Tegucigalpa – En 182 días de trabajo integrado entre el Ministerio Público, a través de su Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cuatro casos emblemáticos han sido presentados y debidamente sustentados, en ellos se incluyen acusaciones para diputados, funcionarios, exfuncionarios e incluso contra una exprimera dama.
– En enero de este año la UFECIC-MACCIH anunció que investigaba nueve grandes casos.
Desde que se presentó el primer caso “Red de Diputados” el 11 de diciembre de 2017, hasta el último “Pandora” el 13 de junio de 2018, un poco más de seis meses han pasado y aunque uno se mandó a archivar , los restantes siguen vigentes en los tribunales de la República.
Honduras crea fiscalía élite para combatir grandes redes corruptas
Cabe mencionar que en septiembre de 2017 , el fiscal Oscar Fernando Chinchilla juramentó a los nuevos fiscales de UFECIC, una estructura élite creada por el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la MACCIH, con el afán de ejercer un trabajo especialísimo de expertos analistas, investigadores, peritos forenses en informática, criminalística y fiscales, quienes en conjunto desentrañarían casos de impacto en temas de corrupción.
#EncuestaPD????¿Existe en Honduras la voluntad de combatir la corrupción y la impunidad?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 15 de junio de 2018
La UFECIC es una innovación en el combate a las estructuras públicas y privadas que han operado ancestralmente en la arbitrariedad, amparadas en la impunidad. Se logró gracias al apoyo decidido del Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla en su política de persecución penal estratégica a lo interno del Ministerio Público.
A inicios de este mes se produjo un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en torno a la MACCIH. En el mismo se declaró “constitucional” la Misión de Apoyo, pero limitó algunas de las facultades de UFECIC, de acuerdo al análisis de expertos en el tema.
El propio MP mediante un comunicado, tras el fallo, aseveró: “Si el árbol se encuentra sano y robusto (Convenio HONDURAS/OEA-MACCIH es constitucional), el fruto del mismo (Mecanismo de Cooperación OEA-MACCIH/MP) no puede estar envenenado”.
El escrito de la Fiscalía explicó que “la recomendación efectuada por la Sala, carece de la congruencia indispensable pues, lo actuado por el Ministerio Público ya se ajusta a la constitucionalidad declarada, conforme se expone”.
Cuando muchos -sectores políticos corruptos- celebraban el fallo, la vocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón, junto a las autoridades del Ministerio Público, volvió al ruedo para revelar el denominado caso “Pandora”.
UFECIC presenta caso “Pandora” que involucra a 38 funcionarios y diputados en corrupción
Caso Pandora
Un poco más de 15 días después del polémico fallo de la Sala de lo Constitucional, UFECIC cogió fuerzas para informar sobre el caso “Pandora” que involucra a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, que habrían malversado fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.
El requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta donde se llevaron siete cajas de las diligencias investigativas que contienen abundante prueba contra los señalados.
Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
El dinero fue drenado por dos fundaciones, a quienes se les otorgó los fondos, sin embargo los recursos fueron depositados en cuentas de particulares, así como de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores del Partido Nacional, Frente Amplio y a las arcas del Partido Liberal.
Aunque han trascendido nombres de los 38 imputados en el requerimiento fiscal, oficialmente no se conoce el detalle de los mismos. La próxima semana el pleno de la CSJ nombrará el juez natural que conocerá el caso y será en ese momento que se conocerán las identidades de los acusados.
Pese a ello, algunos de los presuntos vinculados, como los diputados Celin Discua y Rodolfo Irías Navas, han hablado con periodistas para declarar que si bien recibieron fondos de las autoridades del Partido Nacional no conocían el origen de los mismos.
Tomás Zambrano y Romá Villedas, los acusados por la Fiscalía y la MACCIH.
Pacto de Impunidad
El 24 de mayo de este año, la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), presentaron un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso “Pacto de Impunidad”.
Ambos legisladores son acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
La MACCIH propuso al Ministerio Público que el caso fuese remitido a la UFECIC para ser investigado por equipos integrados de investigación y persecución penal, los cuales encontraron indicios que consideraron suficientes para interponer un requerimiento fiscal ya que se trata de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto.
Los requeridos, según la investigación, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intensión de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
Los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar ya comparecieron en audiencia de declaración de imputados y el juez natural determinó dictar medidas cautelares a la detención judicial. Son señalados por los presuntos ilícitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
Entre las medidas cautelares impuestas están: firmar semanalmente el libro de control en la secretaría de la CSJ, así como la prohibición de salir del país, para lo que se estará enviando los oficios correspondientes al Instituto Nacional de Migración, a efecto de garantizar la medida.
En tanto, la audiencia inicial fue programada para el lunes 18 de junio a las 8:30 de la mañana.
Caso “Caja Chica de la Dama”
Caja Chica de la Dama
El 26 de febrero de 2018, UFECIC acusó al menos a nueve personas que cobraron 70 cheques en el denominado caso “Caja Chica de la Dama”.
La acusación señala como principal cabeza a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, su cuñado Mauricio Mora y a Saúl Escobar, éste último exsecretario de Bonilla.
De acuerdo al expediente, los imputados conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos durante 2011-2015 a través de más de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad, que después convertían en dinero en efectivo.
Las diligencias de la MACCIH-UFECIC detallan que una cuenta del Despacho de la Primera Dama, que representaba Rosa Elena de Lobo, tuvo ingresos hasta de 94.6 millones de lempiras provenientes de diferentes fuentes, entre ellas donaciones de la Embajada de Taiwán para proyectos sociales que debieron ser ejecutados por Udeco durante 2011-2014.
Se conoció que el 22 de enero de 2014, la exfuncionaria pública abrió una cuenta personal en una institución bancaria a nombre de Rosa Elena Bonilla de Lobo y ese mismo día depositó la cantidad de 12 millones de lempiras a través de un cheque proveniente de la cuenta oficial mencionada.
Todos los imputados ya comparecieron en audiencia inicial y permanecen recluidos a la espera de la audiencia preliminar.
Bonilla de Lobo es acusada por apropiación indebida y fraude, aunque inicialmente fue imputada por lavado de activos y malversación de caudales públicos.
Red de Diputados
El 11 de diciembre de 2017, UFECIC denunció el caso Red de Diputados que involucró a cinco parlamentarios por el delito de malversación de caudales públicos.
La acusación incluyó a Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, todos diputados en el momento de la imputación.
Las otras tres personas involucradas fueron identificadas como: José Napoleón Panchamé Banegas, director de la ONG; Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
Sin embargo, luego de comparecer los imputados en audiencia inicial, la jueza que conoció el caso decidió acogerse a la reforma aprobada el 18 de enero de 2018 en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y archivas las diligencias penales.
