– Se dispensó un debate y se aprobó pese a las súplicas de algunos diputados que pedían tiempo para estudiar la norma. Algunos de los parlamentarios se opusieron, porque según ellos, la clausura y cierre de algunas de las instituciones del Estado no debe quedar exclusivamente en manos del Consejo de Ministros.
“Lo que buscamos es reformar la Ley de la Administración Pública, la Ley de lo Contencioso Administrativo y demás leyes relacionadas, a fin de que el Ejecutivo sea más eficiente y efectivo en la toma de decisiones”, dijo el congresista Rolando Dubón Bueso.
Mientras, el diputado liberal Yuri Sabas expresó que “hay muchas potestades que son del Congreso Nacional como crear, derogar o fusionar o secretarías de Estado”.
Se habla que el gabinete de gobierno podría ser compuesto por una decena de funcionarios y que los Consejos de Ministros ya no serán públicos, solamente cuando el presidente electo, Juan Hernández, así lo estime conveniente.
Con la aprobación de este compendio de leyes salta la preocupación de dejar en manos del Poder Ejecutivo la firma de convenios, la emisión de permisos y licencias y hasta la potestad de vender, alquilar o permutar bienes del Estado.
Ante esa situación, el vicepresidente del Congreso hondureño, Marvin Ponce, es del criterio que “el Ejecutivo puede firmarlos y negociarlos (bienes) porque la ley plantea que puede ser hecha hasta en Consejo de Ministros, eso sería bastante complicado en términos de vicios de inconstitucionalidad creo que no debemos seguir violando la ley”.
Diputados del oficialista Partido Nacional argumentaron que el compendio de leyes era necesario para dotar al nuevo gobierno de herramientas que coadyuven esfuerzos para lograr un Estado “pequeño, austero y eficaz”.
El decreto aprobado contiene 12 artículos que establecen las reformas a La Ley General de la Administración Pública, La Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contratación del Estado, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de la Procuraduría de la República y Ley del Tribunal Superior de Cuentas.
