Tegucigalpa – Las navidades hondureñas se han visto sobresaltadas este diciembre por el fantasma de las maras, cuya presencia y mutación mantienen en zozobra a la población, especialmente a la mayoría que usa el transporte público, un servicio al que los pandilleros han decidido cobrarle en estas fechas, no solo la regular extorsión que pagan por operar bajo su protección, sino también aguinaldos y otro tipo de bonificaciones.
- – “El Terror”, un financiero, de la Mara Salvatrucha recaudaba diariamente 1,2 millones de Lempiras producto de la extorsión asegura la Policía.
- – La nueva Ley de Transporte no se termina de consensuar por la oposición de los dirigentes de transportistas en que el subsidio no llegue a los dueños, sino a los usuarios, según nuna fuente legislativa
El negocio de los extorsionadores, en gran parte en manos de pandillas, es tan próspero que al cierre de la última semana se capturó en San Pedro Sula a un jefe financiero de la mara Salvatrucha portando armas de alto poder y un juego de libros contables en los que detallaba el manejo de grandes cantidades de dinero.
Un portavoz de la Policía detalló que “El Terror”, como se le conoce en el mundo del hampa al detenido, manejaba diariamente un millón 200 mil lempiras (unos 53 mil dólares), fondos provenientes, según las hipótesis oficiales, de la extorsión.
Al par de esos hechos, en Tegucigalpa, la población empieza a abarrotar los mercados, centros comerciales y lugares de consumo de todo nivel, desde los que visitan las tiendas exclusivas hasta la masa poblacional que compra sus “estrenos” en los negocios de “ropa americana” usada.
La mayoría de la activa población usa el transporte público.
En ese sentido, Pedro Gómez, máximo dirigente hondureño del servicio de taxis, advirtió que los pandilleros llegan a los puntos de operación del transporte para exigir el pago extraordinario del mal llamado “impuesto de guerra”.
El ambiente, con menos burócratas, es similar en las grandes ciudades hondureñas, especialmente en San Pedro Sula, donde las pandillas amenazan con dejar una estela de muerte si los transportistas osan no acatar sus exigencias, tal y como ocurrió recientemente en la norteña ciudad de Choloma, donde ocho personas fueron asesinadas en la terminal de buses de la colonia Cerro Verde.
Entre el consumo y el temor
Por ello, los usuarios, motoristas, cobradores, despachadores y empresarios del transporte, se mantienen expectantes, aunque el ambiente bullicioso y de consumo logra desconectar de la rutina por lo menos a 120 mil empleados del sector público y a un millón 200 mil trabajadores del sector privado que al cierre del año nutren sus bolsillos con el pago de los aguinaldos.
En la economía informal, en su mayoría, las fechas permiten un mayor derrame económico que beneficia a por lo menos un millón 600 mil trabajadores.
Ellos también son parte de los potenciales rehenes de las bandas de extorsión.
Aún en los barrios periféricos, donde la pobreza y el desempleo tienen sus nidos, las fiestas de Navidad y Año Nuevo marcan espacios de esperanza. En muchos de esos sectores se recibe la asistencia oficial a través de programas sociales dirigidos a madres solas, ancianos, niños y otros grupos vulnerables.
Esa labor durante diciembre es fortalecida por organizaciones privadas diversas. Pero también en esas zonas, donde la mayoría de la población utiliza en servicio conocido como el de “los buses amarillos”, caracterizado por su bajo costo, la amenaza pende sobre quienes no cubren las tarifas exigidas por los jefes de las maras que operan sectorizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades hondureñas.
Cierran terminales
El dirigente del transporte Pedro Gómez ha dicho que más de 60 puntos de taxi han cerrado en las últimas semanas por no poder cumplir los pagos dobles que los criminales exigen en esta temporada.Gómez no descartó que lo mismo ocurra con otros puntos del transporte, ya que no pueden cumplir con la exigencia de las pandillas.
Casi al cierre de noviembre, en San Pedro Sula, una veintena de conductores del transporte público dejaron sus trabajos por miedo a perder sus vidas.
El presidente de la Asociación de Motoristas Profesionales de Honduras (Asomoproh), Ramón Velásquez, dijo entonces que el gremio exigía respuestas en los casos de muertes contra motoristas, ayudantes y dirigentes del rubro.
Para el analista hondureño Raúl Pineda Alvarado, las matanzas como la ocurrida en Choloma representan “una amenaza para toda la ciudadanía, todo el que esté trabajando o habitando en un área conflictiva, está expuesto a que estos criminales, privados del más elemental respeto a la vida y que prácticamente están matando “por deporte” como actividades delictivas que se acercan al terrorismo, porque su propósito fundamental es generar miedo para obligar a la sociedad a cumplir con sus propósitos”.
Las pandillas y otras mafias…
El ministro de Seguridad Julián Pacheco, dijo a Proceso Digital que la administración trabaja para hacer frente a las pandillas y señaló que la mayor parte de la extorsión proviene de esas organizaciones aunque no descartó las mafias incrustadas dentro del rubro de transporte y a lo interno de los cuerpos de seguridad, extremos que dijo se investigan.Recordó que las pandillas han mutado en el país y que más allá de la extorsión sus actividades están ligadas al narcotráfico. Señaló que esas organizaciones controlan el narcomenudeo en los barrios.
Para Pacheco debilidades en el sector transporte como la forma de cobrar por el servicio a través de un ayudante y no establecer un sistema tecnológico adecuado, es un foco que incita al delincuente a realizar sus fechorías.
El Congreso hondureño discute desde hace más de un año una Ley para regular el sector, pero la misma ha caminado tan lento o más que una tortuga.
Los disensos entre transportistas y congresistas parecen no considerar que mientras ese instrumento no sea puesto en práctica la vulnerabilidad de las vidas de usuarios y trabajadores será mayúscula.
Las negociaciones se encuentran empantanadas en el Congreso Nacional, ya que los dirigentes de los transportistas rechazan que se modifique el mecanismo de subsidio que realiza el Estado para evitar que las personas más humildes paguen más por el uso del servicio.
Los dirigentes del sector transporte quieren mantener el actual status quo que significa que el subsidio lo transfiera el gobierno hacia los dueños de las unidades, contrario a la propuesta que se hizo que el subsidio llegue directamente a los usuarios del transporte público, según fuentes legislativas al tanto de las negociaciones.
Aunque la Ley no será un remedio total, los entendidos consideran que contribuirá a menguar los daños.
El ministro Pacheco admite que la extorsión es un flagelo que requiere respuestas pero dice que modernizar el transporte es fundamental.
El propio presidente hondureño Juan Orlando Hernández, visitó la sede legislativa para exigir celeridad en las actuaciones del Congreso a fin de dar respuesta a la ciudadanía que en las últimas semanas fue estremecida por acciones cruentas.
Pero mientras los acuerdos o las medidas no lleguen, en las paradas de buses y en los puntos de taxis, la zozobra seguirá rondando a los trabajadores y usuarios del transporte público hondureño.
