Tegucigalpa – Los llamados «nuevos ricos» constituyen un estamento en Honduras conformado por lavadores de activos, barones del narcotráfico, funcionarios, religiosos, «lideres» gremiales y de sociedad civil, políticos y colaterales que usan sus profesiones y oficios de fachada para encubrir sus verdaderas actividades.
*El lavado de activos y el enriquecimiento por corrupción representan un grave daño para el país
*Personas que han hecho fortunas de manera ilícita se refugian en las iglesias donde hasta diezman, lo que es calificado como un pecado capital
Muchos se cobijan en obras altruista, fundaciones, otros parecen ser respetables hombres de negocios, académicos reputados, pero el denominador común es que han cambiado en pocos años su cotidianidad por vidas suntuosas, en algunos casos más visibles que en otros.
Y estos «nuevos ricos» y sus vidas suntuosas están en la mira de la justicia hondureña y universal que ha desatado una ofensiva contra ellos debido a que su riqueza está sustentada en actividades criminales, aunque los operadores de justicia admiten que no es fácil dicha lucha.
Y es que detectar y judicializar los innumerables casos de lavado de activos y enriquecimiento sospechoso de personas que de la noche a la mañana aparecen con grandes fortunas y propiedades, es una tarea difícil y complicada, según coinciden representantes de agencias que trabajan en el combate a ese flagelo.
En Honduras, se conoce desde hace varios años existen criminales que tienen relaciones directas e indirectas con el narcotráfico internacional y quienes han aparecido con grandes fortunas y propiedades que aunque su procedencia es inexplicable, ha sido difícil de comprobar y atacar debido a la falta de coordinación que ha existido entre las instituciones encargadas de combatir el flagelo que representa millonarias cantidades.
Sin embargo, ahora con la articulación de los diferentes operadores de justicia en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado y la aprobación en diciembre pasado de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, se tiene la percepción que hay una mayor confiscación y aseguramiento de bienes de origen ilícito principalmente a personas y organizaciones de narcotraficantes.
Tentáculos del narcotráfico
Desde que los carteles de la droga de México y Colombia incursionaron en Honduras, comenzaron a surgir ciudadanos desconocidos para la opinión pública y otros que son reconocidas figuras de Honduras, quienes sin justificarlo,han aparecido amasando grandes fortunas y propiedades.
A criterio de analistas, en Honduras el narcotráfico y el lavado de activos se han convertido en uno de los mejores negocios de los últimos años, a tal extremo que hace repuntar económicamente a las zonas en las que operan los narcos.
La Ceiba en Atlántida, Tocoa en Colón y La Entrada (Nueva Arcadia) en Copán, son un ejemplo vivo de esa pujanza.
En ese sentido, en las últimas décadas se ha observado como de la noche a la mañana aparecen nuevos ricos en Honduras, gente con mucho dinero, que difícilmente podría explicar el origen de sus fortunas; «empresarios» que sin necesidad de ser herederos de un patrimonio familiar o de ser beneficiarios de apalancamientos financieros, han podido iniciar negocios de grandes dimensiones.
Hoteles, almacenes comerciales, financieras, botes de pesca, transporte de equipo pesado y compra de caballos de pura sangre, son algunas de las actividades de personas vinculadas al narcotráfico.
Para analistas, solamente la corrupción gubernamental supera los réditos del narcotráfico, ambas son prácticas abominables, dignas de censura, pues la primera limita el desarrollo de los pueblos al impedir la inversión de recursos en áreas tan sensitivas como la educación, salud y seguridad, muchos niños mueren por falta de atención médica, a otros se les condena a vivir en la miseria por falta de instrucción académica-técnica y muchos que a diario son presa de la delincuencia y el crimen por la endémica descomposición moral y el atraco oficial que carcome el tuétano de las estructuras gubernativas.
Por su parte, el narcotráfico destruye la vida de jóvenes, adultos y viejos, al generar utilidades de una operación que se nutre de la adicción, de la dependencia del ser humano a sustancias alucinógenas.
Y cuando los corruptos funcionarios gubernamentales y los políticos del patio se asocian con los narcos, las posibilidades de construir un futuro mejor para todos los hondureños se ensombrece, según esos analistas.
Mayor articulación
No obstante, en los últimos meses se ha percibido una mayor actividad de los operadores de justicia para combatir el flagelo y como nunca antes se han asegurado no sólo propiedades, sino otros activos como vehículos, ganado, caballos de raza y se están en la cárcel hasta alcaldes acusados del delito de lavado de activos.
Para la ex presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Vilma Morales, las reformas a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que se elaboraron al final de su gestión en 2013, tiene que ver con una adecuación de una normativa que no estaba ajustada a las 40 recomendaciones que planteó el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), al cual Honduras tiene que adaptarse.
Añadió que el sector financiero representa entre un siete y ocho por ciento de la economía, sin embargo, las sociedades mercantiles que significan entre 92 y 93 por ciento, y en ese sector se necesitaba establecer mecanismos de control y por eso se recomendó la creación de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles con la finalidad de que exista un organismo que supervisara de mejor forma a esas empresas pues se trata de un tema bastante complicado.
