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Presidente de la CSJ urge al Congreso aprobar Ley de Extradición de hondureños

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, participó en la instalación de la segunda legislatura del período 2014-2018 y urgió a los diputados del Congreso Nacional una Ley de Extradición para ciudadanos hondureños.

– Significó la última rendición de cuentas de Rivera Avilés ante la Cámara Legislativa ya que este año concluye su período de siete años como titular de la CSJ.

Pese a que desde la reforma al Artículo 102 constitucional en enero de 2012 ya se extraditaron a seis hondureños, Rivera Avilés mencionó que lo hicieron mediante un auto acordado y que lo ideal es tener una norma jurídica que permita llevar a cabo la expatriación de connacionales.

“En este sentido con el mayor de los respetos quisiéramos pedir a la Junta Directiva del Congreso Nacional y la Cámara Legislativa en general que conozca el proyecto de ley de extradición para que el Artículo 102 constitucional reformado quede completamente reformado. Esperemos que este se dé en los próximos días”, demandó.

El titular del Poder Judicial dijo que en los últimos seis años han sabido sobrellevar “crisis graves” que indudablemente dejaron lesiones, pero también lecciones aprendidas.

Agradeció los fondos de la Tasa de Seguridad que han servido para hacer más funcional el poder del Estado que él dirige. Mediante la asignación de esos recursos se ha comprado un lote de vehículos blindados que fueron asignados a la seguridad de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Destacó las seis extradiciones de hondureños que se han producido hacia Estados Unidos en los últimos meses mediante un auto acordado para viabilizar la reforma al Artículo 102 de la Constitución de la República.

Rivera Avilés agregó que actualmente existen pendientes 10 órdenes de captura para extraditables, mismas que están en poder de la Secretaría de Seguridad.

Alabó que la creación de la figura del juez con jurisdicción nacional, ha constituido un significativo aporte conducente a la administración de la justicia en forma expedita, siendo sometidos a su conocimiento a la fecha 359 casos de los que se han resuelto 182.

Además, refirió que se cuenta con la figura del juez penal con jurisdicción nacional de delitos tributarios comenzando en 2014 con la admisión de 41 casos de los que han sido resueltos 30.

De su lado, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ha resuelto 69 casos de los 78 que ha conocido.

El titular del Poder Judicial mencionó la creación de un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en cuya sede, de los 224 casos recibidos 172 han sido resueltos.

El funcionario destacó que con la implementación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, el resultado es positivo por cuanto los casos judicializados de conformidad a la reforma procesal penal han reducido la carga procesal en casos penales; En San Pedro Sula en 2014 ingresaron 16 y fueron resueltos los 16 casos.

De acuerdo al informe de Rivera Avilés, se consolidaron nuevos modelos de gestión judicial al incorporarse a la justicia de paz móvil una nueva sede en Choluteca. “Ingresaron a la justicia de paz móvil, en el año recién pasado mil 874 casos de los que se obtuvo mil 552 resoluciones, cifras a la que agregando 91 resoluciones de casos ingresados en años anteriores, hace un total de mil 643.

El servicio nacional de facilitadores judiciales ha tenido una fase de expansión a nivel nacional, con presencia en 164 municipios lo que implica una cobertura del 55% del total de los municipios de Honduras, detalló Rivera Avilés.

A renglón seguido, remarcó que se realizaron dos mil 303 asesorías, mil 029 gestiones y 651 conciliaciones a nivel nacional, sumando un total de tres mil 983. En estos casos no fue necesario judicializarlos lo que significa que este programa de acceso a la justicia conlleva a un ahorro de recursos para el ciudadano y para el Estado al no haber necesidad de poner en marcha el aparato jurisdiccional.

En otro apartado subrayó la construcción de edificios del Poder Judicial como es el caso de San Pedro Sula, así como prontas inauguraciones de sedes regionales en Puerto Lempira, Tela, Olanchito, Trujillo y Comayagua.

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