San Pedro Sula- El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, presentó una solicitud de antejuicio contra la magistrada Norma Iris Coto por suponerla responsable de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El portavoz de la Fiscalía en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, explicó que el antejuicio fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que decidirá si procede o no el escrito contra la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula.
Detalló que la solicitud se derivadas, debido a que en los tribunales de sentencia emitió un fallo condenatorio por el delito de homicidio culposo en perjuicio de la señora Berta Lidia Castro Bu y los responsables en este caso, doctores tenían que haber cumplido una pena de tres años de prisión.
Sin embargo, los apoderados legales al hacer uso de los recursos correspondientes y considerando que el término se estaba agotando, buscaron al hijo de la magistrada, el abogado Rafael Murillo Coto para que éste a través de su madre, buscara influencias a su alcance para influir en la Corte de Apelaciones, detalló Guzmán.
Agregó que la acusación se centra en que la magistrada Coto hizo una serie de llamadas a los jueces tratando de ubicar a la persona que estaba en ese momento de turno para permitir interponer el recurso correspondiente a petición de su hijo Murillo Coto.
La magistrada ubicó a la persona y lograron interponer el recurso, por lo que se considera que violentó preceptos jurídicos al influir en el personal de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y evitar en su momento acciones correspondientes contra los responsables de cometer delito culposo.
El antejuicio ya fue recibido por la Corte Suprema de Justicia y sólo queda que ellos resuelvan, sostuvo el portavoz de la Fiscalía en el norte del país.
Añadió que una vez se tenga la respuesta de parte del Poder Judicial, se podrán interponer los recursos fiscales y establecer la participación de la magistrada en ambos delitos.
“Interpuse un amparo desde hace tres años”
Por su parte, la magistrada Norma Iris Coto, reaccionó sorprendida con la acusación del Ministerio Público.
Señaló que ese antejuicio data desde hace más de tres años y a estas alturas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema mediante un amparo presentado por su persona, decretó que ese antejuicio no debió ni siquiera haber sido admitido y otorgó el amparo.
Según la magistrada, el portavoz de la Fiscalía en San Pedro Sula, “no está informado sobre la situación y todo lo que dijo de mi hijo no es cierto, ni siquiera está acreditado en la denuncia realizada por el Ministerio Público”.
“Mi hijo era un estudiante de derecho que llegó con un colega amigo de él a preguntarle si sabía dónde vivía una receptora de los juzgados para presentar un escrito porque ya se habían pasado las 4:00 de la tarde y el tenía hasta las 12 de la medianoche, y la ley lo sugiere que el escrito puede presentarse en su casa, por lo que yo la llame para preguntarle donde vivía y el abogado presento el mismo”, argumentó.
Reiteró que la ley le faculta a ella para haber realizado esa acción, al tiempo que lamentó el accionar del Ministerio Público.
“Me extraña que estén sacando este asunto cuando eso se generó hace tres años y ese antejuicio fue declarado improcedente y ni siquiera se tuvo que haber interpuesto”, arguyó.
