Tegucigalpa – El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se pronunció este jueves en relación al asesinato de jóvenes estudiantes en Tegucigalpa, capital del país, al tiempo que exigió al gobierno hondureño investigar a fondo los sucesos ocurridos.
“Unicef lamenta profundamente la situación de violencia general del país, que afecta especialmente y de diferentes maneras, la vida de niños y adolescentes”, reza el pronunciamiento.
Señala que las recientes muertes de estudiantes “causan un profundo dolor, porque se truncan vidas de adolescentes que están esforzándose por construir un mejor futuro para ellos y sus familias”.
En ese sentido, exige que se identifique a los responsables de los hechos violentos registrados en contra de los estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz, asesinados el martes y la del Central Vicente Cáceres, encontrada sin vida el miércoles.
“La muerte de cualquier niña, niño o adolescente debe ser inaceptable para la sociedad hondureña. Es indispensable que se investiguen estas muertes violentas, que se identifiquen a los responsables y se apliquen las leyes que correspondan, con toda la severidad del caso”, expone.
“Ante esta situación, Unicef hace un llamado al Gobierno de Honduras; a las autoridades educativas y de seguridad; a los padres y madres de familia; estudiantes y sociedad en general”.
Unicef también pide que se garantice el derecho a la educación es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, lo cual implica que el Estado inviertan los recursos necesarios para que todos los niños y las niñas accedan a una educación de calidad; pero también que los padres y las madres cumplan con la responsabilidad de apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Como parte de los planteamientos emitidos por Unicef, señala que es obligación del Estado: promover, impulsar y crear todas las oportunidades necesarias para que los niños y adolescentes completen su educación en condiciones de protección.
Además se agrega que las respuestas al conflicto educativo deben identificarse sin limitar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresarse, a asociarse y a ser escuchados en las situaciones que les afectan.
Asimismo, que los padres de familia deben asumir la responsabilidad y el derecho que tienen para participar en los procesos educativos de sus hijos; incluyendo la búsqueda, identificación y la aplicación de soluciones al actual conflicto educativo.
En relación a lo anterior, reitera que la actual situación educativa debe ser resuelta de inmediato por las instancias correspondientes, a fin de salvaguardar la integridad y la vida de los educandos; procurando en el más corto plazo, el retorno a la normalidad de la vida educativa.
