Tegucigalpa – El expresidente de Honduras Manuel Zelaya dijo hoy que es «una emergencia de Estado» instalar en el país una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicih).
«La existencia de una Comisión de investigación Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción es una emergencia de Estado y es una garantía para la investigación y persecución penal de actos de corrupción que están impunes», indicó Zelaya en una comunicación, momentos después de reunirse con el facilitador de la OEA en el diálogo nacional sobre la corrupción, John Biehl del Río.
El exgobernante, coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dijo que la Cicih permitirá investigar casos como «el confesado» por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien admitió en junio que el «Partido Nacional (en el poder) se apropió indebidamente, para su campaña, de fondos millonarios producto del saqueo al Instituto de Seguridad Social».
La Cicih, similar a la que funciona en Guatemala, «es una necesidad en Honduras ante el fracaso de las instituciones del sector justicia implicadas en el rompimiento del orden constitucional, fraude y violaciones a la Constitución, y las leyes de la República», subrayó en la declaración, difundida por Libre.
«La mayoría en Honduras ya no confiamos la tutela de nuestros derechos» al presidente Hernández, aseguró, al considerar que el mandatario «dirige un Gobierno autoritario que concentra por extorsión todos los poderes del Estado; persigue y reprime la oposición política; y viola constantemente y sistemáticamente los derechos humanos».
No obstante, Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales, señaló que la oposición está dispuesta a reunirse con el presidente Hernández para entablar «un diálogo pero en igualdad de condiciones».
El diálogo que «demandamos es con el Gobierno y queremos que en igualdad de condiciones se desarrolle», enfatizó el exgobernante, quien este martes se reunió en su residencia en Tegucigalpa con el facilitador de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el diálogo anticorrupción que promueve Hernández.
Biehl del Río, que llegó el lunes a Tegucigalpa junto a un experto en diálogo designado por Naciones Unidas para continuar con la segunda ronda del diálogo que inició en agosto pasado con sectores de la sociedad civil, no dio declaraciones a la prensa después de la reunión con Zelaya.
El enviado de la OEA se reunió además con representantes de los opositores «Indignados», que desde mayo pasado promueven marchas semanales en las principales ciudades del país y exigen la creación de la Cicih.
El partido Libre señaló que el presidente Hernández controla los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y otras instituciones gubernamentales, y las utiliza para impedir que «sus actos de corrupción sean investigados; amenaza, chantajea y persigue en pos de sus únicos dos objetivos: mantener su impunidad y asegurar su continuismo».
Añadió que para conseguir esos objetivos «ha militarizado la institucionalidad y ha incumplido y burlado todos los acuerdos nacionales e internacionales que ha suscrito, incluyendo las resoluciones aprobadas en forma unánime por la OEA y la ONU, condenando el golpe de Estado militar (que derrocó a Zelaya) y sus actores, quiénes se mantienen impunes».
El partido Libre hizo un llamado al presidente Hernández a «rectificar su conducta y crear democracia, derecho y justicia», y aseguró que la institución ha mantenido «una conducta abierta al diálogo político, democrático, en igualdad de condiciones».
Enfatizó que «los esfuerzos» que han hecho la OEA y la ONU al acompañar el diálogo anticorrupción en Honduras «se verán frustrados y se recrudecerá la situación de crisis social y política», si no se cuenta en el país con un organismo internacional independiente que «contribuya a poner fin a la corrupción e impunidad».
El partido Libre también ha solicitado la nulidad de un fallo de la Sala Constitucional que da vía libre a la reelección presidencial en Honduras y la aprobación de una nueva Ley Electoral.
