Austin (EE.UU.) – Los abogados de los 25 estados que presentaron una demanda contra las medidas ejecutivas sobre inmigración del presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitaron hoy su revocación durante la primera sesión del juicio federal que se celebra en Brownsville (Texas).
El juez que instruye la causa, Andrew Hanen, que no se pronunció todavía sobre la petición de bloqueo ejecutada por los demandantes, sí afirmó durante la audiencia que se trata de un «debate legítimo» en el que «no hay malos».
Lo que está en cuestión es el paquete de medidas unilaterales que anunció Obama el pasado 20 de noviembre para regularizar a más de cinco millones de indocumentados, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente en el país.
El entonces procurador general de Texas y actual gobernador electo, Greg Abbott, lideró una demanda que ya agrupa a 25 estados (la mitad de los 50 que forman el país) al considerar que estas medidas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más «inmigración ilegal» y más inseguridad en la frontera.
El resto de estados que integran la coalición son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia del Este y Wisconsin.
Junto a la Administración Obama, defenderán las medidas ejecutivas otra coalición de 12 estados y el Distrito de Columbia.
Se trata de California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.
Aunque Hanen, quien fue designado para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, no ha tomado aún ninguna decisión, los demandantes confían en el perfil conservador de este juez que tiene jurisdicción en una zona fronteriza con México.
Hace unos meses, Hanen ya criticó a la Administración Obama por su gestión durante la crisis migratoria de los menores no acompañados en el verano pasado.
El juez acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de complicidad con una «conspiración criminal», por reunir a los menores con sus familias que ya residían sin documentos en Estados Unidos y no arrestar ni deportar a los padres.
«El DHS está para defender las leyes de Estados Unidos, no para incumplirlas», dijo el magistrado.
La segunda vista del proceso está programada para el 30 de enero.