«El delito es complicado porque obviamente la actividad del delito de lavado de activos siempre está vinculado a una actividad en la cual el dinero que proviene de una actividad delictiva se traduce en buscar mecanismos para volver lícitos esos recursos y en ese sentido, se propicia o se pretenden realizar operaciones para lavar ese recurso de una actividad ilícita», explicó Morales en declaraciones a Proceso Digital.
La ex presidenta de la CNBS señaló que hay ciertas actividades profesionales que pueden participar en la legalización de bienes de origen ilícito, directamente se refiere a la función del notariado por lo tanto amerita que las personas cuando tengan o conozcan o se den cuenta de un hecho que pueda propiciar una conducta que proviene de la comisión de un delito, puedan notificarlo.
Morales considera que es importante que todos los ciudadanos hondureños reconozcan que la actividad que se viene realizando de manera integral de parte de todos los organismos vinculados al sector justicia como la Policía, las nuevas agencias que se han creado, el Ministerio Público con la conformación de la ATIC y el Poder Judicial, han venido estrechando lazos importantes de coordinación que están rindiendo sus frutos.
Más coherencia con nueva ley
Por su parte, la actual presidenta de la CNBS, Ethel Deras, destacó que el tema del delito de lavado de activos, no solamente es un tema que corresponde a ese organismo sino que representa un problema interinstitucional, un sistema de lucha contra ese flagelo en el que también interviene el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y las agencias de investigación.
Indicó a Proceso Digital que la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, viene a armonizar toda la legislación como la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y otras para tener una mayor coherencia, según las recomendaciones del Gafic.
Señaló que la CNBS cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIT), que es la encargada de procesar las solicitudes que le envían las autoridades competentes principalmente el Ministerio Público a fin de investigar los movimientos sospechosos e irregulares en las instituciones del sistema financiero.
Asimismo, en la nueva ley se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ciflat), que va a coordinar todo el sistema contra el lavado de activos.
«Esta ley viene a incorporar la posibilidad de que podamos coordinar más eficientemente y realizar actividades administrativas tendientes a investigar ese tipo de delitos, dotar a las instituciones de mayores capacidades o competencias para que puedan ser más eficaces en esta lucha y lo importante es incorporar todas estas recomendaciones y conceptualizar algunos términos que no estaban contenidos en la ley anterior y que ahora se definen claramente como la debida diligencia», comentó.
Destacó que la nueva ley incorpora otro tipo de delitos precedentes al lavado de activos como todos los delitos vinculados la corrupción pública y privada y define claramente que el lavado de activos tiene que ver con no acreditar la licitud o procedencia legítima y legal de los bienes y lo mismo sucede con el testaferrato.
Delito difícil de combatir
Por su lado, el director de la ATIC, Ricardo Castro, indicó que la investigación del delito de lavado de activos conlleva dos etapas, una administrativa que es cuando se hacen los aseguramiento de los bienes y otra judicial que es en la que se tiene la oportunidad de acreditar que los bienes son de origen lícito en un período que dura dos años.
Castro indicó que aparte de las personas que aparecen en la «lista negra», elaborada por el gobierno de Estados Unidos, mediante denuncias confidenciales en las que se indica que una persona de la noche a la mañana se dedicaba a la albañilería y cuya familia ha sido pobre, aparece con camiones y otros bienes, por lo que se procede a investigar principalmente sus cuentas bancarias.
No obstante, explicó que la investigación de esos casos es complicada porque los narcotraficantes utilizan testaferros para hacer el blanqueo de capitales a través de actividades como la industria de la construcción y la instalación de negocios como los Car Wash, que es de donde procede el nombre de lavado de activos ya que en Colombia los traficantes de drogas comenzaron a lavar dinero con ese tipo de negocio.
Aseveró que ese tipo de actividades le hace mucho daño a la economía pues incluso el lavado puede hacerse en una simple pulpería que después se transforma en un mercadito donde los productos se ofrecen a un menor valor en perjuicio de los demás dueños de pulperías, lo que se conoce como «economía de cristal» donde la gente percibe que hay un beneficio al comprar más barato, pero en realidad se está produciendo un menoscabo contra la economía.
Consecuencias sociales y morales El delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito tiene consecuencias sociales y hasta morales y religiosas, como lo apunta el reverendo Ignacio Alonzo quien califica ese delito como un «pecado social» porque significa un robo al Estado quitándole el derecho a las demás personas de poder gozar de beneficios sociales. Y desde el punto de vista bíblico, se refirió al pasaje de las sagradas escrituras que aluden al cobrador de impuestos conocido como Saqueo quien tenía mucho poder político y social, pero que cuando conoció la verdadera persona de Jesucristo, manifestó estar dispuesto a devolver cuatro veces lo que había adquirido de alguna manera lesiva, porque Jesús lo llamó y lo instó a abandonar su vida de corrupto. «El problema que yo veo es que hay mucha gente que hace sus cosas y después va a las iglesias buscando como un escape a lo que les dicta su conciencia, pero siguen siendo personas que cometieron delitos porque robaron y después aparecen como personalidades en los periódicos y en las páginas sociales de las revistas», comentó. Añadió que no solamente se trata de pedir perdón, sino que hay que restituir lo que ha robado o malversado, algo que no ocurre siempre. Señaló que desde el punto de vista teológico, esa tipo de ilícito se convierte en un pecado capital porque se trata de robar, uno de los pecados más detestables en la Biblia porque causa un grave daño.
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