimiento de una enfermedad terminal, ha informado su abogado, Raúl Suazo Barillas.
El caso Pandora es considerado un expediente judicial único en la historia del país, por las implicaciones a altos funcionarios y exfuncionarios del Estado.
