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Ministerio Público reabre casos de desaparecidos de los 80

Tegucigalpa – La fiscal especial de Derechos Humanos, Soraya Morales, anunció que esa dependencia del Ministerio Público, reabrirá los casos de los detenidos desaparecidos de la década de los ochentas.

Indicó que esa fiscalía ha abierto una unidad para dar respuesta a esos casos que han estado en esa dependencia de derechos humanos y que no han tenido un impulso procesal.

“De ahí pues, es que decidimos que nosotros tenemos que respetar el dolor de las víctimas y darle una respuesta a la sociedad contundente para determinar quién o quiénes fueron los autores de estas muertes despiadadas”, señaló.

Detalló que se trata de alrededor de 184 casos de muertes, algunos de los cuales ya se han judicializado, pero hay otras que no han sido judicializados y para ese fin se ha destacado un equipo especial.

Explicó que dentro del reglamento que se ha presentado ante el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, para su aprobación, contempla esa unidad de desaparecidos de la década de los ochentas.

“Desde que asumí mi papel como fiscal especial de Derechos Humanos, hemos estado haciendo un trabajo tesonero, talvez silencioso, pero sí de buscar todos aquellos expedientes donde figuren víctimas que les podamos dar una respuesta, una respuesta a la pérdida de una vida humana que es el fin supremo de la sociedad”, argumentó Morales.

Indicó que el artículo 59 de la Constitución de la República, establece la dignidad del ser humano y hay muchas madres que todavía están esperando saber dónde están los cuerpos de sus hijos y quiénes fueron los victimarios que les dieron muerte.

Apuntó que “la obligación específica de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, es investigar todo aquel funcionario público, civil o militar responsable de una vejación o violación de los derechos humanos”.

Morales aseveró que dentro de los expedientes ya figuran algunos sospechosos y se ha estado haciendo un trabajo tesonero de investigación, acercándose incluso a organizaciones no gubernamental para determinar si efectivamente hay una implicación de esas personas.

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