Washington – Honduras es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra, según un informe publicado hoy, que alerta también del creciente número de crímenes contra ese colectivo en toda Latinoamérica y la «impunidad» en la que suelen permanecer.
La organización no gubernamental «Global Witness», que defiende los derechos humanos de los indígenas y defensores del medio ambiente, publicó hoy un informe en el que asegura que en 2014 hubo 116 asesinatos de ecologistas en 17 países de todo el mundo.
Aproximadamente, tres cuartas partes de esas muertes tuvieron lugar en Latinoamérica, con 29 fallecidos en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 9 en Perú, 5 en Guatemala, 3 en México, 3 en Paraguay y uno tanto en Ecuador como en Costa Rica.
Aunque Brasil es el país con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente, Honduras lo supera en tasa de homicidios per cápita, con 111 asesinatos entre 2002 y 2014.
Los casos de Honduras y Brasil «reflejan una situación de impunidad casi total en la región (de los asesinatos de defensores del medio ambiente), y demuestran que los riesgos que ocurren en contra de los activistas son muy graves en América Latina», afirmó a Efe Billy Kyte, un miembro de la organización «Global Witness».
Hasta ahora, la respuesta de los Gobiernos de la región a este problema ha sido «casi nula», según Kyte, que considera necesario «un empuje» de los Ejecutivos para lograr una mayor «protección a los activistas» e investigar y sancionar los crímenes.
«El año pasado se observó un aumento de los crímenes relacionados con proyectos hidroeléctricos, pero entre las principales causas (de los asesinatos) se encuentran también la minería, la agroindustria y la tala», indica el informe de «Global Witness».
La activista hondureña Bertha Cáceres, dirigente del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), aseguró que ha recibido amenazas de muerte por oponer resistencia, en representación del pueblo indígena lenca, a la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Blanco.
«(He recibido) amenazas de muerte directa, amenazas de secuestro, de desaparición, de linchamiento, de acribillar el vehículo en el que me desplazo, amenazas de secuestro a mi hija, persecución, vigilancia, hostigamiento sexual y también campañas en los medios de comunicación nacional de los sectores de poder», dijo Cáceres a Efe.
Según Cáceres, las amenazas provienen de «hombres allegados a Blue Energy», una empresa canadiense que explota algunos recursos hídricos de la región del río Blanco, o individuos «allegados a los políticos», además de los «escuadrones de la muerte que están promovidos desde las políticas oficiales».
«En Honduras es abierta, es pública la política de criminalización contra los movimientos sociales. Vivimos en un estado de indefensión total, donde se asesina incluso a personas que tienen medidas cautelares por la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH)», aseguró Cáceres en una entrevista telefónica.
La activista criticó al Gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por no dar «ninguna respuesta ante la represión política, social y ante la inseguridad ciudadana» en Honduras.
Cáceres confió en que, durante la presentación que Honduras debe hacer en mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del Examen Periódico Universal de ese organismo, «los países que están más comprometidos con la defensa de los derechos de los pueblos emplacen al Gobierno» hondureño a actuar al respecto.
Copinh y otras organizaciones de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente de Honduras han presentado por escrito observaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país, según Cáceres.
