Tegucigalpa. A partir de septiembre, Honduras entrará a una etapa decisiva en el llamado fortalecimiento institucional, al instalarse la Junta Nominadora que elegirá a la próxima Corte Suprema de Justicia, en medio de un proceso paralelo como es el Diálogo Nacional que busca encontrar consensos en el país para identificar las reformas que coadyuven a fortalecer el Estado de Derecho y con ello dar mayor calidad a la democracia.
La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que tomará posesión en enero de 2016, no será entonces un requisito más dentro de la democracia, será, para los analistas, el parte de aguas que permitirá indicar hacia dónde caminará la justicia y que tan comprometidos están quienes elijan a los nuevos magistrados con el deseo generalizado de devolver la credibilidad a la justicia y en su forma de impartir y hacer cumplir la ley.Cuando la Junta Nominadora que seleccionará, de una amplia lista de nominados y autopropuestos a 45 seleccionados, de donde saldrán 15 elegidos por el Congreso Nacional, concluya su trabajo, los hondureños tomarán el pulso al rumbo que llevará la justicia y ello en cierta forma incidirá en el camino también que en paralelo lleve el Diálogo Nacional de la mano del facilitador de la OEA, John Biehl.
Trascienden primeras listas
De momento, han comenzado a trascender la lista de las primeras nominaciones, especialmente del Colegio de Abogados de Honduras, quien en una asamblea el sábado 22, escogerá a los 20 nominados que presentará formalmente a la Junta Nominadora.Los abogados seleccionarán a sus 20 nominados de una lista de un poco más de 50 togados, entre quienes resaltan abogados en el ejercicio privado, magistrados de Cortes de Apelaciones, fiscales y ex magistrados, entre otros. Igual empieza a trascender también por parte de las Universidades públicas y privadas del país que cuentan con su Facultad de Derecho.
La Junta Nominadora está conformada por siete instituciones siendo ellas: el Poder Judicial, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, El Colegio de Abogados, Un representante de las Organizaciones de Sociedad Civil, Un representante del Claustro de Profesores de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y Un representante de las Confederaciones de Trabajadores.Cada una de estas instituciones deberá proponer una lista de 20 nominados a la que se sumarán otros nominados autopropuestos, según lo establece la ley. De acuerdo a la ley, si el 1 de septiembre, las instituciones que conforman la Junta Nominadora no han acreditado ante el Congreso a su representante propietario y suplente, el Congreso les dará tres días para hacerlo y si al vencerse ese plazo, no lo han hecho, la organización nominadora perderá ese derecho, quedando así fuera del mismo.
En los sectores sociales que siguen la pista a la justicia, se han empezado a promover eventos para identificar cuáles deben ser los criterios de selección de los nominados, los filtros a usar para que el proceso no se politice partidariamente sino que sea algo transparente y acorde a las demandas ciudadanas y del país por mejorar la impartición de justicia.
Pero los expertos critican que en algunos eventos participen “especialistas” provenientes de países donde reine la impunidad y el manejo de la justicia está lejos der ser un ejemplo edificante para cualquier región del planeta.
Paralelamente se señala que algunas organizaciones no gubernamentales que dicen trabajar por una justicia digna e independiente tienen vínculos directos con sectores políticos que promueven la inestabilidad.
Una característica especial
La elección de la próxima Corte de Justicia tendrá esta vez una característica particular cuyo pulso se verá reflejado en el hemiciclo, donde por primera vez convergen fuerzas partidarias distintas a los partidos tradicionales. Se trata del Partido Anticorrupción (PAC) y el partido Libertad y Refundación (Libre). Los cabildeos políticos ya muestran intereses abiertamente de las distintas facciones.En el caso del PAC, éste emitió un comunicado en el cual señala que estará vigilante para que el proceso de elección del nuevo poder judicial sea transparente, al tiempo que se desmarca de lo que denominan “forma tradicional” de reparto de la Corte de Justicia con las llamadas “cuotas de poder”. Paradójicamente el PAC aceptó una cuota de poder en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El forcejeo en el Congreso se hará sentir a fines de año y los primeros días de enero de 2016, cuando arrecien los cabildeos por ungir a los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
En caso de que no exista un consenso entre los legisladores para nombrar a los nuevos integrantes del Poder Judicial, cabe la posibilidad de que los actuales magistrados de la Corte Suprema llenen el vacío de poder.
Escenarios en paralelo
Son escenarios posibles que transcurrirán en paralelo al diálogo nacional que se presume estará instalado y cronometrado en el cumplimiento de los acuerdos, donde la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia podría surgir en paralelo.
En paralelo también, una ciudadanía que se ha activado en el país con movilizaciones en las calles, otras con búsqueda de espacios mediáticos para abrir el debate sobre las reformas al sector justicia y a la próxima corte, serán también escenarios que se moverán conforme transcurran los acontecimientos.
La prueba final la tendrá la clase política representada en el hemiciclo, donde la conformación de fuerzas hoy hace más bulla que antes. Será ahí en donde se sabrá con la elección de la nueva corte si Honduras entrará a un parte de aguas.
