Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público (MP) un informe que evidencia indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para niños a un monto de 7.7 millones de lempiras, asignados al Programa de Asignación Familiar (Praf), como una solicitud del Despacho de la Primera Dama, del anterior gobierno.
– La auditoría constató la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado.
De acuerdo a lo informado por el TSC, el informe especial número 004-2013-DASS-PRAF-B se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicado al Praf, correspondiente al período comprendido del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2012, que constató hallazgos de varias irregularidades.
En base a lo anterior, la auditoría tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la Ley Orgánica de Presupuesto, y sus reglamentos; y las Disposiciones Generales del Presupuesto, en la asignación de fondos del Praf para apoyar el Programa Calzando los Niños de Honduras.
Este programa fue promovido por el Despacho de la Primera Dama, que encabezó Rosa Elena Bonilla, con la finalidad de calzar a los niños y niñas de las escuelas focalizadas en situación de pobreza.
Entre los hallazgos encontrados por el TSC, figura que de octubre a diciembre de 2010 se concretó un proceso de compra de calzado para niños y niñas pobres del país, realizado por el Despacho de la Primera Dama y pagados con fondos del Praf, a un monto de siete millones, 740 mil lempiras, correspondiente a 42 mil 100 pares de zapatos.
Dicho proceso se efectuó omitiendo lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de ese año y demás normativa legal aplicable, ya que se realizó la compra mediante el proceso de tres cotizaciones cuando para dichas adquisiciones ameritaba un proceso de compra mediante una licitación pública, concluye el TSC.
Otra de las conclusiones del TSC es que “el Despacho de la Primera Dama al realizar las adquisiciones de calzado no verificó que los proveedores de los mismos, se encontraran inscritos en las diferentes instituciones que estipula la ley como ser: Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio e Industria, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Oficina Normativa de Contratación del Estado”.
“No se obtuvo por parte de las autoridades del Despacho de la Primera Dama la documentación que evidencia la entrega del calzado a los niños y niñas del país, por lo que se desconoce si las compras realizadas llegaron a los beneficiarios del calzado”, agrega el escrito.
Por lo tanto, el TSC profundizó la auditoría en escuelas beneficiadas, encontrando deficiencias como que “algunos centros educativos confirmaron que sí recibieron la donación de calzado por parte del Despacho de la Primera Dama y entregaron solamente el listado de la matrícula; centros educativos que confirmaron haber recibido la donación, pero no presentaron ningún tipo de documentación; y existen centros educativos que confirmaron que no recibieron la donación”.
Mientras tanto, en el desarrollo de la auditoría del TSC, dos funcionarios del Despacho de la Primera Dama de la Nación, vinculados al Programa Calzando los Niños de Honduras, presentaron al ente contralor actas de entrega del calzado con fecha comprendida en la auditoría y no con la fecha de entrega de los zapatos.
Por lo tanto, la auditoría constató la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado.
Dentro de las cotizaciones presentadas la gerente de una de las empresas afirmó al TSC que la firma de la persona que cotiza no se encuentra registrada en la base de datos de los empleados que tienen la responsabilidad o función de firmar dichas cotizaciones.
Con lo anterior se trató de justificar los procedimientos de compra que establece las Disposiciones Generales de Presupuesto, concluyó el TSC.
Según la auditoría una funcionaria del Despacho de la Primera Dama retiró personalmente los cheques del Praf quien argumentó que los entregaría directamente a los proveedores a quienes se les efectuó la compra, lo que constituye una práctica inusual en la administración pública.
Por lo anterior, no se pudo constatar que los proveedores que proporcionaron el calzado recibieron efectivamente el pago, ya que los cheques no fueron entregados directamente por el Praf a cada proveedor, sino que fue por medio de una funcionaria del Despacho de la Primera Dama.
Otra irregularidad encontrada refiere a que se utilizó una misma factura con diferente fecha, para amparar las compras pagadas con cheques.
Por otro lado, el Praf no confirmó los documentos de liquidación de viáticos y gastos de viaje presentados por varios funcionarios del Programa, ya que varios hoteles del país confirmaron que algunas facturas presentadas por empleados no corresponden a las emitidas por ellos.
En el informe se establece que se habrían incurrido los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de algunas compras de calzado realizadas en el Despacho de la Primera Dama con fondos del Praf.
Asimismo, en falsificación de documentos para justificar procedimientos de compra de calzado y liquidación de viáticos y otros gastos de viaje.
Finalmente, el TSC envió dicho informe al Ministerio Público para que este ente proceda a realizar las acciones legales correspondientes.
