Tegucigalpa – A los altos niveles de contaminación que ubican a Honduras entre los países con la peor calidad del aire en el planeta, se suma una nueva “cortina de humo” que sale desde el propio Congreso Nacional, específicamente de su titular Luis Redondo, quien ahora promueve un Tribunal Constitucional como última instancia en temas constitucionales.
– Sobre la propuesta de crear un Tribunal Constitucional, la exrectora Julieta Castellanos, refirió que tomando en cuenta la opacidad de la actual gestión legislativa no se puede esperar que la iniciativa tenga buenas intenciones.
En las últimas semanas los efectos del cambio climático, el terrible deterioro del ambiente y las malas prácticas de las personas han provocado niveles extremos de contaminación que incluso obligaron al gobierno a ordenar teletrabajo para los burócratas y a suspender las clases del sistema educativo por esta semana.
La alta contaminación es tal que existe poca visibilidad en el ambiente, lo que también ha disparado las atenciones para pacientes con problemas respiratorios y las alarmas, así como las plegarias para que pronto lleguen las lluvias que puedan paliar las partículas dañinas que están presentes en el ambiente.
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Haciendo una analogía con la perjudicial contaminación que viven los hondureños, los analistas y politólogos independientes reflexionan que desde el Poder Legislativo se ha impulsado “una cortina de humo” con la propuesta de crear un Tribunal Constitucional.
Pese a que la creación de un Tribunal Constitucional representa un avance en cualquier democracia, en Honduras la inestabilidad política y la falta de institucionalidad generan el inmediato escepticismo de los sectores de la oposición, así como de los constitucionalistas quienes desconfían de cualquier iniciativa que puede abrir paso a un mayor debilitamiento democrático.
El Tribunal Constitucional de Redondo
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, introdujo en las últimas horas al pleno de la Cámara la iniciativa para crear el Tribunal Constitucional. Su propuesta detalla la figura de magistrados vitalicios.
“A mí me gustaría que fueran vitalicios para evitar ese sesgo político que lo eligió un partido político”, declaró a periodistas que cubren la fuente legislativa.
En la sesión parlamentaria del martes, el diputado Redondo propuso el Tribunal Constitucional como último intérprete de la Constitución de la República.
Redondo argumentó que este proyecto tiene como propósito que se respete la Constitución de la República e implica que también hay normativas que tienen carácter vigente, pero que es inconstitucional, mencionando la reelección presidencial.
Consultado si esta iniciativa es crear una paralela a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Redondo respondió que son opiniones de personas que tienen desconocimiento del contexto de la iniciativa.
Periodistas que cubren el Congreso Nacional le preguntaron cómo estaría integrado el Tribunal Constitucional, a lo que no descartó que los miembros de la actual Sala de lo Constitucional lo integren, rompiendo así la conformación del máximo pleno de la corte Suprema de Justicia.
Asimismo, aseveró que la intención es evitar que bufetes de abogados pongan a sus magistrados y en caso de no hacerlo, cuestionen el proceso judicial.
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Propuesta al tenor de poca productividad legislativa
La propuesta de Redondo surge a pocas horas antes del informe de Monitoreo Legislativo 2024 presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la iniciativa juvenil Democracia en Acción, que retrata la baja producción y el alto presupuesto asignado en viáticos durante la gestión del Congreso Nacional en el 2024.
La radiografía legislativa destaca la asistencia intermitente, más del 37 % del presupuesto destinado a viáticos y subvenciones, y falta de voluntad política para promover el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho que marcan la gestión de los diputados del Congreso Nacional en los primeros cuatro meses del año.
El año anterior, el Poder Legislativo se sumergió en una crisis que tuvo como resultado una parálisis legislativa que duró cuatro meses, provocando arbitrariedades por parte de la Junta Directiva a través de la Comisión Permanente, que potenció la conflictividad política en el Congreso Nacional, baja producción legislativa y poca o nula respuesta a los temas prioritarios del país, generando a su vez polarización y conflicto en los diferentes sectores de la sociedad, según el informe.
En 2024, los legisladores han tenido un promedio de asistencia de 73 % en 28 de 38 posibles días sesionados. En el caso particular de asistencia por bancada, la más alta corresponde a los partidos Salvador de Honduras y Democracia Cristiana, con un global de 13 de 15 sesiones; seguidos por el Partido Libre y Partido Liberal con 11 de 15 sesiones; Partido Nacional con 10 de 15 y el Partido Anticorrupción con 9 de 15.
En total, apenas tres diputados permanecieron en las 15 sesiones completas, mientras 38 participaron la mitad del tiempo de duración de estas.
Desde enero han sido presentados 255 proyectos de ley, de los cuales sólo 55 (21.5%) fueron aprobados y los 191 restantes (74.9%), engavetados. Entre los decretos aprobados figuran 11 contrataciones de endeudamiento externo por L 34 mil millones, nueve amnistías y exoneraciones, cuatro condecoraciones, dos ampliaciones al estado de excepción, tres elecciones de segundo grado, dos relacionados a cultura y patrimonio, tres de tipo social y 21 nuevas leyes, reformas y presupuesto, evidenciando la falta de voluntad política para atender los grandes temas de país que fortalezcan la democracia y el Estado de derecho.
Absurdo y distractor: ASJ
El director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró la propuesta de crear un Tribunal Constitucional como absurdo y distractor de los temas prioritarios del país.
“Es absurdo, es distractor, no es una prioridad, sólo es generar un conflicto donde no debería de haber, es un poder del Estado encima de otro”, declaró.
Hernández calificó de sospechoso el objetivo de esta propuesta de ley debido al momento que atraviesa el país.
Solo introducen este proyecto para generar conflicto entre los diputados del Congreso Nacional y dos poderes del Estado, indicó.
Expuso que este proyecto es introducido en un momento en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se está reestructurando tras superar la crisis de la Sala de lo Constitucional.
Para aprobar el Tribunal Constitucional se requiere reformar la Constitución de la República y realizar algunos cambios que demandan una consulta popular porque modifica de forma radical el orden actual, explicó.
CN debe priorizar temas: Joaquín Mejía
El Congreso Nacional debe priorizar las reformas exigidas por la ONU, para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y una vez establecida, trabajar en colaboración con esta comisión para proponer una reforma integral del sistema de justicia, que incluya la creación del Tribunal Constitucional, planteó el especialista jurídico Joaquín Mejía.
“El Congreso Nacional debe enfocarse ahora en hacer las reformas exigidas por la ONU para instalar la CICIH”, zanjó.
El doctor Mejía, compartió su opinión sobre la propuesta de crear un Tribunal Constitucional en Honduras, propuesto por el titular del Legislativo, Luis Redondo, resaltando la necesidad de una reforma general del sistema de justicia.
En un detallado análisis, en un hilo en su cuenta X, Mejía recordó que en 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ya había recomendado la creación de ese tribunal, con la finalidad de salvaguardar la defensa de la Constitución, resolver conflictos entre los Poderes del Estado y garantizar la protección de los derechos humanos.
En línea con esta propuesta, en 2012 se planteó la posibilidad de establecer una Corte o Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema constitucional, pero el doctor Mejía subrayó la importancia de que cualquier iniciativa de este tipo se realice dentro de un marco de reforma general del sistema de justicia.
“Es necesario que, previamente, una propuesta como ésta tenga ciertas condiciones necesarias. La creación de un Tribunal Constitucional debe realizarse en un marco de una reforma general del sistema de justicia”, puntualizó.
Es un distractor, se requieren 86 votos: Espinoza
A criterio de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, sobre la creación del Tribunal Constitucional “lo que se pretende es el ejercicio del poder dentro del Poder Judicial”.
Detalló que el tema se puede ver desde dos ámbitos; en el ámbito político y el ámbito constitucional; en el ámbito político es un claro distractor que está utilizando el actual presidente del Congreso porque esa reforma requiere 86 votos.
“Ya se expresó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, rechazando totalmente dicha idea, igualmente se pronunció el diputado Jorge Cálix rechazando la idea”, indicó.
En ese sentido, dijo que el objetivo de distraer al pueblo ya no se dio porque se le salió al paso.
Recordó que el artículo 4 de la Constitución claramente dice que el poder en Honduras en su forma de gobierno es Legislativo, Ejecutivo y Judicial y este proyecto habla de una nueva conformación ya que actualmente hay 15 magistrados y con este proyecto se habla de siete más lo que serían 22 jueces máximos, “entonces cuál es el peligro, es el ejercicio del poder dentro del Poder Judicial”, argumentó.
Remató que hay más elementos en este proyecto, pero ya hay una Sala de lo Constitucional que debería de funcionar y responder a los más altos intereses de la nación.
No tiene cabida: asesor del Cohep
A criterio del director de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, la propuesta de la creación del Tribunal Constitucional no tiene cabida por medio de reforma constitucional.
De acuerdo al análisis jurídico de Jerez, el debate es amplio, pero un punto esencial es el artículo 374 de la Constitución de la República, que expresa que no se pueden reformar los textos que se refieren a la forma de gobierno.
“El artículo 374 nos remite al artículo 4 constitucional que expresamente dice que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, y que se ejerce por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”, citó.
El profesional del derecho expuso que reformar la Constitución para agregar un Tribunal Constitucional con funciones análogas a la Corte Suprema de Justicia, con carácter independiente y autónomo implicaría transgredir la forma de gobierno que expresamente se ejerce por medio de los tres poderes, de lo cual la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad jurisdiccional del Judicial.
Finalizó exponiendo que “como se mencionó en los puntos anteriores, nada de eso puede entrar directamente vía reforma constitucional, por ejemplo, un plebiscito podría ser el camino para crear la figura”. (PD)
